:: CUCHILLO DE PALO :: 06.10.07
Ciudadanos, contribuyentes y voto ausente
Aureliano Rodríguez Larreta

De la reciente discusión parlamentaria de un nuevo proyecto de ley para permitir el voto de los uruguayos desde el extranjero, esta vez impulsado por el Frente Amplio, se puede extraer la lógica conclusión de que tal cosa sólo sería posible mediante una enmienda a la Constitución. Se concluye esto, no por haber faltado una vez más las mayorías necesarias, sino porque ello se desprende de la más correcta interpretación del texto constitucional. Sigue en pie, no obstante, la necesidad de discutir —por encima de intereses electorales e incluso de normas vigentes— la cuestión del derecho al sufragio del ciudadano peregrino.

Esta cuestión debe ser analizada de forma separada y anterior a la discusión de la o las modalidades en que el voto sería recibido. Y será bueno proceder así porque este segundo debate, de índole práctica, suele interferir con el primero de forma inconveniente, borroneando los argumentos y confundiendo las cosas. El punto esencial alrededor del cual será necesario llegar a un acuerdo social y político generalizado es el reconocimiento o la negación del sufragio universal —derecho fundamental que Uruguay no puede desconocer— a aquellas personas a las que el orden jurídico uruguayo otorga la nacionalidad oriental.

No es una verdad intangible, como suele afirmarse, que el régimen uruguayo tradicional se aferre totalmente al criterio territorial (jus soli) para otorgar la nacionalidad. Además del hecho de haber nacido en el territorio, la Constitución recoge el otro, el de ser hijo de padre o madre uruguayos, donde sea que la persona haya nacido. Éste es el derecho de la sangre (jus sangui). De forma que con esta amplia base, el campo está abierto para proceder a cualquier adaptación de las demás normas que en el texto constitucional regulan el derecho al voto, si se desea reconocer ese derecho a los orientales que están en el extranjero.

La última ventilación de este tema a raíz de la iniciativa que finalmente rechazó esta semana la Cámara de Representantes ofreció la oportunidad para que en los medios de comunicación se escucharan conceptos de todo orden, algunos de ellos impregnados de un espíritu antidemocrático e intolerante que es necesario desnudar. En particular cuando quienes así se expresan son personas de un nivel cultural supuestamente alto, que ocupan lugares de responsabilidad en la sociedad e incluso en la política.

Uno de esos conceptos inaceptables es el que se asocia con la idea de que aquél que vive en el extrajero ha abandonado al país y no se interesa más por él ni por su destino. Se le asimila a un desertor, cuando no a un traidor, razón por la cual no parece de justicia reconocerle derechos cívicos. Otro, de laya parecida, es el que propone negar al emigrante el derecho al voto porque al residir en el exterior no paga impuestos en este país. Ambas cosas se han escuchado en los últimos meses, en ambientes y medios influyentes, sin mayor contestación. Es preocupante que haya orientales que piensen así, y que militen por esas ideas.

El segundo de los argumentos citados confunde de manera perniciosa el concepto de ciudadanía con el de contribuyente. Así como está bien crear mediante la reforma tributaria la conciencia y la cultura del contribuyente como ente responsable de una parte importante de su vida en sociedad, de ninguna manera es posible extender sus consecuencias al goce de los derechos inherentes a la ciudadanía, salvo mediante una decisión judicial criminal.

La difusión de ideas de esta naturaleza hace pensar en estructuras ideológicas vinculadas a las formas más descarnadas del capitalismo, que endiosan el dinero y colocan a las ambiciones crematísticas en el altar de las virtudes individuales y sociales. Algo muy ajeno a la cultura uruguaya y únicamente comprensible en los talleres de pensamiento que asesoran a las tendencias más conservadoras del sistema político norteamericano. Sin necesidad de recordar que, en las relaciones tributarias internacionales, se admite generalmente que cada cual paga impuestos en el lugar de residencia, en condiciones de reciprocidad.

En cuanto a la negación del derecho en base a una supuesta deserción ciudadana, se percibe en este argumento, en el mejor de los casos, un error muy serio. Y en el peor, un razonamiento que sólo puede ser hijo del rencor social. Aquella actitud, que también aflora mucha veces, desde la cual se cree que todo el que se ha ido está mucho mejor que los sufridos orientales que se han quedado para ponerse el país al hombro. Se le presume acomodado e indiferente, desinteresado de su patria de nacimiento. La envidia, pecado capital, es universal.

Nada peor le puede ocurrir a este país, que luchar contra nuevos fantasmas. Si al drama de recuperar la dignidad para una parte de la sociedad cuyos derechos humanos fueron pisoteados en el pasado, ahora se agregan elementos de segregación, discriminación e intolerancia como los aquí reseñados, no se hará otra cosa que ahondar la fractura nacional.

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