:: CUCHILLO DE PALO :: 03.05.08
Debatir la tributación, sin malas artes
Aureliano Rodríguez Larreta

La Suprema Corte de Justicia acaba de rectificar el curso de sus pronunciamientos en relación con los recursos de inconstitucionalidad presentados por particulares contra la imposición a la renta personal en casos en que el ingreso considerado consiste en una pasividad. Hasta aquí va a llegar este comentario en cuanto pueda referirse al alto tribunal. Lo mismo debieran hacer en adelante todos los actores políticos y los medios de comunicación. La cuestión a discutir en términos políticos no debe ser ya el Estado de Derecho sino la tributación.
Al gobierno y a los legisladores, ya sean oficialistas o de oposición, no debiera importarles cuántos contribuyentes han quedado eximidos de pagar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y cuántos puedan ser los que deban pagarlo si el criterio observado en la sentencia conocida esta semana se repite y se aplica de igual forma en los siguientes expedientes, como es de suponer. Lo importante será respetar el imperio del Derecho, que en el sistema uruguayo se expresa de esta forma. Las sentencias judiciales no sientan precedente ni son fuente de Derecho, y por lo tanto todas deben cumplirse tal como la Justicia lo determina en cada caso.
En consecuencia, resultan poco creíbles, por faltos de sinceridad, los protestos basados en supuestos criterios de equidad y de justicia que esgrimen políticos opositores y algunos otros voceros de intereses particulares, quienes se agravian de que, como resultado final de esta ingeniosa operación política descargada sobre la Justicia, algunos pasivos, tal vez unos 1.700, hayan logrado escapar de la ley tributaria mientras que los demás probablemente no podrán alcanzar igual premio. Falsa moral que se pretende levantar con el único y verdadero objetivo de que, por vía de la derogación, las pasividades más altas, todas ellas sin excepción, queden fuera del impuesto.
Ya no será ésa, por lo tanto, la cuestión que ahora se deberá debatir. La tributación en sí misma pasa a ser, en cambio, un auténtico tema de campaña electoral, y no más un asunto judicial embadurnado por la intromisión política. La Justicia deberá despachar oportunamente los numerosos expedientes —en el silencio de su tarea y con la independencia que le es proverbial sin necesidad de que vengan a recordársela los mismos que se frotaban las manos ante la andanada de recursos hábilmente patrocinados—, y lo mejor que todos deberemos hacer, por el bien general, es dejarla en paz y olvidarnos de ella.
A las puertas de la competencia electoral de 2009, los partidos harían bien en tomar el tema de la reforma tributaria como uno de los mayores a ventilar ante la población. Y en particular, el IRPF, pero dejando atrás el desatino de buscar y rebuscar la inasible inconstitucionalidad del impuesto para favorecer a algún segmento limitado de contribuyentes convertidos en grupo de presión.
Discutir, sí, en el Parlamento y en la calle, las correcciones que deban introducirse en la ley de reforma tributaria, para perfeccionar y hacer socialmente más equitativos sus mecanismos, en especial los del IRPF, cuya aplicación no puede ser sino gradual y constantemente adaptada a la realidad. En primer lugar, el país tiene que ponerse de acuerdo en definir y pacificar lo que se entiende bajo el concepto de “renta”, a partir del cual se encajarán en el sistema los “ingresos” de cualquier origen que reciba un contribuyente. Y allí, como en cualquier otro lugar del mundo donde la imposición a la renta personal está desarrollada, las pasividades contribuirán a formar esa base imponible, de cuyo nivel dependerá si será o no será alcanzada por el impuesto, y en qué medida.
El país es testigo de un desarrollo anormal del debate político y de una puja por intereses creados, sirviéndose de lo que podría llamarse el “boom” o la hipertrofia del recurso de inconstitucionalidad. Cuando no es el IRPF es la contribución inmobiliaria, o la patente única, o el proyecto de ley de negociación colectiva, como acaba de exponer ante la opinión pública el estudio del abogado Daniel Ferrère, distinguido defensor de los intereses empresariales.
Si el país continúa por ese camino, va a ir por muy mal camino, y será impredecible dónde irá a desembocar. Olvidar a la Justicia y abrir ampliamente el debate político-electoral, con métodos más limpios que las malas artes vistas hasta ahora, reforzaría la democracia y reafirmaría los principios republicanos.
Tal vez fuera oportuno pensar en una reforma de la Constitución honestamente planteada, que permitiera crear un “tribunal constitucional” —como existe en muchos países, por ejemplo, en la Constitución española de 1978—, con la competencia exclusiva de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y de todas las normas con fuerza de ley en el Estado, además de entender en el recurso de amparo que se consagra en favor de los particulares.
Entre quienes están legitimados en España para presentar el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la Constitución confiere esa facultad a un número reducido de legisladores, lo cual contempla el derecho de las minorías ante cualquier ley en fase de sanción y promulgación.
Con una institución de esa naturaleza, en este país se podría evitar la repetición de operaciones políticamente organizadas ante la Justicia ordinaria, como ésta que ha tenido tan indeseables consecuencias.

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