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:: CUCHILLO DE PALO :: 14.04.07 |
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Desafuero y decoro parlamentario |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
El pedido judicial de desafuero
contra un senador del Partido Colorado y un diputado del Partido Nacional
vuelve a plantear una delicada cuestión dentro del sistema institucional,
que alcanza no solamente a la relación entre dos poderes del Estado
—siempre de primerísima importancia—, sino también
aspectos jurídicos opinables de la materia penal. No obstante,
y por sobre todas las cosas, la cuestión de fueros presenta invariablemente
matices políticos, y exige, en el plano personal del legislador
ante sus pares, la mayor lealtad y una ética acendrada.
En la disyuntiva de levantar
o mantener los fueros que protegen a un parlamentario de una eventual
arbitrariedad o un propósito persecutorio por parte de cualquiera
de los otros poderes del Estado —que es aquí donde radica
la justificación de este privilegio, para salvaguardar la soberanía
de la representación popular y no para beneficio del representante—,
la Cámara a la que pertenece el interesado no debe considerar los
defectos que pueda padecer la ley penal vigente, en la cual se ha basado
el juez competente para acusar a determinado legislador y solicitar su
desafuero para someterlo a juicio.
La ley debe ser cumplida,
y sus ambigüedades o imperfecciones tendrán otras instancias
legislativas para ser corregidas, pero ellas no pueden convertirse en
pretexto para que un acto político de una Cámara frene la
acción de la Justicia.
En esto existen conductas
alternativas, que están a disposición del parlamentario
afectado y de sus pares. En primer lugar, nada hay que impida a un legislador
presentarse voluntariamente ante el juez de la causa y manifestar su disposición
a ser interrogado. También puede solicitar a su Cámara una
breve licencia, con levantamiento de fueros, para someterse a la Justicia.
A falta de estas actitudes individuales, la Cámara tendrá
que resolver sobre el pedido del juez, y en principio la norma a seguir
debería ser el levantamiento de los fueros, lo cual no prejuzga
en absoluto sobre el fondo de la acusación.
Lo que un legislador requerido
de desafuero no puede hacer, por así disponerlo las normas consuetudinarias
del decoro parlamentario, es colocar a su Cámara en situación
de rehén de sus fueros. Tampoco puede, jamás, faltar a la
verdad ante sus pares. Antecedentes tristes hay, en la historia del Parlamento
uruguayo, en esta materia.
Un caso célebre, aunque
risueño en su época por lo folclórico, fue el del
diputado nacionalista señor Bari González (Canelones), que
al ser repetidamente reelecto se salvó durante largos años
de los varios procesamientos que pudieran haber caído sobre él
si no se refugiara en los fueros parlamentarios.
Otro caso menos festejable
fue, en las antesalas de la dictadura, el del diputado señor Ferrer
(Unión Popular), a quien la Justicia requería por el delito
de sedición, y por su presunta pertenencia al MLN Tupamaros. En
una tensa sesión de la Cámara de Representantes, con el
interesado sentado en su banca, quedó demostrado que el diputado
le había mentido a sus pares. Ante la inminencia del voto de desafuero,
el señor Ferrer salió de sala y pasó a la clandestinidad.
El diputado Hugo Batalla, que le había defendido pero que en materia
de decoro parlamentario era campeón, tuvo que reconocer ante la
Cámara que él también había sido engañado.
En los casos que actualmente
tensan las relaciones entre poderes e incluso desconciertan a las bancadas
parlamentarias, los legisladores involucrados debieran poner por delante
la lealtad a sus colegas y la ética en su proceder. En todo caso,
solicitar a sus Cámaras que les allanen el camino hacia la Justicia,
para después regresar, reivindicados, al ejercicio de sus mandatos.
Y si así no procedieran, las Cámaras respectivas no tendrán
otra opción que acceder al pedido del poder jurisdiccional.
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