:: CUCHILLO DE PALO ::
Presidencialismo+balotaje+hoja única+reelección: una mueca de democracia
Aureliano Rodríguez Larreta

“Democracia plena” es el concepto en que una reciente investigación de la revista británica The Economist incluyó a Uruguay, aunque cerrando este grupo de privilegio en el último lugar, el 28º. De América Latina, sólo Costa Rica se colocó más arriba, mientras los primeros lugares están ocupados por países europeos, con escandinavos y neerlandeses a la cabeza. “¡Muy bien!”, se dijo. El personal uruguayo satisfecho. Craso error.

Si se adopta meramente la forma de gobierno y las normas electorales como vara para medir el “democratismo” de los países allí colocados como líderes —incluido Uruguay en ese lugar 28º, comprometido con el descenso—, la satisfacción oriental va a caer mucho. Y la europea merecerá fuertes matices.

Este país tiene entre sus reglas más asentadas y prestigiosas, desde aquel “período excelente de nuestra historia” (palabras de Washington Reyes Abadie para calificar a los años 20 del siglo pasado, dichas hace décadas en el Paraninfo), el principio de la “representación proporcional integral” en las cámaras legislativas. Forma parte del orgullo nacional y parece intangible. Sin embargo, de forma muy sutil el sistema político uruguayo se ha encargado de recortarlo por otras vías.

Los sistemas electorales del mundo desarrollado, los de las “democracias plenas”, en su gran mayoría se guardan muy bien de observar este principio de la representación proporcional pura, sin recortes. En una primera mirada se debe dejar de lado a los países de tradición anglosajona (Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Australia, etc.) donde los parlamentarios son elegidos por circunscripción. Es el sistema mayoritario más explícito y de forma general favorece el bipartidismo.

En los países del continente europeo, la elección parlamentaria se rige por normas que aceptan en principio la representación proporcional, pero en todos los casos incluyen reglas que limitan la proporcionalidad con correcciones de tipo mayoritario. Una muy conocida es la exigencia de 5% del total de los votos válidos, para que un partido pueda entrar en el parlamento. Otra es la llamada regla d’Hont para el escrutinio y el reparto de los escaños, que favorece a los dos partidos mayores.

En toda Europa se trata, sin embargo, de sistemas parlamentarios de gobierno, con jefes de Estado que cumplen altas funciones representativas y de arbitraje institucional, pero no gobiernan. El poder político radica en el parlamento y en el gobierno que de él emerge. Lo mismo ocurre en los países anglosajones, con la excepción de Estados Unidos.

En Francia, como resultado de un proceso histórico único e intransferible, hace cerca de medio siglo que rige un sistema semi-presidencialista creado para proyectar a una figura individual desde la Presidencia de la República, en permanente tensión con un gobierno de extracción parlamentaria. Y según sea la coincidencia o la discrepancia de la mayoría de la Asamblea Nacional con el presidente, el sistema se comporta de una forma más netamente presidencialista o más netamente parlamentarista, en la llamada “cohabitación” del presidente con un primer ministro de la oposición.

En Uruguay, donde se sigue pagando tributo a la tradición republicana, y dentro de ella al histórico presidencialismo latinoamericano, en primer lugar existe el vicio de acumular en la Constitución una sucesión de pactos políticos coyunturales, a tal extremo que en el texto fundamental se detallan normas electorales que en todas las democracias modernas son materia de ley, aunque su aprobación requiera de mayorías especiales en el parlamento.

En el último de esos pactos, la reforma de 1996, junto a unas cuantas mejoras que contribuyeron a eliminar viejos vicios electorales y a hacer más efectivo y transparente el voto del ciudadano, los partidos que querían frenar el avance del Frente Amplio introdujeron el balotaje para la elección del presidente de la República. El artilugio falló. En 1999 hubo segunda vuelta y el candidato frenteamplista fue vencido por el colorado Jorge Batlle, pero en 2004 la máquina mató al inventor. El presidente Tabaré Vázquez obtuvo su elección en la primera vuelta, con mayoría absoluta de votos para su cargo y para los cargos legislativos de su partido. Y así está viviendo el país, en el reino de la mayoría absoluta.

Esto fue posible, no sólo porque el espíritu del “ballotage” (estrenado en la República Francesa con la misma intención e igual fracaso) se generalizó en el ánimo de los uruguayos a tal punto que la opinión se polarizó entre dos opciones ya en la primera vuelta, sino porque en este país existe desde antaño otro artilugio antidemocrático que es la “hoja única”, donde el ciudadano debe votar a la vez por el candidato a presidente y por los candidatos del mismo partido a los escaños parlamentarios. El uruguayo vota pero no elige, no tiene la libertad de elegir a un presidente de un partido y a unos legisladores de otro partido. Es el voto enlatado.

Esta sucesión de pactos constitucionalizados ha dado por resultado la situación actual, que los analistas de The Economist no alcanzan a apreciar. Entre el Frente Amplio y el Partido Nacional pueden decir que juntos representan al 86% del electorado. Por eso el asado Vázquez-Larrañaga de esta semana. Segundos afuera. Igual que el bilateralismo de Argentina y Brasil en el Mercosur.

En América Latina se ha aplicado el balotaje de una forma salvaje. En Francia se le creó y aplicó con la racionalidad de extenderlo a todos los cargos electivos, desde los nacionales hasta los más bajos niveles locales, de lo que resultó un sistema de representación proporcional severamente corregido por la norma mayoritaria que comporta la regla de mayoría absoluta con eventual segunda vuelta entre los dos más votados en la primera. Pero la imitación latinoamericana, y en particular la uruguaya, además de antidemocrática, es irracional.

El espíritu y la lógica del balotaje llevan a no votar “pro” algo, a no votar “por alguien” sino “contra” otro. La izquierda francesa vota a Chirac para cerrar el camino a Le Pen, los blancos votan a Batlle para cerrar el camino a Vázquez, los colorados votan a Larrañaga para intentar inútilmente que el mismo Vázquez se alce con la victoria. Sólo que lo convierten en un presidente todopoderoso, capaz de dar órdenes a una bancada parlamentaria mayoritaria y regimentada. Le han hecho ese regalo.

Ahora se multiplican los dirigentes frenteamplistas que sugieren, especulan, proponen, la reelección del presidente de la República. En Brasil acaba de verificarse el espectáculo de cuánto puede ensuciar una campaña electoral la participación, como candidato, del hombre que está gobernando. Cuánto desfigura la supuesta neutralidad de la competencia, en favor de aquel que detenta el poder. Los uruguayos conocieron eso en la funesta elección de 1971, y el Frente Amplio tiene clara memoria de su oposición a la reelección.

La no reelección del presidente de la República, a la par con la representación proporcional integral, forma parte de un patrimonio institucional que ha dado carácter a la democracia uruguaya. Una democracia que, bajo la turgencia del presidencialismo —fortalecido artificialmente por la irracionalidad del balotaje y la castración de la libertad del elector por la hoja única—, se ve de nuevo desafiada a defenderse de propuestas ajenas al mejor espíritu nacional.

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