:: CUCHILLO DE PALO ::
ERROR Y FRACASO DE LA MAYORÍA ABSOLUTA
Aureliano Rodríguez Larreta

El episodio del nombramiento de la fiscal Mirtha Guianze como encargada del despacho del Fiscal de Corte en forma interina —realizado por el Ejecutivo sin atender a los preceptos constitucionales y a leyes análogas a la situación creada por no lograrse la venia del Senado para la investidura definitiva—, no ha sido más que la demostración más flagrante de la perversidad institucional que encierra la exigencia de mayoría absoluta para la elección del presidente de la República.

La oposición ha arreciado en las últimas semanas en el señalamiento y denuncia de una serie de “abusos”, “atropellos” o “actos de arrogancia” en que han podido incurrir el Presidente, algunos ministros, el gobierno en pleno y las bancadas de diputados y senadores en la tarea legislativa o en funciones de contralor del Ejecutivo. Al extremo de que en el Directorio del Partido Nacional fue redactado un informe jurídico donde se compilan las violaciones al “estado de Derecho” supuestamente perpetradas por el gobierno del Frente Amplio.

Una vez más, el invento mató al inventor. Hasta podría ser demostrado que la mayoría de esas acusaciones son ciertas, que el Frente Amplio y sus gobernantes se han embebido tanto de la mayoría obtenida en las urnas y reflejada en el Parlamento, que a su inicial inexperiencia de gobierno suman ahora una borrachera de poder. “Las alturas me marean”, dice la leyenda que habría respondido Aparicio Saravia a una invitación de José Batlle y Ordóñez.

Lo que de verdad está sucediendo no radica en la índole malvada del Frente Amplio y sus representantes. Si se aguza un poco la memoria, se recordará de qué forma fue forzada la Constitución bajo la presidencia de Jorge Pacheco Areco —en una preparación autoritaria del golpe de Estado que después llevaría la firma de su sucesor, Juan María Bordaberry—, y se recordará que todo aquello sucedía en un gobierno del Partido Colorado, con apoyo parlamentario de parte de ese partido y del sector “echegoyenista” del Partido Nacional. Y se recordará también que todo aquello sucedía sin el apremio de la regla de la mayoría absoluta.

En esto como en tantas cosas, “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Seguro que nadie podrá arrojarla, como no sea un partido virginal. Porque la cuestión verdadera no está en la arrogancia o el autoritarismo de los frenteamplistas sino en la exigencia de mayoría absoluta con eventual segunda vuelta que la reforma de 1996 introdujo para la elección del jefe del Estado y del gobierno. Los partidos fundacionales —ambos vacunados ya contra el mareo de las alturas— quisieron encontrar una forma de evitar el triunfo inminente de la izquierda, y no hallaron algo mejor que el “ballotage”. En 1999 consiguieron postergar la irresistible ascensión del candidato Tabaré Vázquez por cinco años, pero en 2004 la máquina infernal se dio vuelta contra ellos. Fue Guillotin.

La experiencia está demostrando que el mito de la mayoría absoluta, además de su ínsita falsedad, proyecta perversidades sobre el sistema político y tiende a la regresión democrática, con independencia de quién sea el gobernante y qué índole de partido le respalde. En sólo dos ensayos electorales, esta regla mayoritaria ha fortalecido indebidamente la figura presidencial, ha extremado la irracionalidad del voto, ha polarizado la opinión política y la voluntad del ciudadano alrededor de dos extremos opuestos y maniqueos (derecha e izquierda), creando un nuevo bipartidismo, y finalmente ha significado un desmedro para la máxima expresión del sistema representantivo, que es el Parlamento. Su introducción ha resultado un error histórico, del que la democracia uruguaya debe retractarse con urgencia.

No caben sorpresas, por lo tanto. En 2004, el votante tuvo el sentido común de darle también, al Presidente, la mayoría absoluta en el Parlamento. Pero, muy sabiamente, se la dio justita, no pasó de ese umbral. El presidente Vázquez y el Frente Amplio pueden gobernar, pero no pueden decidir otras cosas especiales que hacen a las instituciones, de lo que ha sido sólo un ejemplo la imposibilidad de reunir tres quintos del Senado para nombrar al Fiscal de Corte.

Si disponiendo de mayoría parlamentaria el gobierno es acusado de atropellar a las minorías para sacar sus leyes, cabe imaginar lo que podría ocurrir si se hubiera dado en las urnas el resultado contrario —y más frecuente—, de que el presidente fuera elegido en segunda vuelta con más del 50%, pero quedara en minoría en el Parlamento. ¿Qué tentación autoritaria no sufriría un presidente, con tantos votos atrás pero incapaz de organizar una coalición, al que se le enfrentara la representación integral del pueblo, reunida en las Cámaras?

Esta regla mayoritaria de segunda vuelta para el Ejecutivo trae en sí misma la simiente del atropello a las instituciones. El país podría ser mejor gobernado, pero sobre todo vivir mejor en democracia, con gobiernos minoritarios que se vieran obligados a pactar “en” el Parlamento, como ocurre en los países más desarrollados y democráticos. Ésta es la reforma pendiente.

En Estados Unidos y en Brasil existe lo que en la política brasileña se llama “sabatina”, para hacer nombramientos especiales como embajadores y algunos altos cargos independientes del Estado. El candidato es interrogado en una comisión del Senado para conocer sus ideas, opiniones y otras características de su personalidad. En Uruguay se hacen cosas distintas, menos confesables y menos transparentes. La Fiscal de Corte no ha tenido sabatina.

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