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El informativo del mediodía de la cadena Globo de televisión brasileña, el jueves 18, daba cuenta de la llegada de los jefes de Estado del Mercosur y países asociados a Rio de Janeiro, y destacaba la ausencia del presidente de Perú, Alan García. Al mismo tiempo anunciaba la reunión informal —llamada “de reflexión”— que los mandatarios mantendrían esa tarde en el Copacabana Palace, previa a la cena que ofrecería el presidente Lula, anfitrión. Pero no mencionaba a Uruguay. Uruguay, pequeño gran ausente del jueves, no existe ni existirá ante los grandes medios de comunicación extranjeros, a menos que decida dar un patadón debajo de la mesa, lo que tampoco es su estilo. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, quiso responder con un gesto de medida renuencia a reiterados desaires bilaterales de Lula, a su ausencia en la Cumbre Iberoamericana, a la prescindencia de Brasil ante el conflicto con la Argentina y a conductas del propio mandatario argentino, Néstor Kirchner, en similares ocasiones. Tabaré Vázquez llegó a Rio el jueves tarde en la noche, directamente a dormir, para participar en la mañana del viernes en la reunión donde se aprueban los comunicados conjuntos, se traslada la presidencia pro témpore (de Brasil a Paraguay en este caso), se hace la foto de familia y se ofrece una conferencia de prensa. Desde el punto de vista formal el Presidente no faltó a la cita, y con seguridad su actitud renuente fue debidamente notada en medios diplomáticos, pero se privó él mismo —y privó a Uruguay— de participar en esa reunión de reflexión a puertas cerradas que era la ocasión pintada para “cantar la justa” entre sus pares. En la mañana del jueves, el ex presidente Luis Alberto Lacalle recordaba que el país pequeño jamás puede ni debe estar ausente de ninguno de los espacios donde tenga un asiento asegurado.
En realidad Uruguay no estuvo ni un momento ausente de sus responsabilidades en esta reunión cumbre del Mercosur, ya que allí donde de verdad se adoptan las resoluciones y las decisiones —el Grupo Mercado Común (coordinadores nacionales) y el Consejo del Mercado Común (ministros de Exteriores y de Economía)— estuvieron presentes los representantes de la Cancillería y en particular los ministros Reinaldo Gargano y Danilo Astori. Es en este aparato institucional donde se negocia y se aprueban los acuerdos que luego, con la participación de los jefes de Estado, se ratifican y se comunican a la opinión pública. En este punto cabe recordar un principio asentado desde los orígenes del Mercosur, en el Tratado de Asunción (1991), que se refiere a la construcción, bastante mal definida en el artículo 1, de lo que allí se entiende por “mercado común”, un objetivo hasta ahora no logrado. El artículo 2 expresa: “El Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes.” Es sabido que los países menores —Paraguay y Uruguay— no negociaron el Tratado de Asunción. Se subieron a un tren en marcha, preparado por Argentina y Brasil. Además del justo principio de igualdad jurídica entre los Estados, los países de economías pequeñas aceptaron la vigencia general del principio de reciprocidad de derechos y obligaciones. Con la salvedad ya cumplida de las excepciones oportunamente acordadas en el Programa de Liberación Comercial y en la formación del Arancel Externo Común a favor de Paraguay y Uruguay, este principio podría ser levantado ahora para cerrar el camino a cualquier medida que tendiera a contemplar los perjuicios que las “asimetrías” económicas y las trabas que entorpecen el libre acceso a los mercados están causando a estos países. Por eso es necesario relativizar siempre, y colocarla en su debido contexto político, la crítica que ahora suele hacer la oposición al proceso de adhesión de Venezuela al Mercosur. Si bien es cierto que por interés político se concedieron facilidades un tanto forzadas a este ingreso, postergándose algunos aspectos para etapas posteriores a la firma del protocolo de adhesión, no es verdad que no se haya negociado lo fundamental, y en particular aquello que va en favor de las economías menores. Quienes se tiraron al agua en 1991, sin mirar en qué tipo de sistema se estaban insertando al optar por la integración subregional —en una opción estratégica acertada pero no debidamente negociada y defendida—, no tienen ahora muchos títulos para atacar por ese lado la incorporación de Venezuela. Suenan mejor los argumentos políticos e ideológicos, que colocan la discusión en el plano que corresponde. También se debe tener presente que en el Mercosur las decisiones se toman “por consenso y con la presencia de todos los Estados Partes” (Asunción, art. 16, Ouro Preto, art. 37). Aquí nos encontramos ante un arma de doble filo. Por un lado, es posible vislumbrar una situación en que un país en estado de disconformidad y rebeldía —léase Uruguay hoy—, decida expresar su descontento no asistiendo a las reuniones del sistema en todos sus niveles, desde el Consejo hasta los grupos de trabajo. Y aun en el caso de asistir, vetando cualquier resolución. Por otro, también es posible que otro país interponga igual voto negativo a cualquier medida en la que Uruguay tenga interés. Esto último está ocurriendo actualmente. Hace pocos días, la Argentina se opuso a calificar determinada obra vial sometida por Uruguay para ser financiada por el Fondo Estructural, porque podría servir a las economías externas de Botnia. Y este jueves, en Rio de Janeiro, el mismo país negó su apoyo a la iniciativa brasileña para suprimir, por parte de Argentina y Brasil, el cobro del Arancel Externo Común a las exportaciones provenientes de Paraguay y Uruguay, de productos que contienen insumos importados de terceros países. Es el llamado “doble cobro” del arancel aduanero a un mismo bien. Esta medida se complementa con la propuesta brasileña de reformar el Régimen General de Origen de forma que la actual exigencia de un máximo de 50% de materiales importados de terceros países como insumos de productos manufacturados en Paraguay y Uruguay, sea elevada al 70% para que esos productos sean considerados originarios de estos países y puedan circular libremente por el mercado “común”. A esto también se ha opuesto la Argentina. La resistencia argentina se ha basado en argumentos que de forma más o menos directa parten de aquel principio de reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes, insertado en el Tratado de Asunción. En consecuencia, Brasil buscará aplicar esas concesiones de forma unilateral a Paraguay y Uruguay, lo cual va a crear una nueva anomalía en el funcionamiento del libre mercado y de la unión aduanera, que tantas deformaciones ya han sufrido en virtud de situaciones particulares, con la Argentina en primera fila, como las salvaguardias pactadas con Brasil en el Mecanismo de Adecuación Competitiva. Se haga como se haga, esto no resolverá lo principal, tal como lo señaló en Rio de Janeiro el ministro Danilo Astori. Lo principal a resolver seguirá siendo la vigencia de una auténtica libertad de acceso a los mercados, al mercado regional, que debiera ser común y que debiera ser el “mercado interno” de las economías menores.
¿En qué situación quedará Uruguay en el Mercosur tras esta cumbre de Rio? ¿Qué tipo de respuesta obtendrá el presidente Vázquez al pedido de “flexibilización” de las normas de la unión aduanera para negociar en forma individual acuerdos de libre comercio fuera de la subregión? ¿Qué grado de conformidad hallará en Paraguay y Uruguay el paquete de medidas compensatorias propuesto por Brasil? ¿Qué reacción expresarán los reunidos ante la reclamación uruguaya contra la Argentina por los cortes a la libre circulación? Con ánimo oriental
se podría soñar con una política de “sillón
vacío”, tal como hace décadas inauguró el entonces
presidente de Francia, Charles de Gaulle, en la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Pero Francia es Francia, y
el general De Gaulle era el general De Gaulle.
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