:: CUCHILLO DE PALO :: 19.05.07
Elecciones en España: La política “encanallada”
Aureliano Rodríguez Larreta

En 13 de las 17 comunidades autónomas que componen el Estado español junto al gobierno central, y en más de 8.000 ayuntamientos, se realizarán el próximo 27 de mayo elecciones autonómicas y municipales. La campaña electoral soltó amarras hace poco más de una semana y no tardó en convertir a las competencias regionales y locales en salas de ensayo para los políticos de alcance nacional y en alimento casi exclusivo para los medios masivos de comunicación.

La cuestión política que más agita las aguas en España continúa centrada, como hace ya décadas, en la posible o imposible participación electoral de fuerzas vinculadas con la organización separatista vasca ETA.

Durante las semanas previas a la campaña electoral dominó la discusión pública el tratamiento que el Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (a través del Ministerio Público), la Justicia ordinaria y finalmente el Tribunal Constitucional, dispensaron a las listas electorales presentadas bajo el epígrafe Acción Nacionalista Vasca (ANV), donde presuntamente se cobijaron antiguos militantes de Batasuna, organización prohibida bajo la Ley de Partidos Políticos en razón de sus vínculos con ETA.

Tras un durísimo debate político -en el que la oposición del Partido Popular (PP) encabezada por el diputado Mariano Rajoy acusó de forma inclemente al presidente del Gobierno de autorizar conversaciones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Batasuna, mientras el señor Rodríguez Zapatero reiteraba que sin una renuncia expresa a la violencia no habría ninguna negociación con ETA-, la participación electoral de ANV quedó zanjada por el Tribunal Constitucional ratificándose el criterio del Ministerio Público: de las 300 listas presentadas, 150 fueron autorizadas y otras tantas fueron anuladas por estar “contaminadas” de ciudadanos vinculados a la organización terrorista.

“Se ha cumplido la ley en sus justos términos”, repite una y otra vez el líder socialista. Por la derecha le ataca la irritada campaña del PP, y por la izquierda “abertzale” (radicalismo vasco) le acusan en las ciudades vascas los militantes de ANV, que convocan a manifestaciones en los ayuntamientos donde sus listas no han sido autorizadas.

No obstante la permanencia de la cuestión vasca, cuya solución nadie podría aún prever, esta campaña electoral se ha escorado rápidamente hacia el campo de los escándalos político-financieros que actualmente agitan a España, cuya economía y cuya sociedad atraviesan todavía un brillante pero éticamente mal asimilado proceso de maduración capitalista.

Un periódico madrileño tituló estos días con acierto: “Entra en la campaña la corrupción urbanística”. El PSOE acaba de aprobar en el Congreso una “ley del suelo”, que procura poner orden en algunos aspectos del mercado inmobiliario, pero que no ha logrado satisfacer a los más radicales críticos de la situación. La ciudad de Marbella (Málaga) continúa siendo el máximo exponente de este tipo de escándalos, y en esta campaña electoral se han extendido hasta la propia capital de España los alcances del último de ellos, el llamado Operación Malaya.

En un debate televisado por la elección a la Alcaldía de Madrid, el candidato socialista Miguel Sebastián encendió la pólvora. Preguntó de forma insinuante e insidiosa al actual alcalde y nuevamente candidato, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), sobre una supuesta vinculación de éste con una abogada que está en situación de indagada como presunta testaferro del mayor responsable de la Operación Malaya.

Tras una digna y contundente respuesta del señor Gallardón –que fue por dos períodos presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid (esta región ha crecido siempre más que la media de España) y va por su segundo mandato como alcalde de la ciudad capital de España, acreditando por sus administraciones y gestiones políticas, tanto como por sus condiciones personales, una creciente aceptación y el respeto general-, todos los medios periodísticos y los analistas independientes de la política han censurado sin excepción la actitud del candidato opositor, al que tampoco su mentor, el señor Rodríguez Zapatero, ha salido a defender.

Los programas de todos los partidos para estas elecciones insisten en los conceptos de “honradez”, “transparencia”, “contra la corrupción”, y afines. El arrollador desarrollo urbanístico es hoy el fenómeno que convoca a los mayores líderes nacionales alrededor de la competencia por los gobiernos regionales y locales en esta España que anuncia un crecimiento económico anualizado cercano al 4%. Pese a lo cual, la oposición del PP ha pretendido censurar en el Congreso al ministro Pedro Solbes, el único al que hasta ahora no había tenido más remedio que respetar.

El clima de anormalidad y corrupción en los negocios urbanísticos ha arrojado sobre la campaña electoral un espíritu falto de ética que preocupa a los analistas más lúcidos. Uno de ellos ha dicho que la política española no está encallada, sino “encanallada”.

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