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:: CUCHILLO DE PALO :: 01.09.07 |
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Rubio no puede proponer un atentado a la razón |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Al tiempo que en la Cámara
de Representantes se tuvo la certeza de que no se reunirían los
dos tercios necesarios para aprobar el proyecto de ley que habilitaría
el voto por correo de los ciudadanos residentes en el extranjero, volvió
a aparecer la propuesta del oficialismo para enmendar la Constitución
en un conjunto de preceptos electorales cuya modificación gravitaría
fuertemente en las elecciones nacionales de 2009. Esta vez fue Enrique
Rubio (Vertiente Artiguista – FA), director de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP), quien tomó la iniciativa. Sin perjuicio de
su análisis, el hecho desconcierta y produce perplejidad.
Hace sólo unos días,
el señor Rubio recibía de los partidos de la oposición
las respuestas y contrapropuestas a su borrador de anteproyecto de ley
de descentralización municipal, que enfoca esta materia sin salirse
de los márgenes constitucionales en cuanto a la creación
de municipios dentro de los territorios departamentales. Nada fue sugerido,
en esa instancia, sobre la posibilidad de abrir un proceso de reforma
de la Constitución, lo cual hubiera permitido a los partidos una
mayor ambición reformista en un tema que encuentra, en el texto
constitucional, sensibles limitaciones para el legislador.
Sorprende que Enrique Rubio
se dirija ahora al presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto (ministro
de Educación y Cultura), solicitándole que vuelva a poner
en discusión en el partido de gobierno aquel paquete de enmiendas
electorales que fue ventilado informalmente el año pasado, cuando
varios políticos oficialistas sugirieron reformar la Constitución
para permitir la reelección inmediata del presidente de la República.
Y desconcierta, porque los cambios que se busca introducir en el sistema
electoral, como se verá, tendrían mucho que ver con la autonomía
política departamental y municipal, y en consecuencia también
con la ley de descentralización que hasta hoy ha sido objeto de
estudio.
Descartada la reelección
desde el 4 de junio, cuando el presidente Tabaré Vázquez
desechó esa posibilidad, el objeto de las reformas que el señor
Rubio propone es prácticamente el mismo que anteriormente se había
difundido. Lo que ha cambiado es el procedimiento elegido para la reforma,
y eso le confiere a esta iniciativa un rasgo más preocupante que
su contenido.
En una implícita aceptación
anticipada de que el Frente Amplio no conseguirá un acuerdo parlamentario
suficiente para alcanzar la mayoría cualificada que requiere una
ley constitucional, se opta por la presentación de un proyecto
con la firma de dos quintos del total de componentes de ambas Cámaras,
que deberá ser sometido a plebiscito junto con la primera elección,
es decir, la elección nacional de octubre de 2009.
Esto es lo que debe causar
legítima alarma, aun antes que discutir los temas concretos que
serían objeto de la reforma. Porque no se trata, por ejemplo, de
someter a plebiscito constitucional una materia relativa a derechos humanos,
a educación o a ética biológica, totalmente ajena
al acto electoral. Muy suscintamente expresada, la propuesta incluye suprimir
el balotaje, volver a juntar la elección departamental con la nacional
admitiendo el voto cruzado, crear el plebiscito consultivo, extender el
derecho de voto a los residentes en el extranjero y modificar el sistema
de nombramiento de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, entre
otros temas.
Cada uno de los aspectos concretos
de la proposición de Enrique Rubio podrán ser objeto de
análisis y crítica, y sin duda lo serán, en su momento
oportuno. Lo que ahora interesa señalar sin demora es su directa
vinculación con el acto de votar, cada ciudadano, el último
domingo de octubre de 2009. La mayor parte de las reformas propuestas
afectan directamente a la elección de ese día y a la campaña
electoral que la deberá preceder.
Si se mira únicamente
a la supresión del balotaje para la elección del presidente
de la República, también los partidos tendrían que
hacer la pirueta de presentar candidaturas y hacer propaganda para dos
regímenes distintos, el actual de mayoría absoluta y a dos
vueltas, y el propuesto de mayoría simple y sin segunda vuelta.
La sola presencia o ausencia de este régimen afecta a todo el período
electoral, desde las elecciones internas (primarias) de los partidos,
en el mes de junio, la presentación de los pre-candidatos y las
campañas respectivas.
Como se verá, se plantea
un atentado a la razón similar al que planteó el pachequismo
en 1971, una desgracia nacional que más vale no recordar.
Cualquier reforma constitucional
puede y debe ser considerada y discutida, en bien de la República
y de la democracia. Lo que no se puede considerar, desde una óptica
racional, es que una vez más, se plantee una enmienda electoral
empapada del interés particular e inmediato de uno o más
partidos. De eso ya tiene el país una larga y triste experiencia.
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