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:: CUCHILLO DE PALO :: 06.09.07 |
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De reformas electorales y reglas de juego |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
La propuesta de reforma
electoral que la semana anterior difundió Enrique Rubio (Vertiente
Artiguista – FA) se fue decantando al pasar los días y rápidamente
encontró su lugar para ser discutida, tal vez el año próximo,
en el interior de la coalición gobernante. Su autor —senador
y desde hace pocos meses director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP)— reafirmó el origen estrictamente individual de la
iniciativa, que no habría sido consultada con el presidente de
la República, Tabaré Vázquez, y tampoco en el sector
frenteamplista donde él es figura de primera línea. Todo
un acto político, tanto por el gesto como por el contenido de lo
propuesto.
Muchos han visto
ese movimiento político como una forma de colocarse el interesado
en el picadero donde son observados los pingos que van a disputar la carrera
siguiente, que en este caso no es otra que la elección del candidato
único del Frente Amplio para la presidencia de la República
en octubre de 2009. No es éste el primer acto de esa naturaleza
que ha realizado el señor Rubio desde que se hizo cargo de la OPP,
al comenzar este año lectivo. El anterior, apenas un mes antes,
fue la entrega a los partidos de un borrador para proyectar una ley de
descentralización, aunque en ese caso la iniciativa obedeció
a un trabajo coordinado personalmente por el presidente Vázquez.
Enrique Rubio ha
reconocido que el procedimiento de reforma de la Constitución que
ahora aconseja es el que contempla el artículo 331, apartado B)
del texto constitucional: la presentación de una iniciativa legislativa
por parte de un mínimo de dos quintos del total de componentes
de la Asamblea General, al presidente de la misma, debiendo ser sometido
dicho proyecto a aprobación plebiscitaria simultáneamente
con la siguiente elección. Para esta iniciativa, esa oportunidad
no sería otra que la elección nacional de 2009.
Ha explicado el proponente
que este procedimiento es el único que le queda disponible después
de haber preferido el ideal, de la Convención Nacional Constituyente,
y de haber recogido —tal vez en conversaciones con sus correligionarios
más cercanos— una opinión contraria a generar un nuevo
proceso electoral. Y también después de haber comprobado
lo difícil que sería lograr un acuerdo interpartidario que
habilitara el procedimiento de la ley constitucional, que requiere la
conformidad de dos tercios del total de componentes de cada una de las
Cámaras.
Colocada así
la disyuntiva, el señor Rubio entiende que el partido gobernante
por sí solo, recurriendo al procedimiento del apartado B), puede
provocar y llevar adelante una reforma electoral que supondría,
según los contenidos anunciados, una modificación sustancial
de las reglas de juego que están diseñadas para aplicarse
en la elección presidencial y parlamentaria. Pero no se detiene
a reconocer explícitamente la “barbaridad” (el atentado
a la razón) que se comete contra la limpieza de los comicios y
contra el ciudadano votante cuando se propone cambiar las normas en el
acto mismo en que se ejercita la competencia electoral.
De las modificaciones
propuestas, la más importante desde el punto de vista político
es la supresión de la exigencia de mayoría absoluta, con
eventual segunda vuelta, para elegir al presidente de la República.
Y es, también, la alteración mayor de las reglas de juego
que Enrique Rubio sugiere que el Frente Amplio introduzca, por el procedimiento
señalado. Tal como se dice, con ligereza y demasiada frecuencia,
se propone eliminar el balotaje, sin percibir todo lo que allí
va embutido.
Sería muy
fácil decir simplemente que el Frente Amplio —por el momento
Enrique Rubio— busca una reforma constitucional y electoral para
mantener el gobierno en 2009, ya que le resultaría muy difícil
vencer por mayoría absoluta en octubre, e incluso en la segunda
vuelta presidencial en noviembre. Parece muy claro que volver a la mayoría
simple favorecería al partido ahora gobernante y perjudicaría
al primer partido de la oposición (no a los demás), que
actualmente es el Partido Nacional y que pretende la Presidencia.
En consecuencia,
la enmienda merecería ser desautorizada por ilegítima, incluso
por faltar a la ética más elemental, al perseguir solamente
el interés particular de un partido en la elección inmediata.
Sería, una vez más en la historia uruguaya, una reforma
constitucional y electoral con nombre y apellido.
Lo peor, sin embargo,
estaría en el procedimiento. En la falta de limpieza y claridad
en las reglas de juego, ante el elector. Es sabido que el sistema del
balotaje, tal cual es aplicado en Uruguay, comienza en las elecciones
internas (primarias) que la Constitución hace obligatorias y simultáneas
a todos los partidos, y que deben realizarse en el mes de junio del año
electoral. Allí los partidos eligen el candidato único que
disputará la Presidencia en octubre. De manera que el espíritu
del balotaje, la necesidad de triunfar por mayoría absoluta, ya
empieza a impregnar el razonamiento del votante en esa primaria de junio.
Ese espíritu
continúa creciendo a medida que se acerca la elección de
octubre, y la competencia entre los candidatos a presidente arrasa en
la conciencia del votante y en la opinión pública con la
atención que se debería prestar a la elección de
parlamentarios. En la misma hoja de votación, es esa especie de
“gran elector” o “gran hermano” que se postula
a la Presidencia, el que arrastra los votos en favor de los dos partidos
con mayor posibilidad, mientras que los demás sufren el perjuicio
de verse postergados en sus candidaturas al Parlamento.
Puede imaginarse
la distorsión que significaría —el asalto a la razón
que se perpetraría— si esa progresión creciente del
espíritu del balotaje se viera puesta en duda, ya desde la campaña
electoral previa a las primarias de junio, por la perspectiva de que un
plebiscito simultáneo derogara ese sistema y volviera a implantar
la norma de la mayoría simple.
Las reglas de juego
deben quedar despejadas mucho tiempo antes de cualquier elección
democrática. Hacer lo contrario sería reincidir en la experiencia
terrible de 1971, cuando el reeleccionismo pachequista llevó al
país a una similar demencia electoral, con el triste resultado
que la historia registró.
Otra cuestión
queda planteada, además, con la iniciativa de Enrique Rubio: ¿es
el plebiscito la forma más democrática y racional para procesar
una reforma electoral? Los órganos del sistema democrático
son los partidos políticos, y sin duda aquellos que tienen representación
parlamentaria. Son ellos quienes deben alcanzar el consenso suficiente
para proponer al pueblo una reforma de esta naturaleza, es decir, para
acordar nuevas reglas de juego.
Parece sabia la Constitución
cuando postula un procedimiento acabadamente democrático como la
Convención Nacional Constituyente, donde tanto los partidos como
el pueblo son protagonistas. También lo es cuando diseña
el procedimiento de la ley constitucional, que debe reunir los dos tercios
de los legisladores conformes antes de someter su reforma a plebiscito
constitucional, que además se realizará en la fecha en que
la misma ley determine.
Todo lo que antecede
no compromete ni adelanta una opinión de fondo sobre el sistema
del balotaje, cuya permanencia o supresión merece ser discutida.
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