:: CUCHILLO DE PALO ::
Sanguinetti, entre la alucinación y la demagogia
Aureliano Rodríguez Larreta

El senador Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado y líder del sector Foro Batllista, acaba de sorprender con un discurso de final de año en el que dijo estar dispuesto a organizar una recolección de firmas para impulsar una enmienda constitucional que impida la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los jubilados y pensionistas. El gesto demuestra hasta qué punto el ostracismo del poder es capaz de hacer que hasta el más pintado “pierda los términos de referencia”.

Es probabe que un hombre solo, subido a una balsa en medio de la mar océana —como en los hechos reales que contó Gabriel García Márquez en 1955 en el diario “El Espectador” de Bogotá, y después en “Relato de un náufrago” (Barcelona, 1970)—, tras varios días y noches sin comer, beber ni dormir, caiga en alucinaciones que por momentos le sustraigan de la realidad sin desmentir su normal lucidez.

Algo parecido puede estar ocurriéndole al ex presidente de la República. Hace cosa de dos meses protagonizó la enigmática ocurrencia de reunirse en privado con el comandante en jefe del Ejército en compañía de su ex ministro de Defensa, Yamandú Fau, en episodio que le costó el cargo —por candidez— al jerarca militar de entonces. Y, ahora, al despedir el año, propone que su partido emprenda una reforma de la Constitución para defender un interés particular y corporativo, mediante una acción que correría todos los riesgos de ser inconstitucional.

En primer lugar, el senador Sanguinetti desea impulsar una enmienda constitucional para derogar parcialmente la ley de reforma tributaria. La enmienda impediría que los haberes de jubilados y pensionistas pudieran jamás ser objeto de una imposición directa, tal como lo será el IRPF que va a implantar el actual gobierno, y como lo ha sido por largos años el Impuesto a los Rendimientos Personales que —como ajuste fiscal— implantaron y corrigieron, pero mantuvieron, los gobiernos blanco (uno) y colorados (dos) que le precedieron. Un impuesto que también han pagado los sectores pasivos.

Para ir contra las leyes sancionadas por el Parlamento y promulgadas por el Ejecutivo, el pueblo tiene a su disposición el conocido instituto del referéndum, que ha sido repetidamente utilizado en las últimas décadas. El segundo parágrafo del artículo 79 de la Constitución establece que el 25 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar podrá interponer ese recurso contra cualquier ley dentro del plazo de un año desde su promulgación. También consagra, de igual forma, el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Pero enseguida introduce una limitación expresa, taxativa y explícita: “Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos”.

Sobre las razones que justifican esta limitación a los derechos del ciudadano en esta materia existe una antigua, profusa y unánime opinión en la doctrina y en el derecho comparado, y ellas se refieren a la necesidad de garantizar la estabilidad financiera y el buen gobierno del Estado en atención al interés general, que deben quedar a salvo de la prevalencia circunstancial de intereses particulares.

De todo esto sabe mucho y muy bien don Julio María, que a lo largo de su vida en el poder ha visto cómo se presenta la realidad de la administración de un país, en medio del choque de intereses. Y ha visto también los indebidos antecedentes de reforma que la acción de grupos de presión —notoriamente, el sector de pasivos— ha conseguido imponer al ya muy maltratado texto constitucional uruguayo. Es a esos intereses sectoriales que el secretario general de Partido Colorado ha lanzado ahora este anzuelo, para emprender una nueva gesta corporativa. Una finalidad y un procedimiento que él y su partido han combatido en el pasado.

Según ha trascendido, en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado hubo división de opiniones respecto de la idea lanzada por el secretario general. Así como Jorge Batlle preferiría un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, el líder del sector Batllismo Abierto, Ope Pasquet, habría expresado, precisamente, sus fundadas dudas respecto de la viabilidad constitucional del procedimiento propuesto, a la luz de la citada limitación que el artículo 79 (2) impone al recurso de referéndum, la cual se aplicaría por analogía a cualquier intento de reforma constitucional con igual propósito.

Ahora bien: ¿a qué sectores estaría defendiendo la acción que quisiera impulsar el senador Sanguinetti? ¿A los pasivos que quedarían exentos del IRPF? Obviamente, no. Voces autorizadas entienden que el 90 por ciento de los pasivos se beneficiarían con la reforma tributaria. Sería entonces ese 10 por ciento restante, el que tal vez pagaría algo más de lo que ha pagado hasta ahora, entre impuestos directos e impuestos al consumo.

Una pasividad no es diferente de un salario. Es un ingreso del trabajo y como tal concurre a determinar la renta de una persona. Al igual que los salarios, hay jubilaciones y pensiones que pueden ser, y de hecho lo son, realmente altas. En todo el mundo desarrollado, las pasividades están sujetas al impuesto a la renta bajo los mismos criterios que los salarios, con sus mínimos no imponibles, sus escalas y sus tasas progresivas o progresionales.

Desde sectores del Frente Amplio se ha acusado de demagógica la iniciativa del senador Sanguinetti. Parece que va a resultarle muy difícil quitarse el sayo.

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