| :: CUCHILLO DE PALO :: 07.07.07 |  |
| Ser o No Ser URUGUAY ANTE LA CRISIS CONSTITUCIONAL DEL MERCOSUR | |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Uruguay asumió nuevamente la presidencia pro témpore del Mercosur la semana pasada. La reunión cumbre de Asunción cerró el semestre de presidencia paraguaya con un tono general de reconocimiento al descontento de los países menores y la aprobación de algunos programas dirigidos a corregir asimetrías y hacer más equitativa la distribución de los beneficios del comercio recíproco, pero aún sin atacar la fuente de las deficiencias del sistema, que sigue siendo institucional. En la misma línea se ubicó la enumeración de propósitos que formuló el presidente uruguayo Tabaré Vázquez para este semestre, correcta en sus enunciados de gestión pero carente una vez más de algo capaz de sacar al bloque de su honda y ya muy larga crisis.
El ministro de Economía
y Finanzas, Danilo Astori —con creciente actuación como integrante
del Consejo del Mercado Común y de la Reunión de Ministros
de Economía y Presidentes de Bancos Centrales—, ha señalado
la importancia que a su juicio tienen dos hechos verdaderamente nuevos
en el Mercosur, ambos ocurridos en la última reunión cumbre.
Uno es la aprobación de un programa presentado por Uruguay para
eliminar gradualmente y de acuerdo a un cronograma, las numerosas restricciones
no arancelarias al comercio que aún subsisten en el mercado subregional.
De esto viene hablándose en el Mercosur desde hace más de
10 años, sin que nunca se haya podido reunir la necesaria voluntad
política para subsanar un incumplimiento tan grueso del proyecto
de liberación comercial establecido en el Tratado de Asunción
(1991) y otros compromisos derivados de su desarrollo.
Esta decisión debe ser destacada, por lo tanto, en todo su valor. Otra cosa será su efectiva aplicación por los países miembros, ante la ausencia de instituciones comunes capaces de vigilar y hacer cumplir las normas aprobadas y eventualmente sancionar a las autoridades nacionales que incurran en omisión o violación.
La segunda novedad que destacó el ministro Astori tiene que ver con el rechazo, por parte de Brasil, de una propuesta uruguaya que obligaba a los gobiernos a evitar y suprimir las políticas no armonizadas de incentivos a la inversión y al comercio, y las medidas comerciales discriminatorias —ya sean éstas de nivel provincial, estadual o local—, que entorpecen la libre circulación de bienes y servicios y desnaturalizan las condiciones de libre competencia en el mercado común. Algo que ocurre, como es sabido, no sólo en Brasil sino también en algunas provincias de la República Argentina.
Este rechazo de Brasil vino acompañado, según relató el ministro uruguayo, del reconocimiento —por primera vez desde que esta cuestión es discutida en el Mercosur— de que Brasilia no puede hacer nada para garantizar que tales políticas y medidas proteccionistas o discriminatorias no ocurran en los niveles inferiores del sistema federal brasileño.
En anteriores oportunidades —y según recordó el señor Astori, en el año 2003—, los representantes brasileños habían comprometido en decisiones del Mercosur, la actuación del gobierno federal para remediar esas situaciones. Y naturalmente, como en tantas otras materias, nada se había hecho.
La cuestión que con esto queda planteada es de la mayor trascendencia jurídica e institucional para el Mercosur. Implica el reconocimiento público de las dificultades constitucionales que el sistema de integración no ha sabido ni querido enfrentar desde su creación.
Dos de los cuatro países fundadores (Argentina y Paraguay) adaptaron sus constituciones a la admisión de instituciones supranacionales y del derecho comunitario. Los otros dos (Brasil y Uruguay), no han adoptado todavía las fórmulas modélicas de los primeros, lo cual supone una disparidad sustancial en la forma de aceptar, cumplir y hacer respetar interiormente las normas del Mercosur.
A partir de la cumbre de Asunción, ha quedado sobre la mesa otro aspecto de esta misma cuestión: la dificultad que plantea la existencia de dos países con sistema constitucional unitario, junto a otros dos que constituyen Estados federales. Los primeros pueden asegurar a su interior el cumplimiento de los tratados y de las normas que sus gobiernos aprueban en los órganos decisorios del sistema de integración, mientras que los segundos se ven en cualquier momento desobedecidos por una autoridad regional o local.
El Mercosur no saldrá de su marasmo político si no enfrenta con urgencia y lealtad esta cuestión, por encima de cualquier otro paliativo a sus asimetrías e incumplimientos. Un salto institucional, aceptando los países miembros que el único camino para una mayor y mejor integración será —mediante las modificaciones constitucionales que sean necesarias— la creación de un sistema completo de instituciones comunitarias, debería ser ahora la tarea prioritaria de los gobiernos y los parlamentos.
La presidencia pro témpore
uruguaya que acaba de iniciarse no parece haber visto aún la emergencia
y la trascendencia de este aspecto fundamental de la crisis del Mercosur.
Sin faltar al “afectio societatis” que le obliga como miembro
de este club, Uruguay está obligado a sacudir las paredes del endeble
edificio con un planteamiento que pueda considerarse como “de vida
o muerte” ante sus socios. Vital para cada uno de ellos, pero sobre
todo para el proyecto común.
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