:: CUCHILLO DE PALO :: 01.12.08
Argentina-Brasil, el G-2 del Mercosur
Aureliano Rodríguez Larreta

Al salir de su reciente reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la presidenta electa de Argentina, Cristina Fernández, hizo saber que ambos han acordado crear un mecanismo bilateral para “dirigir” el Mercado Común del Sur (Mercosur). La decisión será comunicada oficialmente en la próxima reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) y cumbre presidencial, que tendrá lugar en Montevideo en diciembre, algunos días después de asumir su cargo la nueva mandataria argentina.

Tal vez hacía falta el encantador desparpajo de una mujer para arrojar tamaña sentencia sobre las ya frágiles instituciones del Mercosur y sus atónitos socios menores. Tal vez sea necesario colocar sobre el dintel del Edificio Mercosur —seguramente nostálgico de sus épocas de gloria como Parque Hotel—, la advertencia del Dante a las puertas del Infierno: “Voi chi entrate, lasciate ogni speranza”.

El bilateralismo afloró en el Mercosur con el cambio de siglo, aunque es hijo del unilateralismo brasileño, que prontamente logró la bendición argentina. Y ambos son nietos, naturalmente, del entendimiento Buenos Aires-Brasilia, que para admiración y sorpresa de la región se produjo en la segunda mitad de los años 80. Así nació el Mercosur en 1991, y tal vez habrá que preguntarle al presidente Lacalle —como se reiteraba en aquel filme “Splendor” de Ettore Scola (Italia, 1990) con Marcello Mastroianni— “el dónde, el cuándo, el cómo y el porqué”.

Fue en noviembre de 1997 —cuando la crisis y la especulación financiera “globalizada” habían saltado ya desde México hacia Rusia, hacia el sudeste asiático y finalmente hacia Brasil— que el gobierno brasileño presidido por Fernando Henrique Cardoso negoció con el argentino de Carlos Menem y logró su apoyo para la primera medida política que fue “impuesta” al Mercosur. El día 14 de ese mes, la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales “autorizó” a los países miembros a incrementar en 3% sus respectivos aranceles aduaneros, por un período transitorio de tres años.

El acuerdo fue convertido en decisión del CMC y refrendado en la cumbre presidencial que se realizó en Montevideo el 15 de diciembre de 1997. Esa imposición unilateral, y finalmente bilateral, no sólo inauguró esa línea de actuación de los países mayores en el Mercosur, sino que además fue la primera manipulación política efectuada sobre la estructura de la unión aduanera. Más tarde vendrían otras, tal vez peores, en las que hubo reparto para todos, incluso para Uruguay.

La de 1997 fue, no obstante, la que más ruido provocó, sin duda por ser la primera. En entrevista con este periodista, el ex ministro de Relaciones Exteriores y diplomatico uruguayo Héctor Gros Espiell expresó lo siguiente:

“Es por eso que yo asigno una honda gravedad a esta última crisis del arancel externo, con las derivaciones que ha tenido como consecuencia de las medidas brasileñas. No tanto por el tres por ciento, o por la ruptura del arancel externo común, sino porque pone en cuestión el funcionamiento multilateral del sistema. Si se abre la puerta a que un Estado miembro pueda tomar medidas que el Tratado atribuye a la totalidad de los Estados miembros actuando a través de los órganos creados por el mismo Tratado, éste sufre una herida profunda, grave y de consecuencias muy serias. (...) Lo grave es que se abra un camino por el cual se puedan tomar decisiones unilaterales, que se impongan como hecho consumado a los demás.” (El País, Montevideo, p.15, 05.12.97).

En enero de 1999, como la población uruguaya seguramente recordará mejor, se produjo la devaluación del real en Brasil. Esta medida interna de la economía brasileña —sin duda adoptada en un acto indiscutible de soberanía y por carencia institucional del Mercosur—, tuvo en cambio hondas, negativas y prolongadas consecuencias económicas sobre los países miembros del bloque subregional. Y volvió a levantar polvaredas políticas.

Nuevamente, el unilateralismo. El entonces ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Didier Opertti, entrevistado también por este periodista, manifestó:

“El Mercosur debe mantener su identidad como asociación que responde a decisiones institucionales y no a decisiones unilaterales; que busca el beneficio de los cuatro socios y de ninguna manera el beneficio de uno en detrimento de otro.” (El País, Montevideo, p.9, 01.02.99).

A partir del año 2000 —y pese a los cortocircuitos provocados con Brasilia por las medidas que adoptó Buenos Aires cuando la economía argentina se hallaba a las puertas de su enorme crisis de 2001— el Mercosur ha sido el escenario de una creciente bilateralidad argentino-brasileña en la conducción de los asuntos del bloque, la mayor parte de las veces en contradicción con los principios que debieran presidir el proceso de creación de un auténtico mercado común.

Los puntos más altos de esa conducta bilateral y contraria al libre comercio han sido el comercio administrado en sectores como la industria automotriz, y más recientemente la creación del sistema llamado Mecanismo de Adecuación Competitiva, que no significa otra cosa que la legitimación de medidas de salvaguardia unilaterales sobre las corrientes comerciales en un mercado teóricamente abierto.

El último capítulo del bilateralismo, que a veces es explícito pero que en la peor de sus versiones es implícito y silencioso, es el que ha tenido que soportar Uruguay con motivo de las inversiones extranjeras en el sector forestal-maderero-celulósico-papelero.

El déficit institucional del Mercosur quedó al desnudo cuando el laudo arbitral que condenó los cortes de puentes y rutas que son tolerados por parte del Estado argentino, se convirtió en papel mojado. Pero mucho antes que el conflicto por la planta de Botnia se hubiera podido producir, ese déficit se manifestó en la falta de normas comunes, al interior de bloque, destinadas orientar de forma equitativa las inversiones en un sector donde existen intereses altamente competitivos y donde además se asocian cuestiones sensibles como el cuidado del medio ambiente.

Es en ese contexto que se espera ahora —nuevamente en una cumbre del Mercosur que se debe realizar en Montevideo, como hace diez años, en diciembre de 1997, cuando se autorizó elevar el arancel—, un anuncio tan esperanzador como la creación de un “directorio” bilateral.

Ese “directorio” de facto, pretende constituirse como un cuerpo ajeno a los Tratados, donde delegaciones ministeriales argentinas y brasileñas, encabezadas por las propias figuras presidenciales, dos veces por año decidirán lo que ha de hacerse y lo que no ha de hacerse en el Mercosur. Una especie de Grupo de los Siete (G-7) de las naciones más desarrolladas del mundo (o G-8, con Rusia), sólo que en este caso se tratará de un enano G-2 sureño, que apenas podrá aspirar a mandar en la chacra.

Tal vez hacía falta el encantador desparpajo de una mujer para arrojar tamaña sentencia sobre las ya frágiles instituciones del Mercosur. Tal vez sea necesario recordar la advertencia del Dante a las puertas del Infierno: “Voi chi entrate, lasciate ogni speranza”.

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