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:: CUCHILLO DE PALO :: |
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Jorge Brovetto propone reforma electoral |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Los más altos
cargos de los cuatro partidos con representación parlamentaria
están convocados para el próximo lunes a fin de encontrar
un candidato de consenso que alcance los tres quintos del Senado para
ser nombrado fiscal de Corte. Estos capitostes del sistema político
deberían sentir el llamado de la República —que no
por capricho coloca un listón tan alto para algunas cosas, unas
pocas, de gran jerarquía institucional— y terminar con la
mezquindad partidista que en este asunto ha atravesado ya a tres gobiernos
diferentes.
Deberían encerrarse,
tal cual lo hace el colegio cardenalicio del Vaticano para elegir a un
nuevo jefe de la Iglesia Católica, pedir café y sándwiches
y no separarse antes que el humo blanco haya salido por la chimenea del
claustro parlamentario donde se reunirán. Es lo menos que se les
puede exigir.
Y luego, si fiscal
de Corte habemus, deberían continuar con el Tribunal de Cuentas
y la Corte Electoral, pero no haciendo con estos altos órganos
independientes ni uno ni dos paquetes de repartija cuotificada sino observando
lo que ha querido el constituyente, en la letra y el espíritu de
la ley fundamental. Sólo una renuencia contumaz a vivir ese espíritu
con grandeza y a cumplir con lo que está escrito, permite explicar
que sucesivas legislaturas hayan preferido la mediocridad del fracaso
a la necesaria renovación de aquellas autoridades constitucionales.
El invitador es Jorge
Brovetto, ministro de Educación y Cultura, quien ha acentuado en
las últimas semanas ese papel de nexo entre el Poder Ejecutivo
(léase el presidente Tabaré Vázquez) y las bancadas
parlamentarias (léase los partidos de la oposición), un
papel que en otras ocasiones le ha correspondido por su condición
de presidente del Frente Amplio.
Desde la interpelación
en el Senado por el tema de la educación, sin embargo, su actuación
ha cobrado un nuevo cariz político, en algunos aspectos parecido
al desempeño de un ministro encargado de las relaciones con el
parlamento y en otros sucedáneo del carácter que décadas
atrás solía tener en Uruguay el ministro del Interior. En
tal carácter se le veía como ministro “de Gobierno”,
o de la Gobernación, como se le llamó en España en
épocas pasadas. Fueron las propuestas que en esa interpelación
lanzó el ministro Brovetto, las que han desembocado en esta nueva
negociación de alto nivel para desencallar los mencionados asuntos
de Estado que requieren mayorías cualificadas.
Sea como sea, parece
necesario explicarse, y colocar en algún contexto político,
otras opiniones que casi simultáneamente ha expresado el ministro
Brovetto y que directamente conducen a la necesidad de reformar la Constitución
en tres aspectos político-electorales muy concretos: que se permita
la reelección del presidente de la República, que se elimine
el “balotaje” para la elección de ese cargo y que las
elecciones departamentales vuelvan a juntarse con las nacionales, permitiéndose
el voto por diferentes partidos en uno y otro nivel (voto cruzado).
Antes de entrar en
materia en cada una de esas opiniones —que fueron arrojadas al aire
sin origen conocido salvo el personal y sin otro destinatario que la opinión
pública—, cabe preguntarse por qué razón ellas
son lanzadas en este momento (antes de terminar el segundo año
del mandato del presidente Vázquez), con qué propósito
las hace públicas el presidente del Frente Amplio (si como globo
sonda para tantear el ambiente y observar reacciones), y hasta qué
punto se encuentran detrás de ellas el presidente de la República
o figuras de su entorno.
Como primer movimiento,
las expresiones del ministro Brovetto parecen abrigar la intención
de desencadenar un proceso de discusión pública que ha de
tener por delante muchas instancias y un largo tiempo de negociación,
dentro del Frente Amplio, entre todos los partidos y en el propio Parlamento,
ya que de inmediato surgen también las consabidas especulaciones
sobre qué procedimiento de reforma va a ser el preferido por unos
y otros, según sus intereses particulares.
Ante cualquier sugerencia
de reelección del presidente de la República, el Frente
Amplio y el presidente Vázquez no podrían tener otra respuesta,
en coherencia con su historia y con sus principios, que una negativa cerrada.
Lo mismo habrán de opinar los ciudadanos que comprendan la trascendencia
de mantener ese principio tradicional de la democracia uruguaya, que distingue
a este país en la región y en el mundo.
En cuanto al balotaje,
el ministro Brovetto parece cubrirse de razón al expresar que esa
exigencia de mayoría absoluta para elegir al presidente de la República,
eventualmente en una segunda vuelta si en la primera no es obtenida, no
fue otra cosa que un artilugio electoral introducido por los partidos
tradicionales en 1996 para impedir el acceso al gobierno del Frente Amplio.
Una vez invertidos sus deseados efectos, a favor del candidato Vázquez
en 2004, la continuidad de este requisito se vuelve totalmente inútil,
y no solamente inútil sino perjudicial para la democracia y para
el sistema político, al tender a la polarización de la opinión
pública y a la creación de un nuevo bipartidismo.
Las elecciones departamentales
como están ahora, ubicadas dos meses después de la instalación
del gobierno nacional, a ojos vista resultan totalmente inconvenientes.
Pero no por estar separadas temporalmente de las nacionales sino porque
interfieren con el tiempo en que las nuevas políticas del gobierno
comienzan a ser puestas en ejecución y agitan la opinión
pública apenas seis meses después de acallados los ecos
de la campaña electoral mayor.
Volver a juntar las
elecciones departamentales con las nacionales significaría un retroceso
en el intento de dar valor político a la realidad municipal y tender
a una verdadera descentralización del país. Inevitablemente,
el debate de las cuestiones nacionales ahogaría nuevamente la discusión
de los temas locales. La opción correcta no parece ser la que propone
el ministro Brovetto sino la contraria: realizar la elección departamental
en la mitad del mandato del gobierno nacional.
Este debate no ha
hecho sino empezar, si es que va a empezar. Por su origen, parece que
sí.
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