:: 17.02.09 :: AUNQUE DUELA
SEGURO OBLIGATORIO: NUEVO “IMPUESTO” PROGRESISTA A LOS POBRES
Alejo Umpiérrez

            Las compañías aseguradoras y el Estado están de fiesta. En breves días brindarán con un buena champaña y tienen buenos motivos. El Parlamento aprobó hace poco tiempo atrás la ley 18.412 creando un seguro obligatorio para los daños que sufran terceras personas por vehículos en accidentes de tránsito, la que se halla al borde de entrar en vigencia.
            En principio parece una solución loable y solidaria ya que crea un Fondo para cubrir indemnizaciones por personas lesionadas o fallecidas en siniestros. Pero vale la pena no ver la punta del iceberg sino lo que se oculta bajo la superficie.
            Todos los vehículos automotores se hallan obligados a contratar tal seguro que costará en el orden de $ 1200 a $ 2.500 por año. En tal seguro estarán gravadas las motos de 50 cc. en adelante. No se podrá circular sin tal seguro y si lo detiene un inspector municipal o la Caminera sin tal póliza, le retienen el vehículo.
            El parque de motos es impresionante en todo el Uruguay. Según datos del año 2006 del M.T.O.P. hay empadronadas 536.220 motos y ciclomotores en todo el país. Cualquier ciudadano tiene acceso a una 0 km. por unos pocos dólares y circulan muchísimas de antigüedad variada. Todas ellas pagan, si son de 50 cc, un entorno de $ 300 a $ 500 anuales por conceptos de patente e incluso en muchos departamentos se hallan exoneradas. Se trata de vehículos de personas de trabajo, humildes, que lo utilizan como su medio de transporte. Esas personas ahora deberán pagar en el entorno de U$S 100 al año de patente, el 25 % del valor que pagaron por la moto, lo que es un absurdo de desigualdad tributaria. O sea otro golpe tributario al bolsillo de los más humildes que se suma al IVA a frutas y verduras, al agua, a la luz, al IRPF, al IASS. Se prevé una recaudación del entorno de los U$S 70 a U$S 100 millones de dólares al año y de esa suma aproximadamente el 40 % provendrá de las motos y ciclomotores. Y de ello más del 50 % irá a las arcas del Estado. No parece justo.
            Este nuevo “impuesto” no lo pagarán los vehículos asegurados por motu propio o con coberturas totales, los de la gente de mayor poder económico. Esto si bien lógico en principio acentúa la inequidad: solo pagarán aquellos que hasta ahora no tenían seguros porque - muy posiblemente - no podían pagarlo; sin embargo quedan exentos de seguro obligatorios la gente de mayores posibilidades económicas, los que ya abonan otro seguro. La disyuntiva es clara: si tiene posibilidades económicas ud. circulará; de lo contrario verá como los demás circulan o en su defecto la menguada economía de los más débiles pagará los costos para poder ir a trabajar o pasear (que también es un derecho)
            Lo ilógico se vuelve aún más cuando consideramos que la mayor parte de los siniestros con muerte o lesiones de terceros, por encima del 85 %, se producen con vehículos asegurados, generalmente autos de escasa antigüedad. Los vehículos de los humildes, el “cachilo” de los años 70 y 80 – o aún anteriores – no son los protagonistas de los accidentes que se pretenden dar cobertura, pero son ellos los que pagarán los platos rotos al ser la mayor parte del parque automotor. Menos protagonistas son las motos o ciclomotores, si bien participan de accidentes en importante cantidad ni por asomo arrojan el saldo de lesionados o muertos que provocan los siniestros de otros rodados.
            Más se acentúa el absurdo cuando no se discrimina capital e interior en el pago del seguro. La siniestralidad es muchos más alta en Montevideo y en rutas nacionales que en las ciudades del interior de nuestro país. Para aquellos que vivimos en el interior podemos contar con los dedos de una mano los accidentes de automotores con lesionados o muertos en los últimos años. Más aún si vamos de las capitales departamentales a los pueblos y ciudades del interior de cada departamento.
            La idea del seguro obligatoria es buena; mala su instrumentación. La capacidad contributiva para el Fondo a crearse para las víctimas está en otro lado, no en los propietarios de motocicletas. Otra vez más, como es costumbre de este gobierno, bajo el pretendido manto de la solidaridad, pagan los más humildes. A la yugular como siempre.
 Pero seamos al menos optimistas: se salvaron las bicicletas.

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