:: CUCHILLO DE PALO ::
De qué hablamos cuando hablamos de un TLC
Aureliano Rodríguez Larreta

La mesa está servida. Sólo falta sentarse a ella y llegar en octubre a alguna conclusión de consenso nacional —y aceptable, tanto para Uruguay como para los Estados Unidos de América— que permita tener pronto un acuerdo comercial bilateral a principios de 2007.
Pronto, que no ratificado, pues después vendrá la complicada etapa de los parlamentos. Aunque la voluntad política del gobierno no dejó dudas en el simposio del miércoles, quedan aún muchas incógnitas por despejar, y ellas sólo podrán revelarse cuando la negociación alcance la profundidad necesaria.
Si bien se mira, la voluntad política del gobierno ofreció un enorme flanco para dudar de su integridad, a juzgar por las palabras y la actitud —nuevamente incómoda, renuente y negativa— del ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano. ¿Qué quiere decir el canciller cuando afirma que “no vamos a tener un TLC”? ¿Todavía siente amparada su posición en las palabras del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que prefiere dejar de lado las siglas y los rótulos para privilegiar los contenidos, aún ignotos?
La gran incógnita política que surge del simposio “Uruguay en la economía global” es si el ministro Gargano continuará en el cargo, y en todo caso, cuánto tiempo se mantendrá en él. Ciertamente, la jornada del miércoles no fue un buen preámbulo de la actuación que deberán protagonizar en breves días en el Senado, conjuntamente, el titular de Exteriores y el de Economía y Finanzas, Danilo Astori, llamados a sala por el Partido Nacional para explicar este aspecto de la política exterior.
La posición del ministro Gargano fue cuestionada en 2005 por su actuación en el Mercosur, cuando le tocó la presidencia pro témpore. Se debilitó aún más en el conflicto con Argentina, en el primer semestre de 2006, aunque en julio pudo recoger a su favor los lauros de la actuación uruguaya en La Haya. Es comprensible y acertado que el presidente Vázquez no haya querido sustituir al ministro de Exteriores en los momentos más delicados de aquel conflicto, para no debilitar la posición del país. Un cambio de esta naturaleza, si resulta inevitable, debe hacerse en un momento de remanso de la tensión externa y desvinculándolo de todo litigio internacional.
Las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos —otro tema que ha dividido largamente al gobierno, con el ministro Gargano en uno de los extremos— está llegando a un punto en que la situación del canciller en el gabinete se hará insostenible, ya que seguramente los negociadores norteamericanos no concederán favores a Uruguay a cambio de nada, y esa valoración desatará la disidencia. Sólo falta saber en qué momento se producirá la sustitución y en el marco de qué nuevos equilibrios de fuerza dentro del Frente Amplio.

EL VERDADERO SIGNIFICADO DE UN TLC

El ministro Astori fue el que más cerca estuvo de hablar con total claridad acerca de esa sigla, nunca explicada debidamente, en que ha venido a convertirse el llamado “tratado de libre comercio”, una especie de espejismo que para unos es el origen de la felicidad y para otros la fuente de todos los males.
El ministro de Economía partió de la crítica más certera a los defectos estructurales y de comportamiento del Mercosur, explicando las justas razones que asisten a los países menores (Paraguay y Uruguay) cuando reclaman contra la desigual distribución de los beneficios de la integración.
Sin poner en duda la prioridad de la integración regional en la estrategia de desarrollo del país, puso el dedo en la llaga de las “asimetrías”. Manejó con precisión las decisiones del Consejo del Mercado Común que en 2004 y 2005 pretendieron poner remedio a parte de las deficiencias más acusadas del sistema de integración subregional pero fueron nuevamente incumplidas por la inacción de los países mayores. Y basó en ese incumplimiento el derecho que en su opinión asiste a Paraguay y Uruguay de buscar en la salida al exterior y en la inserción internacional el remedio para aquellas asimetrías.
Hizo el ministro Astori una acertada referencia a la unión aduanera del Mercosur y a los requisitos de una política comercial común, pero se detuvo en el momento de abordar el verdadero obstáculo que se opone a una verdadera negociación de libre comercio con terceros países, que pueda efectuar individualmente un país miembro de aquella unión: el margen de preferencia regional.
Claro que implícitamente no lo ignoró, al minimizar el impacto económico potencial de tal política por parte de Paraguay y Uruguay. En ese sentido recordó que la importación extrarregional de estos dos países no supera el 5% del total de la importación extrarregional del Mercosur.
En este punto de la discusión puede resultar útil explicar qué significa un TLC, qué alcances debe tener y a qué normas internacionales debe sujetarse. La Organización Mundial del Comercio (OMC), como heredera del antiguo GATT, apoya su andamiaje normativo en la cláusula de la nación más favorecida.
Tras su objetivo final de liberalizar el comercio mundial, por esta cláusula la OMC determina que toda ventaja comercial concedida por un país a otro, se hará automáticamente extensiva a los demás miembros. Pero contempla la excepción de las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras, bajo cuyo amparo se firmaron, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, todos los TLCs, las uniones aduaneras y en general los movimientos de integración regional basados en la liberación comercial recíproca y no extensiva a terceros países. Se legitimó así la preferencia arancelaria en que se basan esos sistemas.
Para merecer el reconocimiento como zona de libre comercio, el TLC que la crea debe observar dos requisitos principales: incluir en el programa de liberación la totalidad de la nomenclatura arancelaria (es decir, todo el universo de bienes comercializables) y extender la supresión del arancel aduanero hasta cubrir “lo esencial” del comercio entre las partes; un concepto, este último, que equivale a una liberación total de aproximadamente 96% del comercio recíproco.
En las últimas décadas los países industrializados, con Estados Unidos a la cabeza, han impuesto a los TLCs nuevos contenidos, no arancelarios. Se extreman las normas técnicas y sanitarias, se introduce como condición el tratamiento preferente para compras gubernamentales, e infaltablemente se exige la apertura del sector de servicios, y una legislación abierta en materia de propiedad intelectual (patentes industriales). También se deben negociar las normas disciplinarias del propio tratado.
En la eventualidad de que Uruguay negociara en solitario con Estados Unidos, incluso si los otros miembros del Mercosur le dieran “permiso” para hacerlo, como quedó insinuado en enero pasado, las consecuencias comerciales, estatutarias y políticas serían inocultables para el bloque subregional.
Habrá que calibrar la importancia económica y política de Estados Unidos; el hecho de que el Mercosur tiene vigentes una decisión específica y un acuerdo con aquel país, para negociar en el formato cuatro más uno; y la consecuencia, tal vez inevitable, de que un eventual TLC bilateral disolvería la referencia arancelaria (y de cualquier otra naturaleza) de la unión aduanera.
En este momento crucial para el destino del Uruguay se echa de menos una política exterior capaz de recorrer todos los caminos que hagan falta para exigir a los países mayores del Mercosur la más auténtica reforma del sistema subregional como garantía indispensable para el desarrollo de los países menores.

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