:: CUCHILLO DE PALO :: 26.04.08
La Justicia sólo precisa de paz y olvido
Aureliano Rodríguez Larreta

Con aquel sexto sentido que tanto escasea, los políticos finalmente entendieron que debían bajar las armas, por lo menos para realizar un acto institucional de alto fuste, en bien de la República. El martes 22, en la Asamblea General, dieron el primer paso para que el Derecho “recupere majestad e imperio”, atributos que apenas una semana antes se perdían en la perplejidad de las conciencias.
La Suprema Corte de Justicia ha quedado integrada con su quinto juez, Jorge Larrieux, quien recogió el quórum que exige la Constitución y el beneplácito de todos. No por imprescindible, esto deja de ser un primer paso. Tampoco borra lo ocurrido en los últimos tiempos.
Ni por su edad ni por su presencia física, este Larrieux ha de ser el mismo, pero por cierto transporta mi memoria muy atrás en la vida, y aparece la figura de otro, niño, adolescente, joven estudiante, compañero de aulas, diferente en los rasgos pero también inteligente, correcto, respetado y apreciado, al igual que su familia. Con 61 años, el nuevo ministro no podría ser hijo de aquél, pero tal vez por una rama lateral reciba la misma savia. Agradable reencuentro, que abre una ventana de esperanza hacia ese otro encuentro, en la conciencia del Derecho, que tanto se echa en falta.
Con una elección y un voto perfectamente constitucional, la Asamblea General sintetizó en un solo acto las dos alternativas que el texto fundamental le pone por delante: el acuerdo político en primera instancia y con libertad para elegir, o en su defecto, tres meses más tarde, el de mayor antigüedad. Ha elegido libremente, y lo ha hecho en la persona del más antiguo.
Tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional han tenido que ceder algo —y no poco— de sus posiciones anteriores. El oficialismo, al aceptar un candidato que no era el suyo. Y la oposición, al postergar otras exigencias y no anteponerlas a la integración de la Suprema Corte. Así es como debería actuarse siempre, para bien de las instituciones republicanas y para que éstas, con su buen funcionamiento, lleven confianza y sosiego a la opinión pública.
El ministro Larrieux no pudo evitar los micrófonos y las cámaras, al finalizar la sesión del Parlamento. A las preguntas más peligrosas respondió de forma inobjetable, respetando y protegiendo su condición de juez, ahora enaltecida. No soltó prenda sobre aquello que todos querían saber o adivinar: para qué lado va a desempatar en esto de la constitucionalidad de la tributación a las pasividades. Sin embargo, hubiera sido mejor que no respondiera a nada ni hiciera ningún comentario, excusándose cortésmente. Seguramente es esto lo que hará en adelante, recogido nuevamente en la reserva de su despacho.
Lo mejor que ahora podría suceder, para bien del país, sería que todos nos olvidáramos de la Suprema Corte de Justicia y la dejáramos en paz. Bastante tiene con resolver el embrollo jurídico que con intención política se le ha presentado; y por si esto fuera poco, llevar a cabo la investigación administrativa que permita desvelar la conspiración que parece estar detrás de la filtración, a ciertos medios, de los votos y las opiniones de los ministros, antes de haberse pronunciado la primera sentencia sobre esas acciones de inconstitucionalidad.
Por las mismas razones aparece desubicada la manifestación pública que los partidos de la oposición se proponen realizar el lunes 28, frente a la sede de la Suprema Corte, para defender “la independencia del Poder Judicial”. En materia de presiones ejercidas sobre la Justicia en esta cuestión, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.
Así como algunos representantes del gobierno y del Frente Amplio han pronunciado conceptos inaceptables bajo el marco institucional e incluso en el plano personal, no ha dejado de ser evidente la participación activa, o el aprovechamiento pasivo, de los partidos opositores, en el movimiento que en 2007 se organizó para presentar recursos masivos de inconstitucionalidad por parte de algunos grupos de ciudadanos en situación de pasividad.
Al mismo tiempo, tanto en la acción parlamentaria como en los medios de comunicación, los actores políticos no han dejado de presionar sobre la Suprema Corte de Justicia, al extremo de haberle dirigido el senador Julio María Sanguinetti un pedido de informes sobre el supuesto incumplimiento de plazos por parte de algunos ministros en el estudio de los expedientes.
Una manifestación como la que se proyecta, encabezada por pre-candidatos presidenciales que ya están en carrera para las elecciones generales de 2009, no dejará de ser un acto de clara intencionalidad política, muy alejada del ánimo sincero y auténtico que exige la adhesión a los principios en que se fundamenta la República.

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