:: CUCHILLO DE PALO :: 22.09.07
Pluna, el Tribunal y el cambio político
Aureliano Rodríguez Larreta

La educación sigue enredada en la polémica interpartidaria, lo mismo que la salud, la política exterior o la reforma tributaria. Y ahora, la línea aérea de bandera nacional. El propio Tribunal de Cuentas, con motivo de este último asunto, es presa de la lucha entre partidos, a tal punto que su renovación —junto con la Corte Electoral— ha vuelto a quedar encallada porque el gobierno y la oposición de nuevo se han “topado”, esta vez por las observaciones del Tribunal al contrato de asociación de Pluna. Los temas de mayor gravedad, como éste, no consiguen encontrar el ambiente de objetividad que les permita ser tratados por encima de la pequeñez electorera que ya domina a los actores políticos.

La Constitución quiere que exista y funcione un Tribunal de Cuentas de su propia creación, que tenga el más alto nivel institucional. Un órgano responsable solamente ante la Asamblea General, que deberá integrarlo. A sus siete miembros le alcanzan las mismas incompatibilidades que el texto constitucional establece para los senadores y representantes. Se podría pensar, en una primera mirada, que el constituyente ha querido crear una institución independiente del poder político, con la misión de controlar las cuentas de la Nación.

Sin embargo, ello no es así. De inmediato se cuela en la Constitución el condicionamiento político, al disponerse que los miembros del Tribunal de Cuentas cesarán (o serán reelectos) cuando la Asamblea General que sustituya a la que los designó “efectúe los nombramientos para el nuevo período”. Y puesto que esto requiere el voto conforme de dos tercios del total de componentes de la Asamblea General, la renovación del Tribunal demanda siempre un pacto político que contemple, por lo menos, a los dos partidos mayores. Un compuesto entre gobierno y oposición, en línea con la tradicional coparticipación.

Esta es la gran encerrona en la que está metido el sistema político uruguayo desde las reformas constitucionales de 1967 y 1996. Tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Corte Electoral y en el Banco Central, en lugar de abrir camino a la independencia —que permite la continuidad institucional y funcional por encima de los cambios que puedan operarse en el poder político—, se prefirió mantener la ligazón directa de estos órganos con la representación de los partidos en el Parlamento para cada legislatura y, por ende, con cada gobierno.

Miopía es lo menos que podrían padecer en su visión de políticos, los dirigentes de la época y sus asesores. El Tribunal de Cuentas que hoy está en medio del conflicto fue integrado en 1995, al comenzar el penúltimo gobierno del Partido Colorado, y hasta hoy no ha podido ser renovado por demostrarse casi imposible la obtención de un acuerdo interpartidario que permitiera cumplir con lo que prevé la Constitución. Lo mismo ha ocurrido con la Corte Electoral. No se consiguió pactar bajo la presidencia de Jorge Batlle (2000-2005), y lo mismo está ocurriendo ahora. La Constitución quiso cerrar los ojos al cambio político que ya era inminente, y el resultado está a la vista.

El Partido Colorado y el Partido Nacional están atrincherados en lo que les queda del pasado, los llamados “órganos de contralor”. Y éstos, por la fuerza de las cosas, se alejan aún más de su soñada independencia para actuar bajo condicionamientos políticos. En reacción, también el gobierno se comporta con intencionalidad política al no soportar, por ejemplo, la observación del Tribunal de Cuentas al negocio de Pluna.

Es de lamentar que esta extrema politización de un tema tan importante para el país permita dudar incluso de la juridicidad con que ha actuado el Tribunal de Cuentas. Un experto abogado ha señalado, prima facie, que el órgano podría haberse excedido en sus competencias, mientras que otro no ha querido pronunciarse antes de hacer un estudio acabado de una cuestión que se presenta jurídicamente muy compleja.

Parece llegada la hora de reclamar un espacio de discusión donde los aspectos involucrados en este asunto puedan ser objetivados y resueltos con arreglo al interés general, dejando fuera las animosidades partidarias.

Y hecho eso, rompe los ojos la necesidad de reformar la Constitución para colocar al Tribunal de Cuentas en el nivel de independencia que sus cometidos y competencias requieren. Desligar su integración de las mayorías que prevalezcan en la Asamblea General, despolitizando la selección de sus miembros. Extender su mandato a siete u ocho años, para que no coincida con las legislaturas. Y dar mayor fuerza ejecutiva a sus dictámenes y observaciones. Una tarea para expertos, no para políticos apasionados.

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