:: CUCHILLO DE PALO ::
ARIAS, CARDOSO, LAGOS
Aureliano Rodríguez Larreta

La situación del conflicto con Argentina se ha tornado la peor imaginable, al haberse suspendido la reunión presidencial que se presentaba como el broche de oro de una negociación que parecía encaminarse hacia un acuerdo técnico destinado a terminar con ese cúmulo de irracionalidad e ilegalidad en que la cuestión de las plantas de celulosa se ha convertido.
El mayor retroceso vuelven a producirlo los piqueteros de Gualeguaychú al reimplantar el bloqueo del puente Fray Bentos-Puerto Unzué para impedir la libre circulación, introduciendo de nuevo la ilegalidad en las relaciones entre dos Estados que son alcanzados por el derecho universal y el panamericano, y por las obligaciones que derivan de sus tratados bilaterales por su condición de Estados limítrofes. Dos países que además tienen deberes específicos como Estados Parte del Tratado de Asunción (1991), cuyo artículo 1º les obliga a respetar la libre circulación como requisito inexcusable del mercado común regional.
El primero en lamentarlo ha sido el gobierno argentino, porque al reiterarse la violación al derecho internacional en perjuicio de Uruguay se debilita la posición de Buenos Aires y se fortalece en igual medida la razón jurídica que podrá esgrimir Montevideo ante cualquier organismo político o judicial en el ámbito internacional.
Falta saber ahora hasta cuándo el presidente argentino, Néstor Kirchner, permitirá que su política exterior sea dictada por los piqueteros; hasta qué extremo llevará la omisión y el abandono de sus responsabilidades y de su autoridad constitucional para restablecer el imperio de la ley y el orden interno; y hasta qué punto colocará a la Argentina en la condición de Estado infractor bajo el derecho internacional y regional, al tolerar y proteger la agresión económica y civil contra Uruguay.
Para Uruguay, éste es el momento de mantener la mayor calma y prudencia. Es el momento de continuar negociando sin interrupción con las autoridades argentinas, acentuando la profesionalidad de la gestión. Y es, también, el momento de activar las reclamaciones políticas y judiciales, en los distintos niveles internacionales que correspondan, en base a los conceptos de agresión y de violación al derecho de libre circulación en todas sus dimensiones y expresiones.

LA HAYA, OEA, MERCOSUR

Parece evidente que el gobierno argentino, pese a la publicidad con que hace más de un mes rodeó su decisión de recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —con sede en La Haya—, para demandar a Uruguay con base en el Estatuto del Río Uruguay (1975), lo que menos desea es llegar a esa instancia judicial.
En primer lugar, porque íntimamente sabe que la sentencia sobre el fondo de la cuestión le sería contraria, así como sabe que es muy improbable que los jueces de La Haya ordenen interrumpir la construcción de las plantas de celulosa como medida precautoria. Y en segundo término, porque es sabido que en la CIJ los juicios demoran varios años en llegar a la sentencia, y para entonces ya las plantas estarían en pleno funcionamiento y en condiciones de ser controladas en su responsabilidad ambiental.
El gobierno uruguayo, sin embargo, debería considerar seriamente esa posibilidad, y preparar sus armas jurídicas. Pero debería prepararse, al mismo tiempo, para dos eventualidades. La primera, para responder como demandado ante una demanda argentina. Y la segunda —en estos momentos preferencial— para demandar a la Argentina por violación del derecho internacional en el acto de agresión que configura el bloqueo económico y civil al Uruguay a través de las fronteras terrestres y fluviales.
En esta semana ha trascendido que el gobierno reactivaría sus presentaciones del caso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante el Mercosur. Se trata de dos instancias muy diferentes, que sin embargo deberían ser enfocadas, ambas, como acciones políticas. Y para ello se hace necesario distinguir algunos aspectos.
La OEA, en Washington, es el organismo político panamericano por excelencia, depositario de todo el derecho que los Estados americanos han creado a lo largo de más de un siglo. Allí cabe un planteamiento fuertemente político y al más alto nivel de la Organización en primer lugar, que no puede ser otro que el ministerial. Después podría derivarse, si fuera el caso, una denuncia en el terreno de los derechos humanos, reivindicando el derecho a la libre circulación.
Si el gobierno uruguayo decide formalizar la gestión que el 24 de febrero realizó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Belela Herrera —quien fue portadora de una carta del presidente Tabaré Vázquez al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza—, deberá ahora dar las instrucciones para que la representación permanente del Uruguay ante la Organización inicie el procedimiento de convocatoria de una reunión ministerial de emergencia.
En cuanto al Mercosur, tal como está planteado el conflicto, no parece adecuado accionar el sistema de solución de controversias, como se ha anunciado. Este sistema, básicamente arbitral, está concebido para solucionar diferendos comerciales, que en su mayoría involucran a empresas y que requieren la cooperación de ambas partes. La crisis entre Argentina y Uruguay rompe esos límites y excede ampliamente sus posibilidades, sin contar con el tiempo que insumiría la demanda de arbitraje, no menor a seis meses.
Este conflicto debería ser enfocado en el Mercosur como el asunto político que realmente es. El gobierno uruguayo no tiene otro camino que plantearlo al más alto nivel, exigiendo la convocatoria urgente del Consejo del Mercado Común (CMC), órgano máximo de decisión que integran los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía. Y allí denunciar la violación del Tratado de Asunción.

STATU QUO ANTE BELLUM

El CMC del Mercosur (que también puede reunirse en su formación presidencial), al tomar cartas en el asunto, en primer lugar comprometería la solidaridad de los otros Estados Parte. Muy especialmente buscaría sacar a la diplomacia brasileña y al propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del calculado silencio con que hasta ahora se han comportado, tal vez por temor a deteriorar nuevamente su inestable alianza con Argentina.
Si el CMC no logra alcanzar ningún acuerdo de fondo entre las partes, lo mínimo que debería hacer, en honor a la alta responsabilidad que le cabe en el cumplimiento del Tratado de Asunción, sería decretar la detención de los actos de agresión y el retorno a la situación inicial: el conocido “statu quo ante bellum”, que significa regresar a las posiciones anteriores al comienzo de las hostilidades.
Con ese compromiso en la mano, el CMC estaría en condiciones de llamar a una mediación internacional, con el consentimiento de Argentina y de Uruguay. El grupo mediador podría incluir a tres personalidades de jerarquía indiscutible: el presidente de Costa Rica, Óscar Arias (premio Nobel de la Paz 1987 por su plan de paz para América Central y su participación en el acuerdo Esquipulas II); el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso; y el ex presidente de Chile Ricardo Lagos. Si esas tres cabezas no consiguieran arbitrar una solución racional y razonable a este diferendo, nadie más podrá hacerlo.

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