:: CUCHILLO DE PALO ::
REELECCIÓN, PRESIDENCIALISMO Y DEMOCRACIA
Aureliano Rodríguez Larreta

Nunca deja de asombrar la afición que el sistema político uruguayo siente por reformar la Constitución, no para modernizar al país, para hacerlo mejor y más justo, sino para confeccionar un nuevo artilugio electoral en función de un propósito político subalterno.

Apenas promediado el segundo año del gobierno del Frente Amplio, ya se intenta alborotar el avispero en pos de la reelección del presidente de la República, unos admitiendo tal posibilidad y otros negándola, mientras parte de la profesión periodística se lanza con avidez encima del tema, por artificioso que parezca. Y así se crea un hecho político innecesario, un objeto de debate inventado, que distrae la atención de cosas más importantes.

Entre las pocas tradiciones políticas firmes, de las que los orientales puedan sentir orgullo y profesar permanente adhesión, se encuentra sin duda el principio de no reelección del presidente de la República. Podría equipararse al de la representación proporcional integral en las Cámaras legislativas. Estos dos principios distinguen al país en la región y en el mundo, y así deberían ser considerados, respetados y cultivados por todos y en todo momento.

Si el presidente Tabaré Vázquez quisiera hacer algo grande por la salud democrática del país, nada le costaría extirpar limpiamente las primeras células de crecimiento anormal, sin necesidad de radiación posterior. Le bastaría con levantar su voz, una sola y definitiva vez, para proclamar un “NO” constitucional y patriótico.

“Conmigo no cuenten para eso”, es lo que la gente desea escuchar de su Presidente, mientras en los países vecinos se ofrecen espectáculos de manipulación política, de fabricación del poder desde el poder y de corrupción, que avergüenzan a esas grandes naciones en el concierto internacional. Si el señor Vázquez hiciera eso prontamente, por cierto reforzaría la adhesión popular de que goza, pero sobre todo conquistaría el respeto de la nación entera.

Si, por el contrario, dejara crecer la indefinición y los rumores especulativos a su alrededor, demorando un pronunciamiento personal, caería al nivel de esa categoría de líder político que tanto se ve modernamente y por estas tierras, poco respetuoso de la institución que inviste, acomodaticio y sediento de poder por el poder mismo.

Después de la Asamblea Nacional Constituyente de la cual surgió la Constitución de 1918 —allí se discutió con jerarquía el Uruguay moderno, que era fruto de casi 90 años de evolución política y social sin que se hubiera modificado el primer texto constitucional—, este país no ha vuelto a tener una oportunidad semejante. Todas las reformas han sido trajes a la medida para un pacto político de momento, para reforzar un liderazgo naciente o para cerrarle el paso a otro, para instalar un régimen autoritario o para restaurar el sistema democrático anterior.

En consecuencia, el país se está debiendo a sí mismo, en particular desde la salida de la dictadura en 1985 —que fue una simple restauración— una nueva instancia constituyente donde, en lugar de hacerse nuevos “toqueteos” oportunistas de carácter electoral, representantes especialmente elegidos discutan la carta fundamental del Uruguay del siglo XXI.

La reforma de 1996, casi exclusivamente electoral, junto a varios cambios que tendieron a eliminar viejos vicios del sistema, consagró la elección del presidente de la República por mayoría absoluta y eventualmente en segunda vuelta. Se introdujo el conocido “ballotage” en un intento de impedir el triunfo del Frente Amplio y en particular de Tabaré Vázquez.

El artilugio funcionó en 1999 tal como lo habían pensado los partidos tradicionales, pero se dio vuelta contra ellos en 2004. Demostró en la práctica su naturaleza perniciosa, polarizante y potencialmente antidemocrática —si el presidente no cuenta con mayoría en el Parlamento se puede sentir autorizado a atropellarlo—, y aportó al sistema semi-presidencialista de la Constitución de 1967 un potente refuerzo de la institución presidencial.

Discutir en este marco constitucional la posibilidad de reelegir al presidente de la República significaría introducir a este país en una senda de autoritarismo que no mantiene ninguna afinidad con su talante ni con sus tradiciones. El presidencialismo está demostrando en América del Sur, hoy más que nunca, que es utilizado como vehículo de pretensiones autocráticas disfrazadas de constitucionalidad, cuando no como arma para crear aparatos de poder personal separados de la representación del pueblo en el Parlamento y del funcionamiento de los partidos políticos. Por el contrario, Uruguay tiene condiciones culturales y políticas para distinguirse en el contexto latinoamericano con una reforma parlamentarista y descentralizadora que profundice la democracia y la libertad.

Todos los sectores democráticos uruguayos, incluido el Frente Amplio, combatieron en 1971 la pretensión reeleccionista del presidente Jorge Pacheco Areco, y no la combatieron solamente porque el interesado estuviera enfrentado a ellos desde la Presidencia, sino también, y en primer lugar, por fidelidad a aquel principio democrático tan afincado en las costumbres nacionales. No parece que hoy estén dadas las condiciones para desmentir aquella tradición.

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