:: CUCHILLO DE PALO ::
Ni un paso en falso
Aureliano Rodríguez Larreta

Argentina y Uruguay velan sus armas para enfrentarse en las instancias políticas del Mercosur y en los altos estrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Justo antes del feriado pascual, el gobierno uruguayo presentó sus dos primeros escritos: uno al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino (a cargo de la presidencia semestral del Consejo del Mercado Común - CMC), solicitando la reunión de este órgano; y otro a la CIJ, en su augusta sede de La Haya, con el original procedimiento de “comunicar” a los jueces, en forma preliminar, la ilegalidad creada por el bloqueo argentino contra este país.
Hasta aquí llega, por el momento, el cuadro litigioso que tiene a Uruguay como protagonista. Por un lado, denunciar la infracción internacional en que incurre el Estado argentino al permitir el acto de agresión que significa el bloqueo bajo el sistema universal de las Naciones Unidas; y por el otro, denunciar la violación del Tratado de Asunción (1991) que esas mismas acciones configuran bajo el sistema subregional de integración.

IRRACIONALIDAD DEL CONFLICTO

Esta misma semana se ha divulgado el segundo estudio independiente de impacto ambiental que a pedido de Argentina realizaron dos expertos canadienses contratados por la Corporación Financiera Internacional (agencia del Banco Mundial), el cual a juzgar por sus primeros análisis resulta satisfactorio para ambas partes, ya que califica muy bien el nivel tecnológico y el bajo poder contaminante de las dos plantas de pasta de celulosa que se están instalando en Uruguay, al tiempo que plantea nada menos que 72 modificaciones técnicas para elevar aún más su excelencia y su ajuste a estándares de vanguardia.
Este aspecto de la cuestión es el que hace al fondo del asunto y el que debió haberse mantenido desde el principio dentro de los márgenes que impone la “racionalidad”, como también reivindican reiteradamente los expertos canadienses. Los enfoques más serios y apegados a la sensatez, en ambos países —como en todo momento el diario LA NACIÓN de Buenos Aires—, han denunciado a cada paso la “irracionalidad” del conflicto binacional creado alrededor de estas inversiones extranjeras en Uruguay.
A esta cuestión de fondo —y en base al supuesto incumplimiento por parte del gobierno uruguayo, del Estatuto del Río Uruguay (1975)—, se referirá la demanda que el gobierno argentino se propone presentar ante la CIJ, contra Uruguay.

LAS TABLAS DE LA LEY

Así las cosas, el Uruguay se encuentra ante esta doble perspectiva judicial, por primera vez en la historia de sus relaciones internacionales y nada menos que ante los jueces de La Haya. En primer lugar, la Cancillería deberá formalizar de inmediato ante la CIJ la demanda contra el bloqueo argentino. Y en segundo lugar, le urge preparar sus armas jurídicas para contestar a una eventual demanda argentina sobre el fondo del litigio, que muy probablemente incluirá un pedido de medidas precautorias para suspender la construcción de las plantas.
Esto exigirá al país un enorme esfuerzo diplomático y jurídico. Para enfocar la tarea habrá que recurrir a los mejores recursos humanos y científicos, sin distinción de ninguna naturaleza. Sin descartar, si fuera necesario, el aporte de servicios internacionales especializados.
Sin perjuicio de ello, el momento requiere, además, algo mucho más delicado e igualmente imprescindible: no incurrir en ningún acto de represalia que pueda colocar al país en ilegalidad similar a la argentina. Incluso ante las expresiones de prepotencia y grosería que ya se han producido y que podrán volver a escucharse. Incluso ante la amenaza de nuevos cortes y bloqueos —esta vez de origen sindical—, por vías diferentes de los puentes, como ya se anuncian. Incluso si los suministros de energía contratados con Argentina son interrumpidos.
Sectores económicos como el del transporte terrestre, tendrán que refrenar su confesado impulso de implantar un bloqueo total a la Argentina. Y el gobierno deberá disuadirlos de esas acciones, dejando bien claro que no las permitirá y que garantizará el libre ejercicio de todos los derechos y libertades, en cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales.
Solamente actuando de esa manera, Uruguay podrá esgrimir su razón y sus derechos en el terreno internacional. Un solo paso en falso destruiría toda su estrategia, por calificada que fuera su defensa jurídica. Será responsabilidad del gobierno el tomar de inmediato las medidas conducentes a formar esa conciencia en todos los niveles de la sociedad.
Otra necesidad urgente es restaurar la unidad del sistema político en este conflicto, unidad que se deshilachó tras el “Munich” en que cayó —por falta de experiencia internacional— el presidente Tabaré Vázquez en Santiago de Chile, hace poco más de un mes. Urge que los líderes políticos del primer nivel vuelvan a exhibir un frente unido, junto al gobierno.

ESTRENO EN EL MERCOSUR

Un conflicto de esta envergadura supondrá un estreno para el CMC, al que le incumbe —como “órgano superior”, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía— “la conducción política del proceso de integración”, según el artículo 3 del Protocolo de Ouro Preto (1994). Pero no existe memoria de que en todos estos años se le haya sometido una cuestión de esta naturaleza y gravedad, que le desafía a ejercer su atribución de “velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción” (artículo 8).
Como presidente semestral del CMC, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, no tiene facultades para denegar la convocatoria solicitada por Uruguay. El artículo 7 del citado Protocolo establece que sus reuniones “serán coordinadas por los Ministros de Relaciones Exteriores”, de forma que la consulta previa entre todos ellos es inevitable.
Pese a que las decisiones del CMC son obligatorias para todos los Estados Parte, ellas deben ser adoptadas por consenso, lo que significa que la negativa de cualquiera de sus miembros equivale a un veto que paraliza la acción del Consejo.
En esta ocasión, Uruguay deberá presentar ante el CMC un planteamiento fuertemente político, que obligue a los demás Estados a involucrarse de forma solidaria en la cuestión. El objetivo uruguayo no puede ser otro que el restablecimiento de la libre circulación, con garantía del Estado argentino.
En cuanto a la cuestión de fondo, el Mercosur no cuenta con normas comunes que el CMC pueda aplicar. En su defecto, podría llamar a una mediación latinoamericana de muy alto nivel internacional, como fue sugerido en este mismo espacio el 8 de abril último.

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