| :: CUCHILLO DE PALO :: |  |
| LA LLAVE DE LA ALCALDÍA | |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Despejada el sábado
pasado la conveniencia de liquidar pacíficamente el artilugio del
“ballotage” para forzar la elección del presidente
de la República por mayoría absoluta y en segunda vuelta,
nunca se insistirá lo suficiente en la doble virtud de suprimirlo
con la misma rapidez con que fue injertado en un sistema de gobierno presidencialista
corregido, como el uruguayo de 1967.
Fortalecer artificialmente a un jefe del Estado que a la vez es el jefe
del Gobierno, ante un Parlamento electo por la regla proporcional integral
—sello democrático que los orientales atesoran—, entraña
una deformación del sistema, que pone en peligro su normal funcionamiento.
Un presidente elegido por un porcentaje de votos que no se vea reflejado
en las mayorías imperantes en las Cámaras, podrá
verse tentado a creer que su respaldo en segunda vuelta le legitima para
actuar de forma autoritaria, atropellando a aquellas mayorías o
eventualmente a la misma institución parlamentaria, donde radica
la más completa y auténtica representación de la
ciudadanía. Doble virtud entonces, la de suprimir el artilugio:
cuidar la esencia de la representación democrática y proteger
el debido equilibrio institucional, dentro de una forma de gobierno como
la vigente en este país.
Otra cosa sería si los orientales se animaran por fin a quebrar
la herencia presidencialista que ha sido característica y obra
de los caudillismos latinoamericanos y decidieran democratizar racionalmente
sus instituciones, adoptando la forma parlamentaria de gobierno. El siglo
XXI ha entrado con un aire de modernidad que, tal vez con la excepción
transitoria de Venezuela, induce a pensar que ya no habrá lugar
para nuevos personalismos y que aquellos personajes políticos con
aspiración a “Sr. Presidente”, o ya han satisfecho
su ambición o simplemente ya no son producidos ni tienen lugar
en las nuevas sociedades.
Ésa sería la gran reforma que modernizaría a la política
uruguaya. Los elencos actuales presentan varias figuras políticas
que calificarían muy bien para funcionar como primeros ministros
o jefes de gobierno con responsabilidad parlamentaria, mientras el cargo
de presidente, limitado a la jefatura del Estado, dejaría de enceguecerlos
como suma de poder y se elevaría al nivel de árbitro institucional.
Entretanto, habrá que mejorar lo que hay, y una manera de hacerlo
sería, en efecto, suprimir el “ballotage”.
LA ELECCION DEPARTAMENTAL SEPARADA
Con el propósito de
ahorrar energías y recursos, se ha propuesto volver a juntar las
elecciones departamentales con la elección nacional, aunque con
voto separado e independiente, que podrá ser por diferentes partidos
en uno y otro caso. En esto hay involucradas cosas muy importantes: en
primer lugar la libertad del elector en la urna y en segundo término
la autenticidad y autonomía de los respectivos debates políticos
que anteceden a cada una de las votaciones. Y es evidente que ambos requisitos
democráticos están íntimamente ligados, ya que la
libertad del elector no se limita a su derecho a votar diferente para
el gobierno nacional y para el departamental, sino que también
alcanza y exige un ámbito adecuado y propio para ventilar los asuntos
municipales con independencia de los nacionales.
La muy frecuentada necesidad de no gastar tantos fondos —públicos
y privados, todos recursos de la sociedad al fin— en campañas
electorales, tiene siempre un tinte peligroso. Ante la reiteración
del argumento, sólo cabe preservar y reafirmar los principios:
el dinero gastado en democracia siempre será dinero bien gastado.
Otra cosa son los excesos, rayanos en la corrupción, claro está.
Pero dentro de parámetros austeros y normales, la cuestión
del gasto debería quedar fuera de la discusión.
Es verdad que la elección municipal unos pocos meses después
de la nacional es inconveniente, distrae la atención debida a la
instalación del nuevo gobierno y, al fin de cuentas, tiende a repetir
e incluso ampliar, en mayo, el resultado de octubre. Hé aquí
una variable nueva a tener en cuenta: el resultado nacional, por arrastre
en el corto plazo, se convierte en un nueva limitación a la autonomía
departamental. La solución más justa, moderna y racional,
por lo tanto, no está en refundir en un solo acto la votación
municipal con la nacional, retornando al centralismo del que se había
pretendudo huir. Lo correcto sería ubicar la elección departamental
en la mitad del período del gobierno nacional, como se hace en
muchos países. Y hasta podría darse libertad para que cada
departamento escogiera el momento en que desea renovar sus autoridades,
evitándose así un nuevo torneo de nivel nacional.
Lo que realmente importa es volver real y tangible, en todos los planos,
esa dimensión de lo democrático que radica en la descentralización
territorial, en la autonomía municipal y en la valorización
de la especificidad de los asuntos locales, con un verdadero poder de
decisión en los niveles más próximos al ciudadano.
Por el contrario, la reforma electoral constitucionalizada en 1996 ha
sido una operación sólo aparente y pretendidamente descentralizadora,
que separó en el tiempo la elección departamental de la
nacional pero a la vez creó una serie de mecanismos, requisitos
y cortapisas —a través de esa secuencia de elecciones “internas”
de los partidos, que en realidad son primarias, luego nacionales con “ballotage”
presidencial, y enseguida municipales, todo en un año—, lo
cual ha instalado en verdad una nueva máquina para centralizar
el poder político en las cúpulas de los partidos y en los
liderazgos nacionales.
Como se verá, los pre-candidatos a “Sr. Presidente”
se han guardado también la llave de las alcaldías.
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