:: CUCHILLO DE PALO ::
Un felón anda suelto
Aureliano Rodríguez Larreta

Como “todos en Uruguay conocen”, la noticia política de esta semana ha sido la fuga del coronel retirado Gilberto Vázquez, en momentos en que era internado en el Hospital Militar por un supuesto mal prostático. El gobierno uruguayo ha debido informarle a las autoridades argentinas que ya no tiene bajo su custodia a uno de los cinco militares y policías cuya detención y extradición ha solicitado la Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos en su territorio en los años 70, cuando en ambos países imperaban regímenes dictatoriales.
Desde la mira de las relaciones exteriores, Uruguay se coloca en falta ante un país al que le ligan las obligaciones derivadas de un tratado bilateral de extradición. Por decisión previa del Poder Ejecutivo, tres de los cinco sujetos (los tres oficiales retirados del Ejército), estaban bajo la custodia del Ministerio de Defensa, en detención administrativa que se cumplía en unidades del arma de tierra. Por lo tanto, cabe a la ministra Azucena Berrutti la responsabilidad política que pueda derivarse del episodio y ser eventualmente exigida en el Parlamento, sin perjuicio de la sensibilidad institucional y personal de una gobernante que hasta ahora ha conducido su cartera con temple, inteligencia y acierto.
En particular habría que poner en claro qué tipo de acuerdo o pacto, y bajo qué tipo de presiones, hizo que el Ejecutivo decidiera dejar en la órbita de Defensa y bajo la custodia del Ejército, a tres sujetos cuya detención preventiva correspondía al Ministerio del Interior y concretamente a la Policía. Como ahora se ha dispuesto, cuando ya el daño está hecho.
También cae una responsabilidad, de otra naturaleza, sobre el comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, quien tenía bajo su mando la custodia de los tres requeridos. Por debajo de él, a los jefes de las unidades respectivas, responsables por las condiciones en que se hacía efectiva la detención. Y finalmente, será necesario que se expliquen las medidas de seguridad que se dispusieron para el traslado al Hospital Militar del supuesto enfermo, ahora fugitivo.
En declaraciones ofrecidas el viernes 7 a Radio El Espectador, el comandante en jefe, de forma muy correcta y como corresponde dentro de los límites que su cargo le impone, asumió personalmente toda la responsabilidad, afirmó que él había solicitado al presidente Tabaré Vázquez que esos oficiales quedaran bajo custodia del Ejército, y explicó que la detención se había realizado bajo “palabra de honor”, de los detenidos ante él, como es de uso en la institución cuando se cumple una sanción y como lo impone el código de honor.
No desmintió el teniente general Díaz que, consecuente con la responsabilidad que asume, ha solicitado el relevo al presidente de la República, lo que significaría su pase a retiro. Pero no antes de que la Policía recupere al prófugo, según ha trascendido. Los militares no renuncian sino que piden la dimisión, sin calificar su decisión como “indeclinable” ni nada por el estilo. Corresponde a su superior, en este caso el presidente Vázquez, calibrar la situación y considerar en ese contexto la sustitución del comandante en jefe.
Bien haría el presidente Vázquez en denegar el pase a retiro del comandante del Ejército y ratificarle su confianza, sin perjuicio de los cambios y sanciones que pudieran corresponder en niveles inferiores. El teniente general Díaz es pieza fundamental de la política del Ejecutivo en relación a las Fuerzas Armadas y en particular para la ejecución de la llamada “política de derechos humanos”, que incluye una nueva interpretación de los alcances de la Ley de Caducidad y habilita una investigación selectiva de algunos hechos delictivos protagonizados durante la dictadura por personal militar y policial.
Puede palparse en el ambiente la existencia de movimientos reaccionarios vinculados a viejos personajes del régimen militar, la mayoría de ellos en situación de retiro, que vuelven a recurrir a los peores medios para impedir que se sepa siquiera un palmo de la verdad y que se castigue, aunque sea en otro país, a los culpables directos de una suma de crímenes ignominiosos.
En la misma tendencia conspirativa puede registrarse el escrito que recientemente presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un grupo de generales retirados, solicitando la anulación de la decisión del Poder Ejecutivo que excluyó del alcance de la Ley de Caducidad a un grupo selecto de aquellos delitos de lesa humanidad.
Lo que cuesta entender es que tal escrito haya sido patrocinado, como letrado, por el ex senador y ex vicepresidente de la República Gonzalo Aguirre Ramírez. Cuesta reconocer en él al redactor del primer documento clandestino del Partido Nacional, previo a las negociaciones para la salida de la dictadura, cuya publicación le costó una clausura al semanario Opinar. Cuesta comprender que la misma persona ponga ahora su preparación jurídica, su pluma y su firma junto a los viejos generales del régimen que usurpó el poder constitucional.
Aún más cuesta encontrar en ese letrado al candidato que Wilson Ferreira Aldunate respaldó desde la prisión militar para disputar la vicepresidencia, junto a Alberto Zumarán, en las elecciones de 1984. Parece irreal el verle aferrado a la peor interpretación de una ley en cuyos orígenes él mismo estuvo en 1988, sin duda consciente de ser objeto, él junto a todo el sistema político, de una presión militar que volvía a poner en riesgo a unas instituciones democráticas precariamente recuperadas.
El coronel retirado ahora en fuga, antes verdugo de un régimen oprobioso, ha traicionado las normas del honor militar al sustraerse a su detención. Ha faltado a la lealtad hacia sus superiores y camaradas. Por ambas acepciones de la palabra —por la crueldad anterior y por la traición actual— se desnuda como un felón. Y lleva su felonía al extremo de dirigirle una carta abierta al presidente de la República, de contenido inaceptable. Además de su criminosidad contra la humanidad, esta siniestra persona se coloca en el campo del deshonor, y del deshonor marcial, cuya discusión ya queda abierta al interés general..

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