:: CUCHILLO DE PALO ::
PALOS DE CIEGO
Aureliano Rodríguez Larreta

Así como tantas veces en este país se han iniciado construcciones sin saberse realmente por qué y para qué —valga el ejemplo de algo tan importante como el proyecto de integración subregional del Mercosur en 1991—, provocando a la postre la inevitable decepción; así como tantas veces eso ocurre, también suele hablarse machaconamente de algunos temas que, por ignorancia general de su verdadero significado y falta de seriedad para averiguarlo —valga el ejemplo actual de un tratado de libre comercio con Estados Unidos—, pasan a convertirse en rótulos desgastados, muletillas insignificantes y, lo que es peor, fuente de nuevos espejismos y semilla de futuras frustraciones.
No otra cosa es lo que está sucediendo con el tratamiento público de, precisamente, los dos ejemplos antes citados, que en realidad pertenecen a una sola discusión. Y en este punto es inevitable caer en otra muletilla desgastada (por no dársele contenido), que es la petulante frase de “inserción internacional del país”.
De esta deserción a la razón y al conocimiento no se escapa nadie: ni gobernantes (con alguna digna excepción a contar con muy pocos dedos) ni políticos opositores (con la excepción del senador nacionalista Sergio Abreu, que por lo menos se molestó en escribir un análisis sobre el tema) ni responsables de espacios de comunicación, es decir, colegas periodistas que a diario preguntan, informan y comentan sin saber de lo que están hablando o escribiendo.
Ya desde el final del gobierno anterior —y con mayor precisión desde la crisis de 2002—, están puestos sobre la mesa estos asuntos, que en verdad conforman una única discusión. Pero ella nunca ha sido debidamente acometida. Tampoco tuvo lugar en el debate electoral de 2004.
Ahora, enredado el país en un conflicto político bilateral con la Argentina —que en rigor es ajeno al dilema de la petulancia pero se le utiliza para improvisar en éste—, aventurar ideas sueltas sobre el destino del país se ha convertido en el último grito de la moda. La ignorancia y la falta de interés en saber, sin embargo, continúan incambiadas.Tanto en el gobierno como en la oposición, y lo mismo en el Parlamento que en los medios de comunicación, sólo se atina a dar palos de ciego en esto que podría resumirse en dos palabras: política exterior.

LA CARA INTERNA DE UN TLC

La improvisación parte de unas cuantas evidencias: el Mercosur tal como es y está, no sirve a los intereses de los países pequeños, no cumple con sus cometidos ni contiene mecanismos de solidaridad, no respeta sus propias normas (libre acceso a mercados y unión aduanera), soporta el bilateralismo de los países grandes y actualmente también ha dejado de ser el primer mercado para las exportaciones de economías como la uruguaya. En contraste, Estados Unidos ha pasado a ser el primer cliente de Uruguay. Compra 60% de la carne que el país exporta. En conclusión: es necesario negociar un tratado de libre comercio (TLC) con aquel país, y si para ello fuera necesario, salir del Mercosur.
Deshacer la simpleza de tan cautivante silogismo podría requerir una extensión desmedida para este espacio. En primer lugar porque él expulsa del análisis todas las razones que llevaron a este país a concebir la integración regional como factor inevitable de una estrategia de desarrollo a largo plazo. Y en segundo término porque niega a Uruguay toda posibilidad de actuar para reformar el Mercosur y corregir sus deficiencias.
Puede resultar más útil, en cambio, explicar qué significa un TLC, que alcances debe tener y a qué normas internacionales debe sujetarse. La Organización Mundial del Comercio (OMC) —de la que son miembros 135 países y sin excepción todos los americanos—, como heredera del antiguo GATT, apoya su andamiaje normativo en la cláusula de la nación más favorecida.
Tras su objetivo final de liberalizar el comercio mundial, por esta cláusula la OMC determina que toda ventaja comercial concedida por un país a otro, se hará automáticamente extensiva a los demás miembros. Pero contempla la excepción de las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras, bajo cuyo amparo se firmaron, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, todos los TLCs, las uniones aduaneras y en general los movimientos de integración regional basados en la liberación comercial recíproca y no extensiva a terceros países. Se legitimó así la preferencia arancelaria en que se basan esos sistemas.
Para merecer el reconocimiento como zona de libre comercio, el TLC que la crea debe observar dos requisitos principales: incluir en el programa de liberación la totalidad de la nomenclatura arancelaria (es decir, todo el universo de bienes comercializables) y extender la supresión del arancel aduanero hasta cubrir “lo esencial” del comercio entre las partes; un concepto, este último, que equivale a una liberación total de aproximadamente 96% del comercio recíproco.
En las últimas décadas los países industrializados, con Estados Unidos a la cabeza, han impuesto a los TLCs nuevos contenidos, no arancelarios. Se extreman las normas técnicas y sanitarias, se introduce como condición el tratamiento preferente para compras gubernamentales, e infaltablemente se exige la apertura del sector de servicios, y una legislación abierta en materia de propiedad intelectual (patentes industriales). También se deben negociar las normas disciplinarias del propio tratado, que en el mejor de los casos diseñarán un sistema de solución de controversias al estilo del obtenido por México en el TLC de América del Norte.

LA “PERFORACIÓN” DEL MERCOSUR

Para justificar la súbita reacción de ir a golpear las puertas de la Casa Blanca en busca de un TLC, suele recordarse cuántas veces las normas del Mercosur han sido “perforadas” (o peor aún, “pinchadas”) por sus propios miembros en el mercado interno. La vulgaridad unida a la ignorancia no tiene límites. Pero además se juega con la verdad, porque es verdad que esas violaciones existen.
También es verdad que las exigencias de la unión aduanera y de la política comercial común han sido dejadas de lado con frecuencia en las relaciones externas, en particular en las negociaciones de libre comercio con México y con los países andinos, donde se ha quebrado la norma de negociar en bloque. Pero no debe ocultarse que en todos estos casos se ha tratado con países latinoamericanos miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), y que es dentro de este marco jurídico donde finalmente los acuerdos de libre comercio son protocolizados como “acuerdos de complementación económica” y amparados en las normas de la OMC.
Cosa muy distinta sería negociar un TLC, en solitario, con Estados Unidos. Incluso si los otros miembros le dieran “permiso” a Uruguay para hacerlo, como quedó insinuado en enero pasado, las consecuencias comerciales, estatutarias y políticas serían inocultables para el Mercosur.
Por la importancia económica y política de Estados Unidos; porque el Mercosur tiene vigentes una decisión específica y un acuerdo con aquel país, para negociar en el formato cuatro más uno; porque un eventual TLC bilateral disolvería la preferencia arancelaria (y de cualquier otra naturaleza) de la unión aduanera; y porque ello supondría una ruptura grave de la estrategia del bloque en la negociación del ALCA, con esa actitud Uruguay se colocaría de hecho fuera del sistema subregional de integración.
Este Mercosur tal como hoy existe, aun agotado y plagado de deficiencias, con la adhesión de Venezuela conforma la alianza de mayor poder económico y político que jamás se haya intentado en América Latina. En él, como miembro pleno, Uruguay tiene poder de veto. Cabe preguntarse cuál sería el beneficio, para este pequeño país, de colocarse al margen.

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