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:: CUCHILLO DE PALO :: |
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De qué hablamos cuando hablamos de un TLC |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
La mesa está
servida. Sólo falta sentarse a ella y llegar en octubre a alguna
conclusión de consenso nacional —y aceptable, tanto para
Uruguay como para los Estados Unidos de América— que permita
tener pronto un acuerdo comercial bilateral a principios de 2007.
Pronto, que no ratificado, pues después vendrá la complicada
etapa de los parlamentos. Aunque la voluntad política del gobierno
no dejó dudas en el simposio del miércoles, quedan aún
muchas incógnitas por despejar, y ellas sólo podrán
revelarse cuando la negociación alcance la profundidad necesaria.
Si bien se mira, la voluntad política del gobierno ofreció
un enorme flanco para dudar de su integridad, a juzgar por las palabras
y la actitud —nuevamente incómoda, renuente y negativa—
del ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano. ¿Qué
quiere decir el canciller cuando afirma que “no vamos a tener un
TLC”? ¿Todavía siente amparada su posición
en las palabras del presidente de la República, Tabaré Vázquez,
que prefiere dejar de lado las siglas y los rótulos para privilegiar
los contenidos, aún ignotos?
La gran incógnita política que surge del simposio “Uruguay
en la economía global” es si el ministro Gargano continuará
en el cargo, y en todo caso, cuánto tiempo se mantendrá
en él. Ciertamente, la jornada del miércoles no fue un buen
preámbulo de la actuación que deberán protagonizar
en breves días en el Senado, conjuntamente, el titular de Exteriores
y el de Economía y Finanzas, Danilo Astori, llamados a sala por
el Partido Nacional para explicar este aspecto de la política exterior.
La posición del ministro Gargano fue cuestionada en 2005 por su
actuación en el Mercosur, cuando le tocó la presidencia
pro témpore. Se debilitó aún más en el conflicto
con Argentina, en el primer semestre de 2006, aunque en julio pudo recoger
a su favor los lauros de la actuación uruguaya en La Haya. Es comprensible
y acertado que el presidente Vázquez no haya querido sustituir
al ministro de Exteriores en los momentos más delicados de aquel
conflicto, para no debilitar la posición del país. Un cambio
de esta naturaleza, si resulta inevitable, debe hacerse en un momento
de remanso de la tensión externa y desvinculándolo de todo
litigio internacional.
Las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos —otro
tema que ha dividido largamente al gobierno, con el ministro Gargano en
uno de los extremos— está llegando a un punto en que la situación
del canciller en el gabinete se hará insostenible, ya que seguramente
los negociadores norteamericanos no concederán favores a Uruguay
a cambio de nada, y esa valoración desatará la disidencia.
Sólo falta saber en qué momento se producirá la sustitución
y en el marco de qué nuevos equilibrios de fuerza dentro del Frente
Amplio.
EL VERDADERO SIGNIFICADO DE UN TLC
El ministro Astori
fue el que más cerca estuvo de hablar con total claridad acerca
de esa sigla, nunca explicada debidamente, en que ha venido a convertirse
el llamado “tratado de libre comercio”, una especie de espejismo
que para unos es el origen de la felicidad y para otros la fuente de todos
los males.
El ministro de Economía partió de la crítica más
certera a los defectos estructurales y de comportamiento del Mercosur,
explicando las justas razones que asisten a los países menores
(Paraguay y Uruguay) cuando reclaman contra la desigual distribución
de los beneficios de la integración.
Sin poner en duda la prioridad de la integración regional en la
estrategia de desarrollo del país, puso el dedo en la llaga de
las “asimetrías”. Manejó con precisión
las decisiones del Consejo del Mercado Común que en 2004 y 2005
pretendieron poner remedio a parte de las deficiencias más acusadas
del sistema de integración subregional pero fueron nuevamente incumplidas
por la inacción de los países mayores. Y basó en
ese incumplimiento el derecho que en su opinión asiste a Paraguay
y Uruguay de buscar en la salida al exterior y en la inserción
internacional el remedio para aquellas asimetrías.
Hizo el ministro Astori una acertada referencia a la unión aduanera
del Mercosur y a los requisitos de una política comercial común,
pero se detuvo en el momento de abordar el verdadero obstáculo
que se opone a una verdadera negociación de libre comercio con
terceros países, que pueda efectuar individualmente un país
miembro de aquella unión: el margen de preferencia regional.
Claro que implícitamente no lo ignoró, al minimizar el impacto
económico potencial de tal política por parte de Paraguay
y Uruguay. En ese sentido recordó que la importación extrarregional
de estos dos países no supera el 5% del total de la importación
extrarregional del Mercosur.
En este punto de la discusión puede resultar útil explicar
qué significa un TLC, qué alcances debe tener y a qué
normas internacionales debe sujetarse. La Organización Mundial
del Comercio (OMC), como heredera del antiguo GATT, apoya su andamiaje
normativo en la cláusula de la nación más favorecida.
Tras su objetivo final de liberalizar el comercio mundial, por esta cláusula
la OMC determina que toda ventaja comercial concedida por un país
a otro, se hará automáticamente extensiva a los demás
miembros. Pero contempla la excepción de las zonas de libre comercio
y las uniones aduaneras, bajo cuyo amparo se firmaron, a lo largo de la
segunda mitad del siglo XX, todos los TLCs, las uniones aduaneras y en
general los movimientos de integración regional basados en la liberación
comercial recíproca y no extensiva a terceros países. Se
legitimó así la preferencia arancelaria en que se basan
esos sistemas.
Para merecer el reconocimiento como zona de libre comercio, el TLC que
la crea debe observar dos requisitos principales: incluir en el programa
de liberación la totalidad de la nomenclatura arancelaria (es decir,
todo el universo de bienes comercializables) y extender la supresión
del arancel aduanero hasta cubrir “lo esencial” del comercio
entre las partes; un concepto, este último, que equivale a una
liberación total de aproximadamente 96% del comercio recíproco.
En las últimas décadas los países industrializados,
con Estados Unidos a la cabeza, han impuesto a los TLCs nuevos contenidos,
no arancelarios. Se extreman las normas técnicas y sanitarias,
se introduce como condición el tratamiento preferente para compras
gubernamentales, e infaltablemente se exige la apertura del sector de
servicios, y una legislación abierta en materia de propiedad intelectual
(patentes industriales). También se deben negociar las normas disciplinarias
del propio tratado.
En la eventualidad de que Uruguay negociara en solitario con Estados Unidos,
incluso si los otros miembros del Mercosur le dieran “permiso”
para hacerlo, como quedó insinuado en enero pasado, las consecuencias
comerciales, estatutarias y políticas serían inocultables
para el bloque subregional.
Habrá que calibrar la importancia económica y política
de Estados Unidos; el hecho de que el Mercosur tiene vigentes una decisión
específica y un acuerdo con aquel país, para negociar en
el formato cuatro más uno; y la consecuencia, tal vez inevitable,
de que un eventual TLC bilateral disolvería la referencia arancelaria
(y de cualquier otra naturaleza) de la unión aduanera.
En este momento crucial para el destino del Uruguay se echa de menos una
política exterior capaz de recorrer todos los caminos que hagan
falta para exigir a los países mayores del Mercosur la más
auténtica reforma del sistema subregional como garantía
indispensable para el desarrollo de los países menores.
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