:: CUCHILLO DE PALO ::
ALGO RARO ESTÁ PASANDO
Aureliano Rodríguez Larreta

Los puertos vuelven a funcionar, los barcos y los aviones son abastecidos, las exportaciones e importaciones corren de nuevo por sus carriles, los alimentos y los combustibles llegan a la gente. La normalidad ha sido rápidamente recobrada. Sin embargo, no cabe hacerse los distraídos. Aquí ha pasado algo raro.

Cuenta Gabriel García Márquez en el epílogo de “Noticia de un secuestro”, que el narcotraficante y mafioso Pablo Escobar, con su leyenda en ocaso, sus recursos diezmados y acorralado por los servicios de rastreo del Estado, fue finalmente localizado, el 2 de diciembre de 1993, en una casa de Medellín desde donde desafiaba el riesgo de llamar por teléfono a su hijo Juan Pablo, recién llegado del extranjero. Cuando sintió que derribaban la puerta, cayó en la cuenta. “Te dejo —dijo— porque aquí está pasando algo raro”. Fueron sus últimas palabras, consigna el colombiano, maestro de periodistas.

El reencuentro con ese relato —que revive un hito de la historia contemporánea de Colombia—, el martes de esta semana en Uruguay, fue suficiente para sacar esas palabras de su contexto y dejar que se convirtieran mágicamente en el punto de partida de una reflexión sobre lo que ese día alteraba la vida e inquietaba el alma de los orientales. “Aquí está pasando algo raro”. Sólo que, a diferencia de aquel final abrupto y trágico, entre nosotros ese “algo raro” viene de atrás en el tiempo y aún sigue ocurriendo.

Al intento de entender e interpretar, no ya lo que pasó sino aquello de mayor alcance que corre por los subsuelos de la política y la sociedad uruguaya, se han aplicado en estos días los primarios esfuerzos del periodismo y de analistas políticos, sin contar las opiniones siempre sesgadas de los políticos, que siempre buscan llevar el agua a su molino.

CUANDO LA IZQUIERDA GOBIERNA

Sería de inocentes pensar que el primer gobierno de una importante coalición política de izquierdas como es el Frente Amplio, tras 35 años de consolidación y crecimiento, no fuera a afectar intereses. Toda medida gubernamental los afecta, aun las que toman aquellos que se limitan a administrar, como fue el caso de las dos presidencias coloradas de Julio María Sanguinetti. Cuando le tocó a los blancos con Luis Alberto Lacalle, el acento liberal en la política económica se hizo sentir: se inauguró el atraso cambiario, se intentó privatizar empresas públicas, el país se abasteció fuertemente de productos importados, los cambios modernizadores los realizó el mercado y se tornó regresiva la distribución del ingreso.

El gobierno del Frente Amplio, para ser fiel a su programa y a sus promesas, debía realizar reformas que necesariamente tocaran diversas situaciones, desmontaran privilegios y tendieran a la equidad. Nadie podía llamarse a engaño con un primer año (2005) donde se ratificaban los criterios básicos de la política fiscal, financiera, monetaria y cambiaria, inaugurada en la salida de la crisis (2003-2004) y se ordenaban las relaciones con los acreedores internacionales. Apenas el plan de emergencia daba el tono, por la vía de la asistencia a las situaciones de indigencia, de que una gente diferente había tomado las riendas del país.

A nadie puede asombrar que un gobierno de izquierda efectúe transferencias de recursos de unos sectores sociales hacia otros, con sentido de equidad. El plan del fideicomiso para subsidiar las tarifas del transporte público de pasajeros en todo el país es una medida que tiende a beneficiar al ciudadano de a pie, y el gobierno ha inventado un procedimiento fiscal para hacerlo posible.

Bajo un régimen electoral que ahora impone la mayoría absoluta para elegir al presidente de la República y que en 2004 el pueblo extendió al Frente Amplio en el Parlamento —error y fracaso histórico que el sistema político uruguayo debería reconocer y remediar sin demora—, el gobierno actual no debía ni podía continuar en la tónica de 2005, que daba satisfacción a la oposición. Debía lanzar sus proyectos de reformas estructurales, tal como está ocurriendo con la reforma tributaria, que sin duda es el buque insignia del Ministerio de Economía y Finanzas. Allí sí, en estas reformas que duelen es donde inevitablemente se afectan intereses, y se van a afectar intereses. Lo mismo va a ocurrir con la reforma de la salud, con la siempre esperada reforma del Estado, e incluso con la educación, aunque en este último campo no cabe ningún tipo de sectarismo ni de visión excluyente, y el tema debe ser tratado como una política nacional.

No parecen muy acertadas aquellas voces opositoras que sostienen que el gobierno no tiene rumbo. Aun con un presidente oncólogo y pescador, los opositores no deberían subestimar la capacidad de Tabaré Vázquez para mover los hilos de su gabinete y para navegar por las turbulencias de la propia coalición gobernante. Su estilo personal y hasta personalista se acomoda bien al respaldo de la mayoría absoluta que una infeliz institucionalidad le ha conferido, lo que provoca la frecuente acusación de autoritarismo por parte de la oposición.

CUANDO LAS INSTITUCIONES ESTÁN EN JUEGO

El Directorio del Partido Nacional aprobó un documento que denuncia una serie de supuestas violaciones al Estado de Derecho por parte del gobierno. Un programa de televisión bastante desacreditado armó con Pedro Bordaberry una celada para atraer ante las cámaras a Rafael Michelini para confrontarlo con una grabación secreta de una conversación telefónica de 50 minutos, de la cual se editaron algunas frases. Dos episodios, simples antecedentes que conforman un clima.

El comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, junto a otros dos generales, celebra una reunión de consulta política con el Foro Batllista, en las personas de Julio María Sanguinetti y Yamandú Fau, sin conocimiento ni autorización del Poder Ejecutivo pero con conocimiento del semanario “Búsqueda”, que incluso confirma la realización del encuentro una vez comenzado. El presidente Vázquez releva de inmediato al comandante en jefe, mientras la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, le expresa: “usted cayó en una trampa”.

La intergremial del transporte de cargas desencadena abruptamente una huelga general patronal por tiempo indeterminado, paralizando la economía del país. Una huelga salvaje. El motivo es el fideicomiso para subsidiar las tarifas del transporte público de pasajeros. El gobierno decreta servicios esenciales y en menos de 24 horas los empresarios huelguistas levantan el paro y aceptan la fórmula que antes de la huelga le había propuesto el gobierno, la cual permite, mediante compensaciones impositivas, financiar el fideicomiso, rebajar las tarifas del transporte de pasajeros y aun mejorar los resultados netos de los camioneros.

No hace falta ser muy lince para sospechar que “aquí está pasando algo raro”. Alguien está buscando a otro alguien para desestabilizar algunas cosas en este país, como única forma de evitar que el gobierno lleve adelante sus reformas, sobre todo allí donde se van a tocar ciertos privilegios. Pero se ponen en riesgo valores muy altos, como las propias instituciones. Este gobierno debe culminar su mandato constitucional y luego someterse al juicio de las urnas. Entretanto, sólo el Parlamento tendrá potestades para modificar su rumbo.

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