:: CUCHILLO DE PALO :: 12.04.08
Ni resolver conflictos ni prevenirlos
Aureliano Rodríguez Larreta

Dentro del conjunto de incapacidades propias del Mercosur —es decir, de aquellos problemas que no derivan del enfrentamiento estratégico que ha sobrevenido en el conjunto de América del Sur por razones ideológicas y de política exterior—, en tiempos recientes ha quedado al desnudo la ausencia de toda previsión que pudiera orientar y garantizar una recepción equitativa de la inversión extranjera en los países miembros. En particular, aquella inversión que estuviera dirigida a sectores económicos fuertemente competitivos y claves para el desarrollo, susceptibles de crear conflictos dentro de la subregión.
Tal ha sido el caso del sector forestal-maderero-celulósico-papelero, que tanto en Argentina como en Brasil y en Uruguay se ha desarrollado a altos niveles en las últimas décadas. Si en esta región se hubieran aplicado desde el primer momento criterios parecidos a los que dieron el impulso inicial a la integración europea en 1950, se hubiera debido poner en común los cuantiosos y potencialmente conflictivos intereses involucrados en este sector, sometiendo la explotación a una autoridad común bajo un régimen legal igualmente común. Un régimen que también atendiera al cuidado de la cuestión ambiental y ecológica, que en la industria de la celulosa ha pasado a ser prioritaria.
El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de producción de celulosa en la costa uruguaya del río Uruguay ha demostrado que no existe en el Mercosur ningún acuerdo, ninguna norma y mucho menos una política para regular las inversiones en el sector y prevenir posibles conflictos. Tampoco existe una institución de carácter comunitario capaz de imponer un correctivo a cualquier acto que pueda ser considerado como una violación a los tratados del sistema de integración.
Desde el primer momento, Argentina se negó a trasladar a los órganos políticos del Mercosur la situación creada, y para ello obtuvo la prescindencia de Brasil, que consideró la cuestión como un conflicto bilateral, ajeno al sistema. El gobierno argentino presentó una demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, por supuesta violación del tratado bilateral de 1975, conocido como Estatuto del Río Uruguay.
El 6 de septiembre de 2006, ante una demanda presentada por Uruguay, un tribunal arbitral del Mercosur condenó el corte de rutas y puentes efectuado por privados en Argentina, por entender que es una acción violatoria del derecho a la libre circulación consagrado por el Tratado de Asunción (1991). Esa situación de hecho continúa incambiada hasta el momento presente, en una demostración flagrante de la falta de ejecutividad que afecta a los laudos en que terminan los procedimientos de arbitraje, que en última instancia dependen de la voluntad de las partes.
Los diagnósticos no faltan en el Mercosur. La misma incertidumbre que predomina en la política a nivel suramericano, se cierne sobre el futuro de este proyecto subregional mal diseñado, cuyo inicial éxito comercial pudo engañar a muchos desprevenidos. Lo que ahora se requiere, en cambio, son propuestas capaces de reconducirlo por el verdadero camino de la integración.

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