:: CUCHILLO DE PALO ::
EL MANDATO DEL 31 DE OCTUBRE
Aureliano Rodríguez Larreta

El martes próximo se abrirán nuevamente las Cámaras. El Uruguay tendrá, por primera vez desde 1830, una Asamblea General con una mayoría absoluta ajena a los dos partidos fundacionales. Éstos resignarán el poder de gobernar, legislar y administrar —que han disputado o compartido desde aquella época augural de la República— en manos de otro bando popular, de nuevas élites dirigentes e incluso de una forma diferente de caudillismo. Algo que en el siglo XIX casi nadie podía imaginar y que en el siglo XX pasó a llamarse “la izquierda”, a medida que lograba unificarse y acreditar una entidad política propia.
El Partido Blanco y el Partido Colorado ocuparán sus escaños en la oposición, y antes de acomodar el cuerpo a su inédita situación ya deberán tomar juramento constitucional, el 1º de marzo, a un presidente de la República al que tampoco habían soñado prestar su respeto institucional algún día. Antes bien, un presidente a cuya elección habían opuesto, en los últimos cuatro decenios, todo tipo de obstáculos políticos, constitucionales y de ingeniería electoral. Pero aquel día ha llegado, y después del Legislativo, el Uruguay verá instalado un Poder Ejecutivo que también por vez primera se nutrirá con la sangre, la cultura política, los hábitos sociales, los intereses y la sensibilidad de los que nunca han gobernado.
Nuevamente un 15 de febrero se cargará de emoción, pero esta vez la emoción será muy diferente de aquélla de 1985, cuando los orientales veían de nuevo a sus legítimos representantes en escaños parlamentarios que durante doce años habían sido usurpados por la trama civil del golpe militar de 1973. Allí comenzaba el fin de doce años de sufrimiento, de oprobio político e institucional, de violación de la dignidad humana, de conculcación de la libertad y de reinado de la hipocresía y la ignorancia. En aquel febrero de 1985 se festejó la restauración democrática y el reencuentro. Pero en eso terminaba la emoción. Era el “ritorniamo a l’antico”. El frac y la galera cambiaban de mano pero el Uruguay continuaba siendo el mismo, seguramente empeorado por la obra vil de la dictadura.
Este febrero de 2005 se va a cargar de la emoción del cambio político. Un cambio político de tal significado que bien puede señalar, que debería señalar, una fecha augural comparable a aquella en que los orientales juraron su primera constitución en 1830, creando la tambaleante República vieja, que tanto sacrificio costaría consolidar y donde aquellos partidos fundacionales cumplieron un papel de constructores pioneros, llenos de luces y sombras pero sin duda dignos del reconocimiento de la historia.
El significado de este 15 de febrero “debería” señalar una nueva fecha augural, no solamente porque con ella llega la izquierda al gobierno y los que siempre han gobernado pasan a la oposición, sino porque atrás de este cambio político se encuentran conceptos largamente perseguidos y las más de las veces postergados, que unos podrán llamar “justicia” y otros llamarán “igualdad y fraternidad”. Ideologías aparte, ésas son las ideas fuerza que han puesto el poder político en manos de la izquierda por primera vez, y tanto el partido que se estrena en el gobierno como la sociedad entera deberían concentrar sus energías en esa tarea histórica que el voto popular ha mandado cumplir.
El Uruguay de hoy sangra de pobreza y marginación, al extremo de comprometer seriamente el futuro inmediato de esta sociedad y sus posibilidades de desarrollo. Por eso la importancia de que todos los partidos con representación parlamentaria acuerden bases mínimas para la educación, porque allí se encuentra una parte estratégica de la emergencia social, no para dos años de asistencia sino para evitar que generaciones enteras sean presa de la ignorancia.
Concentrar las energías políticas y sociales en la tarea de gobernar, el oficialismo con sus responsabilidades de gobierno y su mayoría absoluta para legislar, pero la oposición también con las suyas, en lealtad con la nación y aportando su experiencia gubernativa. Y la sociedad civil entera, en la parte que corresponda a la ejecución de políticas públicas que en gran medida tendrán que tener las características de una misión de salvación nacional. No menos que eso es lo que reclama el Uruguay.
Por eso será necesario no distraerse con este ambiente politiquero que ya está ocupando la atención pública, agitándose candidaturas para las elecciones departamentales de mayo. Será responsabilidad de los partidos y de los medios, evitar que esa nueva e inoportuna competencia electoral desconcentre al gobierno, a la oposición y al conjunto de la sociedad de aquello que de verdad importa, tal como quedó definido en el mandato popular del 31 de octubre.

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