Un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que es constitucional el cobro del IRPF a los jubilados. Con esta sentencia nos encontramos ante una novedosa situación. Quienes se presentaron ante la Corte con su antigua integración, lograron que se declarara que el cobro era inconstitucional, por lo tanto no se verán gravados en sus pasividades. Los demás, sí.... hasta que una eventual nueva integración y distinto criterio de algún Ministro, determine un resultado distinto. Ello es perfectamente lógico dentro de nuestro sistema constitucional. La carta magna determina que los fallos de la máxima autoridad judicial sólo se aplican a cada uno de los casos sobre los que se falla. De esta manera se da el sorprendente pero legal caso que comentamos.

Pero una cosa es la interpretación jurídica y otra, muy distinta, la interpretación política. A nuestro juicio ante estos fallos el gobierno debe de enviar un mensaje y proyecto de ley al parlamento derogando los artículos de la ley que establecen el impuesto de IRPF a las jubilaciones. De lo contrario se estaría violando la constitución en otros aspecto, muy importantes. El art 7 reconoce el derecho a la igualdad que se vería seriamente dañado de persistir la peculiar situación que comentamos.

Por lo tanto al gobierno no le queda más alternativa que actuar en el sentido que sugerimos , so pena de ver que miles de acciones , al amparo del art 7 que mencionamos, logren sentencias de sólido fundamento que establezcan la inconstitucionalidad del cobro del referido tributo.

Será justicia, tal cual se decía en los antiguos trámites procesales.

Peligros para la libertad
Estamos convencidos de que en el Uruguay de hoy se ha instalado una peligrosa visión colectivista.

Gustavo Penadés

Jean Francois Revel reflexionaba en "Cómo terminan las democracias", en 1983, acerca de las debilidades de la democracia.
Decía: "la democracia se inclina a desconocer, a negar incluso, las amenazas de que es objeto, por lo mucho que le repugna tomar las medidas idóneas para darles réplica. Sólo despierta cuando el peligro se vuelve mortal, inminente, evidente. Pero entonces, o ya no le queda tiempo para poder conjurarlo, o el precio que ha de pagar por sobrevivir le resulta abrumador".
Y seguía más adelante: "Mientras que el totalitarismo liquida todo enemigo interior o pulveriza todo principio de acción de su parte, gracias a medios simples e inefables por antidemocráticos, la democracia no puede defenderse más que con suavidad. El enemigo interior en la democracia juega con ventaja, porque explota el derecho al desacuerdo, inherente a la democracia misma. Con habilidad, bajo la oposición legítima, bajo la crítica, reconocida como prerrogativa de todo ciudadano, oculta el propósito de destruir la democracia misma, la búsqueda activa del poder absoluto, del monopolio de la fuerza".
No hay dudas de que existe una tensión básica entre la "libertad" y la "igualdad social absoluta", de la cual derivan instituciones y visiones diferentes de lo que entraña el "Estado de Derecho".
Quienes le dan valor central a la "libertad", anteponen al individuo, a cada persona humana individualmente considerada, frente al Estado. Los que pretenden lograr la "igualdad social absoluta", le dan preeminencia al Estado frente al interés individual.
De ahí que las sociedades que privilegian a la igualdad social absoluta, definen, habitualmente, al Estado de Derecho en función del cumplimiento de las reglas que emite el proceso político así concebido. En consecuencia, para ellos, existe Estado de Derecho siempre que el gobierno se apegue a las reglas que para ese propósito instituyen y defienden.
La formalidad de cumplir el proceso democrático simplificado en "elecciones", les transfieren el derecho de "escribir su derecho".
En cambio, cuando el principio fundamental que inspira es el ser humano, la protección de las libertades políticas y civiles individuales constituye el elemento esencial del Estado de Derecho. Éste existe siempre que no se violen los derechos del individuo, y su papel es garantizarlos.
Se preguntará el lector, ¿a qué vienen estas reflexiones propias y ajenas?
A que estamos convencidos que, en el Uruguay de hoy, se ha instalado, desde el Gobierno, un predominio de la visión colectivista que privilegia la igualdad social absoluta, en detrimento de los derechos de la persona humana individual y, por ende, de su Libertad; de LA LIBERTAD.
Son muchos -demasiados ya- los indicios que desde el gobierno frentista nos llegan acerca de lo que denunciamos como un peligro inminente. Alertas, nos proponemos denunciarlos en editoriales sucesivos y combatirlos en nuestra acción política desde nuestro Partido Nacional.
Estamos obligados a ello, como demócratas y libertarios. Trataremos, así, de ser dignos.