:: CUCHILLO DE PALO ::
EL MERCOSUR Y SU PARLAMENTO “GUACHO”
Aureliano Rodríguez Larreta

Era igualmente lógico, tanto apoyar como oponerse al protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur que acaba de aprobar el Senado —el proyecto de ley pasa ahora a la Cámara Baja—, porque en este caso la disyuntiva legislativa está mal planteada, así como lo estuvo esta idea desde sus orígenes. La demagogia embarga a los dirigentes políticos de la región y les hace saltar por sobre sus fracasos con iniciativas de este estilo, que idealmente habría que abrazar pero que vienen mal desde su gestación.

Por eso pierde todo interés la posibilidad de adentrarse en el debate político que protagonizaron los senadores, con los frenteamplistas a favor del protocolo y con los blancos y los colorados en contra. Era evidente que los legisladores oficialistas habrían de abrir camino a la ratificación de un tratado que su gobierno firmó (a pesar de que algunos se guardaran sus reservas en el pecho), así como también lo era que los opositores no levantarían sus manos aunque en varios de ellos alentara todavía la causa de la integración regional. Y ambas actitudes tenían su justificación, porque no está allí el centro de la cuestión.

En un proyecto de integración, un parlamento regional significa aceptar la idea de que existan instituciones comunes, y más precisamente dicho, instituciones comunitarias. Éstas sólo legitiman su existencia si tienen las competencias exclusivas, verdaderas y eficaces que hacen a su naturaleza. En el caso de un parlamento, las propias de esta institución: legislación y control. Para que un parlamento regional, comunitario, pueda cumplir su función necesita de la existencia simultánea de, por lo menos, las otras dos instituciones clásicas del gobierno de los hombres: la ejecutiva y la judicial. Y para que todo esto pueda existir hace falta aceptar el principio de supranacionalidad.

Por escolar que parezca este silogismo —con perdón del lector—, es preciso reiterarlo para poner de relieve la orfandad en que nacerá este Parlamento del Mercosur, donde todo el campo de toma de decisiones es intergubernamental. No podrá ejercer las competencias que le serían propias en un sistema completo de instituciones comunitarias; no podrá ser colegislador con la ejecutiva que tenga a cargo los intereses comunes y con el órgano intergubernamental (Consejo) donde los Estados miembros defiendan sus intereses particulares; no tendrá con quién dialogar institucionalmente.

CAJA DE RESONANCIA

Habría bastado con ampliar las competencias de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, para alcanzar los resultados que se aspira obtener con este “parlamento”. De hecho no va a significar otra cosa que una ampliación física de aquella Comisión. Se crea en realidad un espacio con acústica, donde los delegados de los parlamentos nacionales podrán agotar su retórica regional. Una caja de resonancia aumentada, tal vez, para los discursos presidenciales.

La atribución más efectiva que esta cámara regional tendrá se refiere a una especie de filtro calificador de las normas aprobadas por los órganos del Mercosur, a fin de facilitar y garantizar su conversión al derecho positivo interno de los Estados miembros. Hace años que se viene denunciando el déficit acumulado que mantienen los gobiernos en este campo —casi 70% de las regulaciones no están en aplicación—, lo cual constituye uno de los factores menos conocidos pero más expresivos de incumplimiento de lo acordado. Podría haberse reforzado a la Comisión Parlamentaria Conjunta con estas competencias, y así evitar el papelón internacional que significa crear una cáscara vacía.

El Tratado de Asunción (1991) incurrió en la temeridad de pretender que un mercado común estaría vigente en el plazo de cuatro años, algo que asombró hasta al más lego en la materia. Este protocolo retoma aquel ímpetu temerario al determinar que la asamblea parlamentaria inicialmente compuesta por 18 delegados de cada uno de los parlamentos nacionales, a partir de 2010 se convertirá en un parlamento regional elegido por el voto directo de todos los ciudadanos de los Estados miembros.

Olvidan los redactores del protocolo, que no podrá llegarse a tal elección sin que el estado de conciencia de la ciudadanía —y en general de la opinión pública de estos países acerca de la idea de integración regional— haya avanzado hasta el punto de maduración necesario para que tal elección pueda realizarse con un mínimo de racionalidad democrática. En un Mercosur que a 15 años de fundado se encuentra severamente cuestionado y amenazado por movimientos dispersivos, no será con una votación prematura y no sentida ni comprendida, para elegir un parlamento sin competencias efectivas, que se va a remediar todo lo que ha sido mal hecho en el proyecto de integración.

SIN POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

La creación de este parlamento, ideada por el presidente Lula de Brasil, se convirtió en uno de los objetivos primordiales de la presidencia uruguaya del Mercosur, en el segundo semestre de 2005. Otro fue la adhesión de Venezuela, que se concretó seis meses más tarde, bajo presidencia argentina. Desde el primer momento parecieron escasos y equivocados, ambos objetivos, para una gestión de política exterior que en relación con la integración regional demandaba del nuevo gobierno una propuesta de reforma que a la vez fuera original, independiente, radical y sustancial.

Al Mercosur de los Cuatro, que ya enfrentaba su más honda crisis, le correspondía reformarse para profundizar su integración sobre nuevas bases, y entonces sí, crear sus nuevas instituciones bajo principios comunitarios. Pero crearlas todas juntas, como un sistema equilibrado. Unas instituciones que garantizaran la equidad en la distribución de los beneficios de la integración.

En un estudio colectivo sobre inversión extranjera directa en el Mercosur, que en estos días es publicado en Rio de Janeiro, el economista brasileño Mohamed Amal atribuye a la “organización institucional limitada” del Mercosur, en primer lugar, “un nivel de desarrollo deficitario del proyecto de integración”. Y a continuación señala que más recientemente ese déficit institucional ha dado lugar “al surgimiento de conflictos muy serios en relación con la capacidad de atracción de inversión extranjera directa de cada país”. Entre estos conflictos menciona “la disputa binacional sobre inversiones en la industria de celulosa entre Uruguay y Argentina”, y concluye que todo esto genera dudas “sobre la utilidad del Mercosur como instrumento de superación de tales problemas”. (“O investimento direto externo no Mercosul: o papel da Europa”, Fundación Konrad Adenauer – Brasil).

Una vez que hubiera superado su honda crisis con el lanzamiento de un nuevo proyecto y nuevas bases institucionales, el Mercosur podría abrir un proceso de ampliación a nuevos miembros. Esto es lo que no se vio, o no se quiso ver, en el segundo semestre de 2005. En la situación actual, la incorporación de Venezuela —ideologías y estrategias internacionales aparte—, antes que mejorar el equilibrio interno de poder, se convierte en una nueva complicación.

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