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:: CUCHILLO DE PALO :: |
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Presidencialismo+balotaje+hoja única+reelección: una
mueca de democracia |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
“Democracia plena”
es el concepto en que una reciente investigación de la revista
británica The Economist incluyó a Uruguay, aunque cerrando
este grupo de privilegio en el último lugar, el 28º. De América
Latina, sólo Costa Rica se colocó más arriba, mientras
los primeros lugares están ocupados por países europeos,
con escandinavos y neerlandeses a la cabeza. “¡Muy bien!”,
se dijo. El personal uruguayo satisfecho. Craso error.
Si se adopta meramente la forma
de gobierno y las normas electorales como vara para medir el “democratismo”
de los países allí colocados como líderes —incluido
Uruguay en ese lugar 28º, comprometido con el descenso—, la
satisfacción oriental va a caer mucho. Y la europea merecerá
fuertes matices.
Este país tiene entre
sus reglas más asentadas y prestigiosas, desde aquel “período
excelente de nuestra historia” (palabras de Washington Reyes Abadie
para calificar a los años 20 del siglo pasado, dichas hace décadas
en el Paraninfo), el principio de la “representación proporcional
integral” en las cámaras legislativas. Forma parte del orgullo
nacional y parece intangible. Sin embargo, de forma muy sutil el sistema
político uruguayo se ha encargado de recortarlo por otras vías.
Los sistemas electorales del
mundo desarrollado, los de las “democracias plenas”, en su
gran mayoría se guardan muy bien de observar este principio de
la representación proporcional pura, sin recortes. En una primera
mirada se debe dejar de lado a los países de tradición anglosajona
(Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Australia, etc.) donde los parlamentarios
son elegidos por circunscripción. Es el sistema mayoritario más
explícito y de forma general favorece el bipartidismo.
En los países del continente
europeo, la elección parlamentaria se rige por normas que aceptan
en principio la representación proporcional, pero en todos los
casos incluyen reglas que limitan la proporcionalidad con correcciones
de tipo mayoritario. Una muy conocida es la exigencia de 5% del total
de los votos válidos, para que un partido pueda entrar en el parlamento.
Otra es la llamada regla d’Hont para el escrutinio y el reparto
de los escaños, que favorece a los dos partidos mayores.
En toda Europa se trata, sin
embargo, de sistemas parlamentarios de gobierno, con jefes de Estado que
cumplen altas funciones representativas y de arbitraje institucional,
pero no gobiernan. El poder político radica en el parlamento y
en el gobierno que de él emerge. Lo mismo ocurre en los países
anglosajones, con la excepción de Estados Unidos.
En Francia, como resultado
de un proceso histórico único e intransferible, hace cerca
de medio siglo que rige un sistema semi-presidencialista creado para proyectar
a una figura individual desde la Presidencia de la República, en
permanente tensión con un gobierno de extracción parlamentaria.
Y según sea la coincidencia o la discrepancia de la mayoría
de la Asamblea Nacional con el presidente, el sistema se comporta de una
forma más netamente presidencialista o más netamente parlamentarista,
en la llamada “cohabitación” del presidente con un
primer ministro de la oposición.
En Uruguay, donde se sigue
pagando tributo a la tradición republicana, y dentro de ella al
histórico presidencialismo latinoamericano, en primer lugar existe
el vicio de acumular en la Constitución una sucesión de
pactos políticos coyunturales, a tal extremo que en el texto fundamental
se detallan normas electorales que en todas las democracias modernas son
materia de ley, aunque su aprobación requiera de mayorías
especiales en el parlamento.
En el último de esos
pactos, la reforma de 1996, junto a unas cuantas mejoras que contribuyeron
a eliminar viejos vicios electorales y a hacer más efectivo y transparente
el voto del ciudadano, los partidos que querían frenar el avance
del Frente Amplio introdujeron el balotaje para la elección del
presidente de la República. El artilugio falló. En 1999
hubo segunda vuelta y el candidato frenteamplista fue vencido por el colorado
Jorge Batlle, pero en 2004 la máquina mató al inventor.
El presidente Tabaré Vázquez obtuvo su elección en
la primera vuelta, con mayoría absoluta de votos para su cargo
y para los cargos legislativos de su partido. Y así está
viviendo el país, en el reino de la mayoría absoluta.
Esto fue posible, no sólo
porque el espíritu del “ballotage” (estrenado en la
República Francesa con la misma intención e igual fracaso)
se generalizó en el ánimo de los uruguayos a tal punto que
la opinión se polarizó entre dos opciones ya en la primera
vuelta, sino porque en este país existe desde antaño otro
artilugio antidemocrático que es la “hoja única”,
donde el ciudadano debe votar a la vez por el candidato a presidente y
por los candidatos del mismo partido a los escaños parlamentarios.
El uruguayo vota pero no elige, no tiene la libertad de elegir a un presidente
de un partido y a unos legisladores de otro partido. Es el voto enlatado.
Esta sucesión de pactos
constitucionalizados ha dado por resultado la situación actual,
que los analistas de The Economist no alcanzan a apreciar. Entre el Frente
Amplio y el Partido Nacional pueden decir que juntos representan al 86%
del electorado. Por eso el asado Vázquez-Larrañaga de esta
semana. Segundos afuera. Igual que el bilateralismo de Argentina y Brasil
en el Mercosur.
En América Latina se
ha aplicado el balotaje de una forma salvaje. En Francia se le creó
y aplicó con la racionalidad de extenderlo a todos los cargos electivos,
desde los nacionales hasta los más bajos niveles locales, de lo
que resultó un sistema de representación proporcional severamente
corregido por la norma mayoritaria que comporta la regla de mayoría
absoluta con eventual segunda vuelta entre los dos más votados
en la primera. Pero la imitación latinoamericana, y en particular
la uruguaya, además de antidemocrática, es irracional.
El espíritu y la lógica
del balotaje llevan a no votar “pro” algo, a no votar “por
alguien” sino “contra” otro. La izquierda francesa vota
a Chirac para cerrar el camino a Le Pen, los blancos votan a Batlle para
cerrar el camino a Vázquez, los colorados votan a Larrañaga
para intentar inútilmente que el mismo Vázquez se alce con
la victoria. Sólo que lo convierten en un presidente todopoderoso,
capaz de dar órdenes a una bancada parlamentaria mayoritaria y
regimentada. Le han hecho ese regalo.
Ahora se multiplican los dirigentes
frenteamplistas que sugieren, especulan, proponen, la reelección
del presidente de la República. En Brasil acaba de verificarse
el espectáculo de cuánto puede ensuciar una campaña
electoral la participación, como candidato, del hombre que está
gobernando. Cuánto desfigura la supuesta neutralidad de la competencia,
en favor de aquel que detenta el poder. Los uruguayos conocieron eso en
la funesta elección de 1971, y el Frente Amplio tiene clara memoria
de su oposición a la reelección.
La no reelección del
presidente de la República, a la par con la representación
proporcional integral, forma parte de un patrimonio institucional que
ha dado carácter a la democracia uruguaya. Una democracia que,
bajo la turgencia del presidencialismo —fortalecido artificialmente
por la irracionalidad del balotaje y la castración de la libertad
del elector por la hoja única—, se ve de nuevo desafiada
a defenderse de propuestas ajenas al mejor espíritu nacional.
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