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:: CUCHILLO DE PALO :: |
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REELECCIÓN, PRESIDENCIALISMO Y DEMOCRACIA |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Nunca deja de asombrar
la afición que el sistema político uruguayo siente por reformar
la Constitución, no para modernizar al país, para hacerlo
mejor y más justo, sino para confeccionar un nuevo artilugio electoral
en función de un propósito político subalterno.
Apenas promediado
el segundo año del gobierno del Frente Amplio, ya se intenta alborotar
el avispero en pos de la reelección del presidente de la República,
unos admitiendo tal posibilidad y otros negándola, mientras parte
de la profesión periodística se lanza con avidez encima
del tema, por artificioso que parezca. Y así se crea un hecho político
innecesario, un objeto de debate inventado, que distrae la atención
de cosas más importantes.
Entre las pocas tradiciones
políticas firmes, de las que los orientales puedan sentir orgullo
y profesar permanente adhesión, se encuentra sin duda el principio
de no reelección del presidente de la República. Podría
equipararse al de la representación proporcional integral en las
Cámaras legislativas. Estos dos principios distinguen al país
en la región y en el mundo, y así deberían ser considerados,
respetados y cultivados por todos y en todo momento.
Si el presidente
Tabaré Vázquez quisiera hacer algo grande por la salud democrática
del país, nada le costaría extirpar limpiamente las primeras
células de crecimiento anormal, sin necesidad de radiación
posterior. Le bastaría con levantar su voz, una sola y definitiva
vez, para proclamar un “NO” constitucional y patriótico.
“Conmigo no
cuenten para eso”, es lo que la gente desea escuchar de su Presidente,
mientras en los países vecinos se ofrecen espectáculos de
manipulación política, de fabricación del poder desde
el poder y de corrupción, que avergüenzan a esas grandes naciones
en el concierto internacional. Si el señor Vázquez hiciera
eso prontamente, por cierto reforzaría la adhesión popular
de que goza, pero sobre todo conquistaría el respeto de la nación
entera.
Si, por el contrario,
dejara crecer la indefinición y los rumores especulativos a su
alrededor, demorando un pronunciamiento personal, caería al nivel
de esa categoría de líder político que tanto se ve
modernamente y por estas tierras, poco respetuoso de la institución
que inviste, acomodaticio y sediento de poder por el poder mismo.
Después de
la Asamblea Nacional Constituyente de la cual surgió la Constitución
de 1918 —allí se discutió con jerarquía el
Uruguay moderno, que era fruto de casi 90 años de evolución
política y social sin que se hubiera modificado el primer texto
constitucional—, este país no ha vuelto a tener una oportunidad
semejante. Todas las reformas han sido trajes a la medida para un pacto
político de momento, para reforzar un liderazgo naciente o para
cerrarle el paso a otro, para instalar un régimen autoritario o
para restaurar el sistema democrático anterior.
En consecuencia,
el país se está debiendo a sí mismo, en particular
desde la salida de la dictadura en 1985 —que fue una simple restauración—
una nueva instancia constituyente donde, en lugar de hacerse nuevos “toqueteos”
oportunistas de carácter electoral, representantes especialmente
elegidos discutan la carta fundamental del Uruguay del siglo XXI.
La reforma de 1996,
casi exclusivamente electoral, junto a varios cambios que tendieron a
eliminar viejos vicios del sistema, consagró la elección
del presidente de la República por mayoría absoluta y eventualmente
en segunda vuelta. Se introdujo el conocido “ballotage” en
un intento de impedir el triunfo del Frente Amplio y en particular de
Tabaré Vázquez.
El artilugio funcionó
en 1999 tal como lo habían pensado los partidos tradicionales,
pero se dio vuelta contra ellos en 2004. Demostró en la práctica
su naturaleza perniciosa, polarizante y potencialmente antidemocrática
—si el presidente no cuenta con mayoría en el Parlamento
se puede sentir autorizado a atropellarlo—, y aportó al sistema
semi-presidencialista de la Constitución de 1967 un potente refuerzo
de la institución presidencial.
Discutir en este
marco constitucional la posibilidad de reelegir al presidente de la República
significaría introducir a este país en una senda de autoritarismo
que no mantiene ninguna afinidad con su talante ni con sus tradiciones.
El presidencialismo está demostrando en América del Sur,
hoy más que nunca, que es utilizado como vehículo de pretensiones
autocráticas disfrazadas de constitucionalidad, cuando no como
arma para crear aparatos de poder personal separados de la representación
del pueblo en el Parlamento y del funcionamiento de los partidos políticos.
Por el contrario, Uruguay tiene condiciones culturales y políticas
para distinguirse en el contexto latinoamericano con una reforma parlamentarista
y descentralizadora que profundice la democracia y la libertad.
Todos los sectores
democráticos uruguayos, incluido el Frente Amplio, combatieron
en 1971 la pretensión reeleccionista del presidente Jorge Pacheco
Areco, y no la combatieron solamente porque el interesado estuviera enfrentado
a ellos desde la Presidencia, sino también, y en primer lugar,
por fidelidad a aquel principio democrático tan afincado en las
costumbres nacionales. No parece que hoy estén dadas las condiciones
para desmentir aquella tradición.
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