| :: CUCHILLO DE PALO :: |  |
| Jorge Brovetto propone reforma electoral | |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Los más altos cargos de los cuatro partidos con representación parlamentaria están convocados para el próximo lunes a fin de encontrar un candidato de consenso que alcance los tres quintos del Senado para ser nombrado fiscal de Corte. Estos capitostes del sistema político deberían sentir el llamado de la República —que no por capricho coloca un listón tan alto para algunas cosas, unas pocas, de gran jerarquía institucional— y terminar con la mezquindad partidista que en este asunto ha atravesado ya a tres gobiernos diferentes.
Deberían encerrarse, tal cual lo hace el colegio cardenalicio del Vaticano para elegir a un nuevo jefe de la Iglesia Católica, pedir café y sándwiches y no separarse antes que el humo blanco haya salido por la chimenea del claustro parlamentario donde se reunirán. Es lo menos que se les puede exigir.
Y luego, si fiscal de Corte habemus, deberían continuar con el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, pero no haciendo con estos altos órganos independientes ni uno ni dos paquetes de repartija cuotificada sino observando lo que ha querido el constituyente, en la letra y el espíritu de la ley fundamental. Sólo una renuencia contumaz a vivir ese espíritu con grandeza y a cumplir con lo que está escrito, permite explicar que sucesivas legislaturas hayan preferido la mediocridad del fracaso a la necesaria renovación de aquellas autoridades constitucionales.
El invitador es Jorge Brovetto, ministro de Educación y Cultura, quien ha acentuado en las últimas semanas ese papel de nexo entre el Poder Ejecutivo (léase el presidente Tabaré Vázquez) y las bancadas parlamentarias (léase los partidos de la oposición), un papel que en otras ocasiones le ha correspondido por su condición de presidente del Frente Amplio.
Desde la interpelación en el Senado por el tema de la educación, sin embargo, su actuación ha cobrado un nuevo cariz político, en algunos aspectos parecido al desempeño de un ministro encargado de las relaciones con el parlamento y en otros sucedáneo del carácter que décadas atrás solía tener en Uruguay el ministro del Interior. En tal carácter se le veía como ministro “de Gobierno”, o de la Gobernación, como se le llamó en España en épocas pasadas. Fueron las propuestas que en esa interpelación lanzó el ministro Brovetto, las que han desembocado en esta nueva negociación de alto nivel para desencallar los mencionados asuntos de Estado que requieren mayorías cualificadas.
Sea como sea, parece necesario explicarse, y colocar en algún contexto político, otras opiniones que casi simultáneamente ha expresado el ministro Brovetto y que directamente conducen a la necesidad de reformar la Constitución en tres aspectos político-electorales muy concretos: que se permita la reelección del presidente de la República, que se elimine el “balotaje” para la elección de ese cargo y que las elecciones departamentales vuelvan a juntarse con las nacionales, permitiéndose el voto por diferentes partidos en uno y otro nivel (voto cruzado).
Antes de entrar en materia en cada una de esas opiniones —que fueron arrojadas al aire sin origen conocido salvo el personal y sin otro destinatario que la opinión pública—, cabe preguntarse por qué razón ellas son lanzadas en este momento (antes de terminar el segundo año del mandato del presidente Vázquez), con qué propósito las hace públicas el presidente del Frente Amplio (si como globo sonda para tantear el ambiente y observar reacciones), y hasta qué punto se encuentran detrás de ellas el presidente de la República o figuras de su entorno.
Como primer movimiento, las expresiones del ministro Brovetto parecen abrigar la intención de desencadenar un proceso de discusión pública que ha de tener por delante muchas instancias y un largo tiempo de negociación, dentro del Frente Amplio, entre todos los partidos y en el propio Parlamento, ya que de inmediato surgen también las consabidas especulaciones sobre qué procedimiento de reforma va a ser el preferido por unos y otros, según sus intereses particulares.
Ante cualquier sugerencia de reelección del presidente de la República, el Frente Amplio y el presidente Vázquez no podrían tener otra respuesta, en coherencia con su historia y con sus principios, que una negativa cerrada. Lo mismo habrán de opinar los ciudadanos que comprendan la trascendencia de mantener ese principio tradicional de la democracia uruguaya, que distingue a este país en la región y en el mundo.
En cuanto al balotaje, el ministro Brovetto parece cubrirse de razón al expresar que esa exigencia de mayoría absoluta para elegir al presidente de la República, eventualmente en una segunda vuelta si en la primera no es obtenida, no fue otra cosa que un artilugio electoral introducido por los partidos tradicionales en 1996 para impedir el acceso al gobierno del Frente Amplio. Una vez invertidos sus deseados efectos, a favor del candidato Vázquez en 2004, la continuidad de este requisito se vuelve totalmente inútil, y no solamente inútil sino perjudicial para la democracia y para el sistema político, al tender a la polarización de la opinión pública y a la creación de un nuevo bipartidismo.
Las elecciones departamentales como están ahora, ubicadas dos meses después de la instalación del gobierno nacional, a ojos vista resultan totalmente inconvenientes. Pero no por estar separadas temporalmente de las nacionales sino porque interfieren con el tiempo en que las nuevas políticas del gobierno comienzan a ser puestas en ejecución y agitan la opinión pública apenas seis meses después de acallados los ecos de la campaña electoral mayor.
Volver a juntar las elecciones departamentales con las nacionales significaría un retroceso en el intento de dar valor político a la realidad municipal y tender a una verdadera descentralización del país. Inevitablemente, el debate de las cuestiones nacionales ahogaría nuevamente la discusión de los temas locales. La opción correcta no parece ser la que propone el ministro Brovetto sino la contraria: realizar la elección departamental en la mitad del mandato del gobierno nacional.
Este debate no ha hecho sino empezar, si es que va a empezar. Por su origen, parece que sí.
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