| :: CUCHILLO DE PALO :: 20.10.07 |  |
| Corte Electoral: ¿Justicia o trinchera? | |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
La Corte Electoral acaba de reiterar una decisión adoptada días atrás, negando a la Intendencia Municipal de Montevideo el préstamo de 1.000 urnas para una consulta popular relacionada con el proyecto de presupuesto participativo. En esta segunda instancia, la negativa ignoró incluso una comunicación de la Cámara de Representantes, aprobada por unanimidad. El episodio, sin perjuicio de su inequidad intrínseca, vuelve a desnudar la anomalía política e institucional que rodea a los llamados “organismos de contralor” y a su forma de integración.
Como es sabido, en el régimen constitucional uruguayo la Justicia Electoral goza de una jerarquía extraordinaria, ya que no está sometida —como en tantos otros países lo está— a la posible casación de sus decisiones por parte de la Justicia ordinaria. Es totalmente independiente del Poder Judicial y sus actos son inapelables. Sin perjuicio de ello, la Corte Electoral es nombrada por la Asamblea General del Poder Legislativo, y en última instancia debe responder por sus actos ante este máximo órgano de la soberanía nacional, que tiene la potestad de renovar su integración conforme a la Constitución.
Los acontecimientos político-electorales que el nuevo siglo ha traído consigo han dejado en evidencia que los pactos constitucionales del siglo pasado, incluido el retoque de 1996, no supieron o no quisieron prever el cambio político que se avecinaba y que efectivamente comenzó a producirse en 1999, para completarse en 2004. Como resultado de esa miopía política y esa imprevisión institucional el país tiene ahora una Corte Electoral y un Tribunal de Cuentas integrados en virtud de un acuerdo político de 1995, con predominio del Partido Colorado y del Partido Nacional.
Es muy reciente el encontronazo entre el gobierno y la oposición con motivo del dictamen del Tribunal de Cuentas que observó el contrato de Pluna con un consorcio extranjero y la participación del Estado en garantía de ciertos aspectos del negocio. Asunto que aún está pendiente en el Parlamento. Fuera de ese ámbito pero al mismo tiempo, la actitud del gobierno ante el Tribunal dio motivo para que el Partido Nacional congelara una negociación en curso para llegar a un acuerdo parlamentario que permitiera renovar la integración de ambos organismos, el propio Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.
Ante esta situación, una suspicacia excesiva puede ser tan errónea como la ingenuidad. Pero en política no cabe la candidez. Quiérase o no, la simple unión de ambas moscas por el rabo permite pensar que —abierta ya la época inclemente de las estrategias electoralistas— los blancos y los colorados se están haciendo fuertes en las dos únicas trincheras de nivel nacional donde conservan poder, para hacer la vida imposible a los frenteamplistas.
La negativa a prestar 1.000 urnas a una intendencia gobernada por el Frente Amplio —y no una pequeña sino Montevideo— constituye un acto de discriminación política y una falta grave a los principios de la justicia electoral. Sienta, además, un precedente muy peligroso de falta de equidad, cuyas consecuencias no pueden ser aceptadas en silencio por ningún partido político. En este punto cabe resaltar los tres votos discordes en la decisión de la Corte, que fueron expresados por los dos ministros frenteamplistas y por un ministro colorado.
El ostracismo político es una situación nueva para los partidos “que hicieron la patria”, tan habituados a la coparticipación. Es natural que no consigan acostumbrarse a ella fácilmente —sobre todo si tampoco ha habido acuerdo para integrar los entes autónomos—, pero el síndrome de abstinencia que están soportando no puede llevarles al extremo de utilizar a tan altos tribunales como trincheras para disparar contra el enemigo amparados en el resguardo institucional.
Más allá de
la guerra política que ya está desatada, el tema lleva a
reflexionar, una vez más, sobre la inconveniencia de mantener en
la Constitución una forma anacrónica —el crudo pacto
político— para integrar órganos de tan alta jerarquía
institucional. Los nuevos tiempos deberían abrir camino a procedimientos
selectivos que dieran prioridad a la calidad técnica y a la independencia
política.
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