:: CUCHILLO DE PALO :: 21.06.08
De nuevo, la Plaza de Mayo
Aureliano Rodríguez Larreta

Una vez más, la política argentina ofrece al mundo una esposa peronista desgañitándose en la Plaza de Mayo; y una vez más, una honda preocupación hace presa de quienes observan a la República Argentina con la mirada más cercana. En los Andes, Rafael Correa, presidente de Ecuador, anuncia que su país no formará parte del ALBA, el nucleamiento “antiimperialista” que patrocina el líder venezolano Hugo Chávez. Y en Europa, la República de Irlanda ha rechazado en referéndum el Tratado de Lisboa, último avance institucional y político, laboriosamente negociado, de la Unión Europea.

Alarma argentina

Nadie podrá negar que la riqueza ha sido distribuida regresivamente en la Argentina durante décadas —y en casi todas las décadas de su historia, a decir verdad—, de lo contrario no exhibiría esa sociedad tan promisoria los índices de pobreza que la atenazan. En ese sentido, tampoco podrá negarse a la presidenta de ese país, Cristina Fernández, la justicia que la asiste en su intento de captar recursos genuinos en aquella puerta de la economía por la que están entrando a raudales: la exportación de los sectores agrarios.

Hace años que el gobierno argentino aplica “retenciones” a esas exportaciones. Un impuesto liso y llano, con que el Estado se asocia a la prosperidad del sector exportador para financiar sus políticas redistributivas. En Uruguay no se aplica ya, también hace años, y parece haber un acuerdo tácito entre todas las tendencias políticas y doctrinas económicas, para no reincidir en esa forma de imposición. Pero este país tiene sobrado conocimiento y larga memoria de ese impuesto, que aquí se llamó “detracciones”. Con él se construyó el Uruguay moderno.

El problema, en el caso argentino actual, está en las formas. Las formas gubernativas y las formas políticas. La Presidenta utilizó a primeros de marzo los poderes desmedidos con que cuenta el Ejecutivo federal para aumentar fuertemente ese régimen de “retenciones móviles”, provocando la inmediata reacción de los exportadores de granos.

No pudo evaluar sus primeros 100 días en el gobierno, y en su lugar acaba de soportar los primeros 100 días de enfrentamiento con los “piquetes” agrarios en las rutas nacionales, “cacerolazos” urbanos (en un principio de la clase alta porteña), con desabastecimiento, inflación y descrédito generalizado en la opinión pública, para terminar creando una situación política y social que amenaza con escapársele de las manos, mientras vuelve a ceñirse sobre la Casa Rosada el fantasma de la crisis institucional.

El matrimonio Kirchner fue aupado a la Presidencia en forma sucesiva y cooptativa, pero en esta segunda singladura él, Néstor, está detrás del poder, manejando la máquina justicialista. Todo su equipo tenía, y tiene, sobradas condiciones para haber sabido con quién iban a topar en esto de las retenciones: ni más ni menos que con la derecha argentina. Una derecha que no se para en minucias, a la que le regalaron, además, la legitimación de esa arma deleznable que es el “piquete” y que son los cortes de rutas de circulación económica y humana, un movimiento ilegal que anteriormente ellos alimentaron con esmero como fuente de poder político en la periferia urbana.

Ha tenido que pasar todo lo que ha ocurrido en estos 100 días para que Cristina Fernández advirtiera la necesidad de enviar al Congreso, como proyecto de ley, el nuevo régimen de retenciones móviles que primero quiso imponer por decreto. Para que la Presidenta advirtiera que era necesario abrir la puerta a la discusión política y parlamentaria, y ofrecer a los partidos el espacio que en toda democracia deben ocupar pero que en Argentina no ocupan.

Nuevamente ha sido la Plaza de Mayo el escenario, y una vez más cunde la alarma por la Argentina. En la región, a Cristina Fernández le había tocado estrenarse con la presidencia pro témpore del Mercosur en el semestre que termina. Se ha olvidado de él, ha perdido el tiempo, lastimosamente.

Correa no entra en el ALBA

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, había encargado oportunamente a su ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, un informe completo acerca de la eventual adhesión de ese país al recientemente creado agrupamiento de países latinoamericanos llamado Alternativa Bolivariana de los Pueblos de América Latina (ALBA).

Impulsado por la política internacional del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el ALBA está integrado además por Bolivia, Cuba y Nicaragua, y ha recibido también la adhesión del pequeño Estado caribeño llamado Comunidad Dominica (no confundir con la República Dominicana).

Una vez recibido el informe del Ministerio encargado de la política exterior, el presidente Correa ha resuelto que Ecuador no integrará el ALBA. Es necesario calibrar en su debido valor esta decisión ecuatoriana, que viene a confirmar los rasgos que distinguen a su actual gobierno dentro del “eje bolivariano” de política internacional en que algunos análisis encasillan a estos países andinos (Bolivia, Ecuador), que supuestamente siguen la política inspirada por el presidente Chávez.

Sin perjuicio de la concepción nacionalista de su gobierno, Rafael Correa conduce su actuación exterior con una muy interesante autonomía respecto de aquel supuesto “eje” y de aquella política “neo-antiimperialista”. La moderación de su estilo ha quedado en envidencia durante el serio conflicto de soberanía que aún le enfrenta con Colombia, donde ha unido a la firmeza e indignación que corresponden al país menor y agredido, la necesaria flexibilidad para asegurar la paz en la instancia final.

En consonancia, María Isabel Salvador asumió el 17 de este mes, en nombre de Ecuador, la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones con un discurso en el que trazó un diseño íntegro de política interna y exterior para la subregión andina. Su alto interés merecerá, en breve, un análisis más detenido.

Irlanda rechaza el Tratado de Lisboa

El jueves 12 de junio, la población de la República de Irlanda rechazó en referéndum el más reciente instrumento jurídico de la Unión Europea (UE), que se conoce como Tratado de Lisboa. Fue firmado en la capital portuguesa el año pasado, por los 27 países que actualmente forman la Unión, y ya son 19 los parlamentos que lo han ratificado. El único Estado donde se requería un referéndum de enmienda constitucional era Irlanda.

Este tratado, que contiene mayormente modificaciones de contenido político e institucional que afectan en particular a la vida ciudadana y a la protección internacional de los derechos humanos, vino a sustituir al anterior proyecto de tratado que fue conocido como “Constitución Europea” y que fue rechazado en Francia y Dinamarca. Tras una laboriosa negociación, finalmente se acordó un nuevo instrumento que no reemplaza a todos los anteriores como pretendía el texto “constitucional” sino que nuevamente compendia y recodifica la estructura jurídica de la UE.

La UE celebraba este jueves 19, en Luxemburgo, una reunión de jefes de Estado y de Gobierno para comenzar a buscar una solución a la situación creada por la negativa irlandesa. El Parlamento británico aprobó el Tratado de Lisboa el miércoles 18, contándose así el Reino Unido como el 19º país ratificante.

Tanto en Irlanda como en el resto de la UE se analizan ya las alternativas que aporten una salida a este nuevo traspié. En Dublín no aceptarían un acuerdo en “dos velocidades” en el que los irlandeses pudieran considerarse como “europeos de segunda”. Entre los europeos podría contemplarse la posibilidad de presionar a Irlanda para realizar oportunamente un nuevo referéndum. Y una tercera salida podría ser renegociar el tratado para corregir aquellos aspectos que hubieran dado motivo al rechazo irlandés.

Esta situación, pese a las dificultades políticas que presenta, no afecta en nada la política europea de Irlanda ni disminuye los derechos y obligaciones que ese país tiene adquiridos en la actual estructura de la UE

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