| :: CUCHILLO DE PALO :: |  |
| El Tratado de Roma en la construcción de Europa | |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Sólo queda vivo, de los signatarios, Maurice Faure, que entonces era secretario de Estado para Asuntos Extranjeros de Francia. Firmó después de su ministro de la misma cartera, Christian Pineau. Eran el rey de los belgas, el presidente de la República Federal de Alemania, el presidente de la República Francesa, el presidente de la República Italiana, la gran duquesa de Luxemburgo y la reina de los Países Bajos, que se reunían en Roma para firmar el tratado que instituía la Comunidad Económica Europea (CEE), el 25 de marzo de 1957.
Medio siglo no es nada cuando se sabe levantar la vista y mirar al futuro en el largo plazo, con visión histórica. Entre aquellos políticos que “pensaron” Europa y que también estamparon su firma en el Tratado de Roma se encuentran nombres como el del belga Paul-Henri Spaak (padre de la “ravissante” Catherine Spaak), los alemanes Konrad Adenauer y Walter Hallstein, y el holandés Joseph Luns.
Sin perjuicio, hay que agregar en la cuenta a los “padres” de la idea, los franceses Jean Monnet y Robert Schuman, y el italiano Alcide De Gasperi, que estuvieron, junto a Adenauer, en la hora primera de la decisión estratégica más importante del siglo XX en Europa: la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA), verdadero embrión de lo que es hoy la Unión Europea. Medio siglo de paz y una Europa totalmente unida —en libertad y democracia, y con desarrollo económico, científico y tecnológico— desde el Atlántico hasta los lindes de Rusia y el Oriente, y desde las frías aguas del Norte hasta el Mediterráneo. Menuda visión la de aquellos estadistas que supieron desprenderse de mezquindades nacionalistas, y menudo el resultado, visto en perspectiva histórica.
El Tratado de Roma no fue —al contrario del Tratado de Asunción que en 1991 creó el Mercosur— un pequeño acuerdo marco de 24 artículos y tres anexos, extrañamente negociado entre dos cancillerías para servir a sus intereses particulares. El Tratado de Roma, con ser primordialmente económico y comercial, fue un verdadero y completo tratado de integración que garantizó los intereses y los objetivos comunes del proyecto. Fue resultado de una conferencia intergubernamental donde se negoció multilateralmente hasta concluir en ese texto histórico que tuvo un cuerpo principal de 248 artículos y una serie de anexos, protocolos específicos y declaraciones particulares, que en conjunto formaron, en sus primeras ediciones, un libro de 345 páginas.
Ese fue, junto a la CECA y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), creada por tratado separado en la misma fecha que la CEE, la primera gran realización de la construcción europea, que luego seguiría un largo y gradual pero sostenido proceso de profundización, fusión institucional y ampliación, hasta alcanzar el actual estadio de integración económica, social y política.
Todo comenzó, sin embargo, con una sorpresiva conferencia de prensa ofrecida en París el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schuman, con Jean Monnet a su lado y con el apoyo de Konrad Adenauer desde Bonn, entregó una breve declaración en la que se sentaron las bases de la creación de la CECA. Conocida como Declaración Schuman, tal vez haya sido ese acto el momento más trascendental de la política europea en el siglo XX. Es mejor leerla directamente, a continuación.
La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.
La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se construyó y hubo la guerra.
Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania.
Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero decisivo:
“El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de Europa.”
La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han sido las primeras víctimas.
La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible. La creación de esa potente unidad de producción, abierta a todos los países que deseen participar en ella, proporcionará a todos los países a los que agrupe los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los cimientos reales de su unificación económica.
Dicha producción se ofrecerá a todo el mundo sin distinción ni exclusión, para contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Europa podrá, con mayores medios, proseguir la realización de una de sus tareas esenciales: el desarrollo del continente africano.
De este modo se llevará a cabo la fusión de intereses indispensables para la creación de una comunidad económica y se introducirá el fermento de una comunidad más amplia y más profunda entre países que durante tanto tiempo se han enfrentado en divisiones sangrientas.
Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la creación de una Alta Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones obligarán a Francia, Alemania y los países que se adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una federación europea indispensable para la preservación de la paz.
Para proseguir la realización de tales objetivos, el Gobierno francés está dispuesto a iniciar negociaciones según las siguientes bases:
La misión encomendada a la Alta Autoridad común consistirá en garantizar, en el plazo más breve posible, la modernización de la producción y la mejora de su calidad; el suministro, en condiciones idénticas, del carbón y del acero en el mercado francés y en el mercado alemán, así como en los de los países adherentes; el desarrollo de la exportación común hacia los demás países; la equiparación y mejora de las condiciones de vida de los trabajadores de esas industrias.
Para alcanzar estos objetivos a partir de las dispares condiciones en que se encuentran actualmente las producciones de los países adherentes, deberán aplicarse con carácter transitorio determinadas disposiciones que establezcan la aplicación de un plan de producción y de inversiones, la creación de mecanismos de estabilidad de los precios y la creación de un fondo de reconversión que facilite la racionalización de la producción. La circulación del carbón y del acero entre los países adherentes quedará liberada inmediatamente de cualquier derecho de aduanas y no podrá verse afectada por tarifas de transporte diferenciales. Progresivamente se irán estableciendo las condiciones que garanticen espontáneamente una distribución más racional de la producción y el nivel de productividad más elevado.
La organización proyectada, al contrario que un cártel internacional tendente a la distribución y a la explotación de los mercados mediante prácticas restrictivas y el mantenimiento de grandes beneficios, garantizará la fusión de los mercados y la expansión de la producción.
Los principios y compromisos esenciales anteriormente expuestos serán objeto de un tratado firmado entre los Estados. Las negociaciones indispensables para precisar las normas de aplicación se llevarán a cabo con ayuda de un árbitro designado de común acuerdo, cuya misión consistirá en velar por que los acuerdos se ajusten a los principios y, en caso de desacuerdo insalvable, decidirá la solución que deba adoptarse. La Alta Autoridad común, encargada del funcionamiento de todo el sistema, estará compuesta por personalidades independientes designadas sobre bases paritarias por los Gobiernos, quienes elegirán de común acuerdo un presidente. Las decisiones de la Alta Autoridad serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás países adherentes. Se adoptarán las disposiciones adecuadas para garantizar las vías de recurso necesarias contra las decisiones de la Alta Autoridad.
Un representante de las Naciones Unidas ante dicha autoridad se encargará de hacer, dos veces al año, un informe público a la ONU sobre el funcionamiento del nuevo organismo, en particular por lo que se refiere a la salvaguardia de sus fines pacíficos.
La creación
de la Alta Autoridad no prejuzga en absoluto el régimen de propiedad
de las empresas. En el ejercicio de su misión, la Alta Autoridad
común tendrá en cuenta las facultades otorgadas a la autoridad
internacional del Ruhr y las obligaciones de todo tipo impuestas a Alemania,
mientras éstas subsistan.
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