:: CUCHILLO DE PALO ::
Alerta legisladores (y III): Las mafias aún andan sueltas
Aureliano Rodríguez Larreta

En la política del fútbol ha tenido lugar un hecho importante, necesario: la renovación en la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Las instituciones eligieron esta semana, por un período estatutario de cuatro años, al abogado José Luis Corbo. Cambio necesario, imprescindible, porque el nuevo presidente es un hombre honesto, un hombre del deporte, un hombre del Derecho (con mayúscula por el respeto) y un hombre con una carrera dentro de la propia Asociación. Por todo esto, la mudanza de resorte se hacía indispensable, pero ella no es suficiente: el cambio sustancial todavía está por hacerse.
En su primera entrevista radial, pocas horas después de ser elegido, José Luis Corbo se expresó de forma inobjetable: recuperación de la independencia, transparencia en la gestión, cumplimiento estricto de las normas estatutarias y reglamentarias, apertura a toda investigación y auditoría (en lo que tiene experiencia profesional), buena sintonía con el gobierno (para lo cual le asisten antiguas y dignas afinidades) y una prudente pero clara posición ante los compromisos contractuales que todavía vinculan a la AUF con la controvertida empresa Tenfield y su titular, Francisco Casal, dejando la puerta abierta para cualquier revisión o finalización si fuera necesario.
Queda claro que por lo menos se ha terminado con diez años de “canflunfla” en la presidencia de la AUF. Ahora hace falta que se termine con una historia de más de veinte años en que se había legitimado la corrupción, la compra de votos y el toma y daca de favores indebidos, los manejos mafiosos de los intereses deportivos, la propiedad privada y el tráfico internacional de jugadores, la entrega de las facultades rectoras de la Asociación en manos de un grupo privado, la enajenación de los derechos televisivos del fútbol asociado, y en fin, que se limpie y liquide todo eso tan maloliente que ha llevado al fútbol uruguayo a la lastimosa situación en que se encuentra.
Esa no será una tarea fácil. Seguramente el nuevo presidente de la AUF tiene presente que las mafias siguen estando allí, andan sueltas, y harán todo para minar su gestión. Por ello parece imprescindible que el Parlamento, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Deportes y con las autoridades de la Asociación, conciba y apruebe las normas legales conducentes a lograr un puñado de altos fines deportivos y éticos, vinculados al “interés general” que constitucionalmente podría atribuirse a la actuación de la Selección Nacional, en todos sus niveles, en el ámbito internacional del fútbol asociado.
En estos días se han escuchado propuestas osadas pero interesantes, para remediar esta honda crisis. La más original la lanzó Juan Grompone, sugiriendo que la AUF se retire de la FIFA por diez años para recuperar la dirección del fútbol, regenerar las competencias nacionales, crear un régimen nacional de protección de los derechos laborales de los jugadores profesionales y luego volver a afiliarse para disputar los campeonatos en condiciones competitivas. Otro analista sugirió la necesidad de que la empresa Tenfield y Paco Casal dejen de operar en Uruguay. Apuestas atractivas, como se ve, pero también utópicas.
El camino legislativo en defensa del interés general podría resolver estas y muchas otras cuestiones sin causar traumatismos institucionales. Esta serie de comentarios sobre la política del fútbol, que aquí concluye por el momento, comenzó dos sábados atrás con unas bases para una legislación dirigida a proteger el interés público en la gestión de la Selección Nacional de fútbol profesional y colocar la actuación de la AUF bajo control parlamentario. No debería perderse esta oportunidad de legislar en una materia que concita tantas esperanzas en el ánimo popular.

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