| :: CUCHILLO DE PALO :: 14.04.07 |  |
| Desafuero y decoro parlamentario | |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
El pedido judicial de desafuero contra un senador del Partido Colorado y un diputado del Partido Nacional vuelve a plantear una delicada cuestión dentro del sistema institucional, que alcanza no solamente a la relación entre dos poderes del Estado —siempre de primerísima importancia—, sino también aspectos jurídicos opinables de la materia penal. No obstante, y por sobre todas las cosas, la cuestión de fueros presenta invariablemente matices políticos, y exige, en el plano personal del legislador ante sus pares, la mayor lealtad y una ética acendrada.
En la disyuntiva de levantar o mantener los fueros que protegen a un parlamentario de una eventual arbitrariedad o un propósito persecutorio por parte de cualquiera de los otros poderes del Estado —que es aquí donde radica la justificación de este privilegio, para salvaguardar la soberanía de la representación popular y no para beneficio del representante—, la Cámara a la que pertenece el interesado no debe considerar los defectos que pueda padecer la ley penal vigente, en la cual se ha basado el juez competente para acusar a determinado legislador y solicitar su desafuero para someterlo a juicio.
La ley debe ser cumplida, y sus ambigüedades o imperfecciones tendrán otras instancias legislativas para ser corregidas, pero ellas no pueden convertirse en pretexto para que un acto político de una Cámara frene la acción de la Justicia.
En esto existen conductas alternativas, que están a disposición del parlamentario afectado y de sus pares. En primer lugar, nada hay que impida a un legislador presentarse voluntariamente ante el juez de la causa y manifestar su disposición a ser interrogado. También puede solicitar a su Cámara una breve licencia, con levantamiento de fueros, para someterse a la Justicia. A falta de estas actitudes individuales, la Cámara tendrá que resolver sobre el pedido del juez, y en principio la norma a seguir debería ser el levantamiento de los fueros, lo cual no prejuzga en absoluto sobre el fondo de la acusación.
Lo que un legislador requerido de desafuero no puede hacer, por así disponerlo las normas consuetudinarias del decoro parlamentario, es colocar a su Cámara en situación de rehén de sus fueros. Tampoco puede, jamás, faltar a la verdad ante sus pares. Antecedentes tristes hay, en la historia del Parlamento uruguayo, en esta materia.
Un caso célebre, aunque risueño en su época por lo folclórico, fue el del diputado nacionalista señor Bari González (Canelones), que al ser repetidamente reelecto se salvó durante largos años de los varios procesamientos que pudieran haber caído sobre él si no se refugiara en los fueros parlamentarios.
Otro caso menos festejable fue, en las antesalas de la dictadura, el del diputado señor Ferrer (Unión Popular), a quien la Justicia requería por el delito de sedición, y por su presunta pertenencia al MLN Tupamaros. En una tensa sesión de la Cámara de Representantes, con el interesado sentado en su banca, quedó demostrado que el diputado le había mentido a sus pares. Ante la inminencia del voto de desafuero, el señor Ferrer salió de sala y pasó a la clandestinidad. El diputado Hugo Batalla, que le había defendido pero que en materia de decoro parlamentario era campeón, tuvo que reconocer ante la Cámara que él también había sido engañado.
En los casos que actualmente tensan las relaciones entre poderes e incluso desconciertan a las bancadas parlamentarias, los legisladores involucrados debieran poner por delante la lealtad a sus colegas y la ética en su proceder. En todo caso, solicitar a sus Cámaras que les allanen el camino hacia la Justicia, para después regresar, reivindicados, al ejercicio de sus mandatos. Y si así no procedieran, las Cámaras respectivas no tendrán otra opción que acceder al pedido del poder jurisdiccional.
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