:: CUCHILLO DE PALO ::
EL CORSÉ ELECTORAL DE 1996
Aureliano Rodríguez Larreta

¿Cómo es que los pre-candidatos a presidente de la República se han guardado la llave de las alcaldías bajo la reforma constitucional de 1996? ¿Por qué este nuevo régimen electoral impone una limitación a la autonomía departamental y municipal en el plano político? ¿De qué forma las normas vigentes restringen la libertad de los partidos? ¿Por qué vías las cúpulas partidarias, y más precisamente los líderes nacionales se reservan el control último de las elecciones locales, desmintiendo en este aspecto las proclamadas políticas de descentralización?
Desde antiguo, la Constitución nacional contiene dos principios básicos relativos a los partidos políticos: el ejercicio de la democracia interna como obligación para cada una de esas organizaciones, y la garantía de que ellas gozarán de la mayor libertad en su desempeño.
Sin embargo -y una vez derogada la ley de la dictadura que reglamentaba la actividad de los partidos-, la reforma de 1996 comienza imponiendo la realización de elecciones "internas" en todos ellos, simultáneas en el mismo día, a padrón abierto y para elegir los órganos deliberativos nacionales y departamentales, que se llamarán "convención" invariablemente y tendrán un número igual de integrantes en todos los casos. En favor de la simultaneidad se ha reiterado un argumento práctico: que los partidos tradicionales no se rigen por padrones de afiliados y que al ser a padrón abierto, la elección sólo puede realizarse en un mismo acto. Esa elección interna debe tener lugar en un determinado momento del año en que han de cumplirse las elecciones nacionales y tiene por objeto la selección, directamente o por aquellos órganos deliberativos según sea el caso, del candidato único a la Presidencia y a la Vicepresidencia, y de los candidatos a las Intendencias.
Todas esas prescripciones entrañan restricciones a la libertad de los partidos. Con la excepción del requisito del candidato único a la Presidencia, que comporta una norma electoral básica -derivada de un acuerdo entre todas las organizaciones políticas-, y que refrendada por el voto ciudadano debe ser observada, las restantes normas encorsetan la actividad partidaria y podría fundamentarse que violan aquellos principios que la misma Constitución tiene estampados desde antaño.
También podría exceptuarse de esta crítica la confección del "calendario electoral" (al que ahora se propone modificar), por tratarse igualmente de una de las reglas fundamentales del juego político. Pero en todo caso cabe preguntarse una vez más cuál es la razón tan "uruguaya" que lleva a consagrar los pactos y las normas electorales con la rigidez de la Constitución en lugar de bajarlos al nivel más flexible de una ley sancionable por mayoría cualificada en el Parlamento, como ocurre en tantos países democráticos.

EL LARGO DEDO DEL PRE-CANDIDATO

Como se ha dicho, esas elecciones internas de los partidos son en realidad elecciones primarias a la Presidencia de la República, porque en eso consiste en verdad la competencia. La campaña proselitista se realiza en base a los pre-candidatos, y son éstos quienes dan su conformidad, su nombre y hasta su imagen, como espaldarazo imprescindible para que las agrupaciones que respaldan su aspiración presidencial puedan presentar listas de candidatos a la Convención Nacional del partido por los diferentes departamentos. Las organizaciones políticas podrán tener en sus estatutos una estructura orgánica propia y diferente para gobernarse, pero su candidatura presidencial quedará definida por esta elección y eventualmente por decisiones del órgano deliberativo de ella resultante.
El esquema centralizador del poder se extiende aún más -esta vez directamente al ámbito de las elecciones departamentales-, porque son los mismos pre-candidatos a presidente quienes también autorizan de hecho, por lo general con la mediación de dirigentes locales aliados a su candidatura, las listas de candidatos a la Convención Departamental del partido. Véase bien: en medio de una campaña de lucha por una candidatura presidencial, se arman las listas para elegir en el mismo acto (junto con las convenciones nacionales) los órganos deliberativos departamentales que habrán de reunirse un año más tarde para nombrar los candidatos a intendente.
Al control más o menos directo de las listas de convencionales departamentales, por parte de los pre-candidatos presidenciales que las prestigian, se suma el hecho de que la cuestión municipal está totalmente ausente del debate de esas elecciones primarias, dominadas por la puja de los pre-candidatos a la Presidencia. Lo que da por resultado una virtual indicación anticipada y centralmente digitada, de los futuros aspirantes locales a las intendencias, un año antes de la formalización de las candidaturas.
Si de verdad se piensa y se busca descentralizar la función pública y la economía, la educación, la salud y la producción, se debería empezar por respetar y estimular la autonomía territorial y municipal en el campo de la actividad política y de la elección de los gobernantes departamentales. Los partidos eligiendo sus autoridades en cada departamento con total independencia de las competencias nacionales y sin injerencia de las cúpulas partidarias, y los departamentos decidiendo por sí mismos el momento, dentro de cada quinquenio, en que van a renovar sus respectivos gobiernos.

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