LOS MOTINES EN LAS CARCELES Y EL GRAN BONETE

Pablo Mieres

Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, existía un juego infantil llamado el “gran bonete” que consistía en transferirle la prenda a un tercero, evitando asumir la sanción propia. El “gran bonete” era “un anónimo” a quien todos los participantes trataban de endilgarle el costo de la prenda final.

La forma en que el Ministerio del Interior y los jerarcas encargados de las cárceles intentaron explicar lo ocurrido me hizo acordar a aquel juego infantil. Cada uno de los responsables políticos del asunto han intentado transferir su responsabilidad a terceros en forma irresponsable e inaceptable.

Solo la salida de último momento del Presidente de la República, asumiendo al menos la responsabilidad de no haber instrumentado la participación militar en el control del ingreso a las cárceles evitó que esta gravísima sucesión de episodios estuviera caracterizada por la ausencia total de responsabilidad de parte de quienes están políticamente encargados de este asunto.

En efecto, desde que estallaron los motines, a consecuencia de la inaudita situación de que un preso mató a un policía dentro de la cárcel, la única respuesta de las jerarquías del Ministerio del Interior ha sido la de transferir la culpa a terceros.

Es así que el Insp. Pereira Cuadras acusó primero a los “narcos” (seguramente implicados en los motines) y luego “al barrer” acusó a los dirigentes políticos de oposición de estar implicados en estos acontecimientos. Gravísima imputación que, transcurridos cinco días, lejos de probar, lo ha hundido en sus propias acusaciones.

El lunes pasado, finalmente, el Ministro del Interior brindó una conferencia de prensa y, sorprendentemente, optó por intentar responsabilizar de estos hechos a la decisión de una jueza y la supuesta demora del Comisionado Parlamentario, Dr. Alvaro Garcé.

Entonces, la responsabilidad de estos resultados desastrosos ha sido, sucesivamente, de los narcos, de los políticos de la oposición, de los jueces y del Comisionado Parlamentario. Muy fuerte y, sin duda, inaceptable.

Nadie puede discutir que la problemática de las cárceles es un viejo y creciente problema que se viene gestando e incrementando desde hace mucho tiempo. Nadie puede dejar de reconocer que desde hace mucho tiempo el Estado está en falta en su capacidad de dar una respuesta adecuada a la situación de las personas institucionalizadas, no solo en las cárceles, sino también en los hospitales psiquiátricos y en los establecimientos de reclusión de los menores infractores.

Pero tampoco se pueden obviar las responsabilidades concretas frente a los hechos específicos que acaban de ocurrir. Lo cierto es que las autoridades actuales no tuvieron la capacidad de hacerse obedecer y de responder con éxito ante una situación de desquicio creciente.

No hay que olvidar que la Presidenta de uno de los sindicatos policiales reconoció la semana pasada, como un hecho corriente, que los presos estén armados dentro de las cárceles, y no con “puntas” u otras armas construidas por ellos mismos, sino con armas de fuego que ingresan a los establecimientos carcelarios de manera impune. Como prueba de ello, recordemos que el año pasado un recluso mató a otro a tiros después de perseguirlo dentro del COMCAR saltando varias azoteas de distintos edificios de los módulos carcelarios y ante “la vista y paciencia” de la guardia policial.

Estamos muy mal. Un país que, por un lado, exhibe los resultados económicos y el crecimiento que Uruguay muestra desde hace ocho años, con recursos públicos crecientes; por otro lado presenta una rotunda y dramática incapacidad para resolver problemas endémicos referidos a “heridas profundas” de nuestra realidad social.

Es demasiado. No ha existido capacidad para reparar las escuelas y liceos a tiempo para el comienzo de las clases teniendo todos los recursos disponibles para ello; no se posee la capacidad de controlar a la población carcelaria que, como se ha reconocido públicamente, además de estar armada, controla y administra la comercialización de la “pasta base” desde adentro de las cárceles; tampoco ha tenido capacidad de controlar que dos enfermeros durante un tiempo, todavía imposible de determinar, hayan asesinado pacientes impunemente en instituciones de atención de la salud.

La sensación de desgobierno comienza a extenderse peligrosamente.

Estas paradojas deben ser asumidas con responsabilidad y seriedad. Lo peor que se puede hacer es jugar al “gran bonete”, transfiriéndole la responsabilidad y la culpa a terceros. Todos tenemos que aportar a la búsqueda de soluciones, pero los que tienen a su cargo la gestión política son los primeros que deben reconocer sus propias responsabilidades.