:: CUCHILLO DE PALO :: 15.11.08
Un dictador institucional
Aureliano Rodríguez Larreta

Horacio Cassinelli Muñoz, distinguido constitucionalista de larga trayectoria, ahora retirado de la cátedra, ha divulgado una opinión personal destinada a superar el conflicto que ya está produciendo la iniciativa de reelección del presidente de la República, Tabaré Vázquez. El jurista sostiene que no haría falta reformar la Constitución para que el próximo Presidente, supuestamente frenteamplista, le encargara al actual mandatario la jefatura del Gobierno, creando para ello la correspondiente cartera ministerial. Siempre hay un roto para un descosido.

     La idea parece venir revestida como un intento de “parlamentarizar” la forma de gobierno, pero el revestimiento no resiste el menor análisis. Y no es la primera vez que en el sistema político uruguayo, con la cándida aceptación de los medios, se pretende hacer pasar la simple creación de un cargo de “primer ministro”, “jefe de Gabinete” o “ministro de Gobierno”, dentro de un régimen presidencialista, como la introducción del parlamentarismo.

     No es ese revestimiento, sin embargo, lo que más sorprende en la sugerencia del ex catedrático Cassinelli Muñoz. Él más que nadie, debe saber que el actual sistema de gobierno uruguayo es presidencialista neto, aunque convive con algunos elementos parlamentaristas que en la reforma de 1967 se reinstalaron para mantener un cierto equilibrio en las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, aunque nunca se han aplicado en toda su posible extensión. Pero ya esa reforma aumentó las competencias de la Presidencia, hasta que en 1996, con la introducción del balotaje, el cargo recibió un refuerzo político contundente.

     La propuesta del citado constitucionalista, a medida que se la va conociendo y analizando, no hace sino provocar creciente asombro. Según el señor Cassinelli Muñor, el próximo Presidente debería delegar en ese “ministro de Gobierno” todas las numerosísimas e importantísimas competencias de gobierno que la Constitución atribuye al cargo “presidente de la República”, y todos los poderes político-constitucionales que igualmente le adornan, reteniendo únicamente las funciones de “jefe de Estado”. Porque no debe olvidarse que en el sistema uruguayo, el Presidente es, a la vez, jefe del Estado y del Gobierno.

     Lo que el presidente de la República no puede hacer en ninguna circunstancia es delegar sus funciones, competencias y poderes en ninguna otra persona o cargo, y menos en un ministro. Excepto, claro está, cuando temporariamente traspasa las funciones del cargo al Vicepresidente, con arreglo a la Constitución. Otra cosa no está prevista en la Carta, y no podría ser efectuada sin una previa reforma, o con violación constitucional.

     La Constitución exige que el Presidente, jefe de Estado y de Gobierno que acumula tantas competencias y tantos poderes, sea elegido por el pueblo en votación directa. El jurista Cassinelli Muñoz sugiere, en cambio, que un ciudadano al que nadie habría votado —en el caso, el ex presidente Vázquez—, fuera  nombrado algo así como “primer ministro” e investido de todas las funciones de “jefe del Gobierno”.

     La propuesta supone, además, que algún ciudadano del Frente Amplio estuviera dispuesto a presentarse como candidato a la Presidencia de la República —con todas sus atribuciones constitucionales—, sabiendo que si resultara elegido por el voto popular, el mismo día de asumir el cargo tendría la obligación política de ceder el gobierno al ciudadano Tabaré Vázquez.

     Cosa distinta sería bajo un régimen auténticamente parlamentario, donde el jefe del Estado sabe de antemano que no habrá de gobernar sino que le tocará cumplir una altísima función representativa y, por sobre todas las cosas, le corresponderá actuar como árbitro moderador del poder político, supliendo y evitando cualquier vacío de poder en el Gobierno. Éste, por su parte, será una emanación del Parlamento, donde tendrá asiento la totalidad del poder político. Bajo el parlamentarismo, los líderes de los partidos deben ganar una banca en la Cámara que forma el Gobierno, como forma de aspirar a su jefatura.

     Bajo las coordenadas que han sido sugeridas, el Presidente a ser elegido por el Frente Amplio no podrá ser un dirigente dotado de la fuerza política que en condiciones normales es necesaria para ganar una elección, sino un “monigote”, un títere, obligado a decir, ante los electores, que votándole a él van asegurar un nuevo gobierno de Tabaré Vázquez. Algo que está taxativamente prohibido por la Constitución.

     Sobran en la historia situaciones parecidas, pero ninguna se presenta tan similar a esta propuesta, como la dictadura portuguesa de Antonio Oliveira Salazar, cabeza de un régimen fascistoide que nació en 1928 y se prolongó, con leves cambios, hasta 1974.

     Apoyado en el levantamiento militar que en 1926 encabezó el general Antonio Oscar de Fragoso Carmona (presidente entre 1928 y 1951), Salazar ocupó primero el Ministerio de Finanzas (1928), pero pronto se convirtió en el hombre fuerte del régimen, hasta que en 1932 fue nombrado “primer ministro”. Así dio comienzo a una dictadura personal, que sin embargo quiso revestir con instituciones. En 1933 promulgó una nueva constitución, creando el Estado Novo.

     Salazar retuvo el cargo de primer ministro hasta 1968, cuando una trombosis cerebral le apartó de la vida política. En su lugar, Marcelo Caetano no hizo más que acompañar el derrumbe del régimen, hasta que en 1974, la Revolución del Clavel puso a Portugal en el mundo democrático donde hoy se encuentra.

     Cuesta creer que un exponente del Derecho Constitucional uruguayo ofrezca una seudo alternativa de solución a un problema político-partidario particular, poniendo su ciencia al servicio de una idea que se parece tanto a la creación de una dictadura institucional personalista.

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