:: CUCHILLO DE PALO :: 01.09.07
Rubio no puede proponer un atentado a la razón
Aureliano Rodríguez Larreta

Al tiempo que en la Cámara de Representantes se tuvo la certeza de que no se reunirían los dos tercios necesarios para aprobar el proyecto de ley que habilitaría el voto por correo de los ciudadanos residentes en el extranjero, volvió a aparecer la propuesta del oficialismo para enmendar la Constitución en un conjunto de preceptos electorales cuya modificación gravitaría fuertemente en las elecciones nacionales de 2009. Esta vez fue Enrique Rubio (Vertiente Artiguista – FA), director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien tomó la iniciativa. Sin perjuicio de su análisis, el hecho desconcierta y produce perplejidad.

Hace sólo unos días, el señor Rubio recibía de los partidos de la oposición las respuestas y contrapropuestas a su borrador de anteproyecto de ley de descentralización municipal, que enfoca esta materia sin salirse de los márgenes constitucionales en cuanto a la creación de municipios dentro de los territorios departamentales. Nada fue sugerido, en esa instancia, sobre la posibilidad de abrir un proceso de reforma de la Constitución, lo cual hubiera permitido a los partidos una mayor ambición reformista en un tema que encuentra, en el texto constitucional, sensibles limitaciones para el legislador.

Sorprende que Enrique Rubio se dirija ahora al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto (ministro de Educación y Cultura), solicitándole que vuelva a poner en discusión en el partido de gobierno aquel paquete de enmiendas electorales que fue ventilado informalmente el año pasado, cuando varios políticos oficialistas sugirieron reformar la Constitución para permitir la reelección inmediata del presidente de la República. Y desconcierta, porque los cambios que se busca introducir en el sistema electoral, como se verá, tendrían mucho que ver con la autonomía política departamental y municipal, y en consecuencia también con la ley de descentralización que hasta hoy ha sido objeto de estudio.

Descartada la reelección desde el 4 de junio, cuando el presidente Tabaré Vázquez desechó esa posibilidad, el objeto de las reformas que el señor Rubio propone es prácticamente el mismo que anteriormente se había difundido. Lo que ha cambiado es el procedimiento elegido para la reforma, y eso le confiere a esta iniciativa un rasgo más preocupante que su contenido.

En una implícita aceptación anticipada de que el Frente Amplio no conseguirá un acuerdo parlamentario suficiente para alcanzar la mayoría cualificada que requiere una ley constitucional, se opta por la presentación de un proyecto con la firma de dos quintos del total de componentes de ambas Cámaras, que deberá ser sometido a plebiscito junto con la primera elección, es decir, la elección nacional de octubre de 2009.

Esto es lo que debe causar legítima alarma, aun antes que discutir los temas concretos que serían objeto de la reforma. Porque no se trata, por ejemplo, de someter a plebiscito constitucional una materia relativa a derechos humanos, a educación o a ética biológica, totalmente ajena al acto electoral. Muy suscintamente expresada, la propuesta incluye suprimir el balotaje, volver a juntar la elección departamental con la nacional admitiendo el voto cruzado, crear el plebiscito consultivo, extender el derecho de voto a los residentes en el extranjero y modificar el sistema de nombramiento de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, entre otros temas.

Cada uno de los aspectos concretos de la proposición de Enrique Rubio podrán ser objeto de análisis y crítica, y sin duda lo serán, en su momento oportuno. Lo que ahora interesa señalar sin demora es su directa vinculación con el acto de votar, cada ciudadano, el último domingo de octubre de 2009. La mayor parte de las reformas propuestas afectan directamente a la elección de ese día y a la campaña electoral que la deberá preceder.

Si se mira únicamente a la supresión del balotaje para la elección del presidente de la República, también los partidos tendrían que hacer la pirueta de presentar candidaturas y hacer propaganda para dos regímenes distintos, el actual de mayoría absoluta y a dos vueltas, y el propuesto de mayoría simple y sin segunda vuelta. La sola presencia o ausencia de este régimen afecta a todo el período electoral, desde las elecciones internas (primarias) de los partidos, en el mes de junio, la presentación de los pre-candidatos y las campañas respectivas.

Como se verá, se plantea un atentado a la razón similar al que planteó el pachequismo en 1971, una desgracia nacional que más vale no recordar.

Cualquier reforma constitucional puede y debe ser considerada y discutida, en bien de la República y de la democracia. Lo que no se puede considerar, desde una óptica racional, es que una vez más, se plantee una enmienda electoral empapada del interés particular e inmediato de uno o más partidos. De eso ya tiene el país una larga y triste experiencia.

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