:: CUCHILLO DE PALO ::
España: Zapatero para rato (y III)
Aureliano Rodríguez Larreta

El domingo 18 los ciudadanos de Cataluña dieron un contundente “SÍ” al referéndum vinculante por el que quedó aprobado y en vigencia el segundo y tal vez definitivo “Estatut” que regirá en el futuro las competencias de gobierno de esa comunidad autónoma, su financiamiento y sus relaciones con el Estado español. Bien está que se diga, en este caso, “ciudadanos de Cataluña” y no exclusivamente “catalanes”, pues siempre ha habido en esa industriosa sociedad una fortísima población emigrada de otras regiones de España, sin contar con la inmigración extranjera que habrá adquirido la nacionalidad española.
El apoyo al nuevo estatuto fue más que expresivo: 73,90 por ciento, contra 20,76 por ciento que votaron “NO”. Ante cifras tan aplastantes pierde importancia la abstención, y pasa a ser apenas un dato estadístico, que en un domingo veraniego la mitad de los votantes habilitados no haya concurrido a las urnas.
Además de expresivo, el resultado era el que cabía esperar: hicieron campaña por el Estatut las dos fuerzas políticas que han gobernado en Cataluña bajo la Constitución de 1978: la coalición Convergencia i Unió (liberales catalanistas con demócratas cristianos), ahora en la oposición, y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), actualmente al frente del gobierno de la Generalitat y vinculado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que gobierna hoy en España. Apoyaron también el “SÍ” las izquierdas catalanistas y ecologistas, reunidas en Iniciativa per Catalunya (IC), donde predominan los comunistas y son las expresión catalana de Izquierda Unida (IU) a nivel nacional, coaligadas con los verdes en IC-V.
En el voto contrario al Estatut coincidieron los extremos opuestos: el Partido Popular (PP), que expresa a la derecha española y en Cataluña a la derecha catalana y españolista, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Los primeros por entender que el nuevo estatuto destruye la unidad de España; y los segundos por lo contrario: por juzgarlo insuficiente para las necesidades catalanas, tras haberle negado el voto, en las Cortes Generales en Madrid, al texto modificado que resultó de las negociaciones conducidas por los socialistas y el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
Con tamaña coincidencia histórica, la campaña contra el Estatut estaba condenada al fracaso, a una derrota cuyos restos están recogiendo ahora, tanto los “populares” como los republicanos catalanes. El líder del PP en Cataluña, Josep Piqué, y el presidente del ERC, Josep Lluis Carod Rovira, se internaron en palabras incomprensibles al conocerse el resultado de la votación, mientras los partidos por el “SÍ”, y el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, idealizaban ya el futuro funcionamiento de las instituciones españolas.

EL DÍA DESPUÉS

De lo que ahora se trata es, precisamente, de concebir la desembocadura del Estado de las Autonomías inventado por el pacto democrático en la Constitución de 1978. Un Estado que podría requerir de una reforma federalista para evitar los previsibles efectos de una intrínseca fuerza centrífuga, imparable y disgregadora, tal como lo ha advertido el catedrático de Sociología Ignacio Sotelo, en la revista Política Exterior, número 111, Madrid, mayo / junio 2006.
El miércoles 21, la ETA emitió un nuevo comunicado en el que pidió al Gobierno “pasar de las palabras a los hechos” en su anunciada política de pacificación para el País Vasco, que incluye entablar contactos con la organización separatista para hacer definitivo el alto el fuego y ordenar las cosas de manera que sea posible una negociación entre todas las fuerzas políticas vascas, entre sí y con el Gobierno español.
Enseguida, el presidente del PP, Mariano Rajoy, volvió a reclamar que alguien del Gobierno “salga a decir que no tiene ningún tipo de compromiso con ETA”. El líder de la oposición continúa aferrado a la línea de que “con ETA no se negocia”, sin recordar las ocasiones en que el gobierno de su partido, presidido por José María Aznar, condujo también alguna fracasada negociación.
El jueves 22, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, visitó en La Moncloa al señor Rodríguez Zapatero, y durante dos horas y media se comprometieron a iniciar de inmediato la aplicación del Estatut, comenzando por la instalación de las comisiones mixtas que en él están previstas.
La política territorial y la pacificación, necesariamente van de la mano en España, y esto es algo que tiene muy claro el presidente Zapatero. La oposición del PP, en cambio, no parece hablar el mismo lenguaje ni manejar ideas que la coloquen en situación de dialogar sobre políticas nacionales en ese terreno. Se limita a la negación, a la acusación, al discurso altisonante, sin propuestas alternativas. El señor Rajoy suena destemplado, irritado e irritante en sus intervenciones, lo mismo que dos o tres de sus dirigentes de segunda línea.
No aparecen en el escenario español figuras que puedan disputar el gobierno y el liderazgo, por el momento, a José Luis Rodríguez Zapatero. Acaba de recoger una victoria sustancial en Cataluña, y se dispone a hincarle el diente a la durísima cuestión del País Vasco. El único líder que podría todavía levantar su voz, Felipe González, se mantiene en una discreta reserva, aunque se sabe que no tiene mucha comunicación con el jefe del Gobierno. Hace algunas semanas se animó a decir que no comprende bien la actual política territorial, aunque tampoco comprendía la de 1999, del señor Aznar.
La improductiva actitud de la oposición española podría servir de ejemplo (a no ser imitado) a la oposición uruguaya, que exhibe negativismos parecidos y con frecuencia parece dar palos de ciego ante un gobierno que no precisa de sus votos. Ideas y soluciones alternativas es lo que los países esperan de la oposición, y quién sabe, tal vez los gobiernos necesitan.

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