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:: CUCHILLO DE PALO :: |
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Venezuela y la cláusula democrática del Mercosur |
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Aureliano
Rodríguez Larreta |
Hechos a tener en cuenta:
1) Venezuela no es por el momento Estado Parte del Mercosur. 2) Solamente
podrá serlo después del depósito del quinto instrumento
de ratificación del Protocolo de Adhesión (Caracas, 04.07.2006).
3) Dicho Protocolo está pendiente de aprobación por los
parlamentos de Argentina, Brasil y Paraguay. 4) El Protocolo de Adhesión
no incluye, en la enumeración taxativa de los tratados del Mercosur
a los que adhiere la República Bolivariana de Venezuela (artículo
1), al Protocolo de Ushuaia (Ushuaia, 24.07.1998) que consagra el “compromiso
democrático” de los países miembros.
Quien esto escribe reconoce
—no sin asombro— que en sus lecturas previas del Protocolo
de Adhesión, que la Cámara de Representantes aprobó
apresuradamente el 02.11.2006 y el Poder Ejecutivo promulgó días
más tarde, nunca había advertido —tal vez por impensable—
la ausencia de la llamada “cláusula democrática”
entre los compromisos internacionales exigibles que forman parte de la
estructura jurídica del Mercosur y a los cuales Venezuela declara
adherir, a texto expreso, en el artículo 1 del citado instrumento
de adhesión.
En dicho artículo se
hace mención explícita del Tratado de Asunción (26.03.1991),
del Protocolo de Ouro Preto (Ouro Preto, 17.12.1994) y del Protocolo de
Olivos para la Solución de Controversias (Olivos, 18.02.2002),
que se incorporan en los Anexos I, II y III respectivamente, y en ese
punto termina la enumeración. En artículos siguientes se
hace referencia detallada a la incorporación por Venezuela de las
“normas Mercosur”, que de ninguna manera pueden confundirse
con la jerarquía del Protocolo de Ushuaia que es un tratado internacional
independiente.
Queda formulado el propósito
de consultar la discusión que tuvo lugar en el Senado, por ver
si esta exclusión taxativa fue advertida por algún senador
y si existió alguna interpretación jurídica —igualmente
impensable— por la cual se hiciera innecesario citar explícitamente
un tratado, allí donde se enumeran uno a uno todos los restantes
y se les incorpora en anexos al protocolo principal.
Mientras tanto, puede afirmarse
que la República Bolivariana de Venezuela, en la eventualidad de
entrar en vigencia su protocolo de adhesión al Mercosur y adquirir
el estatuto de Estado Parte, no se encontrará obligada a observar
el compromiso democrático que los cuatro miembros fundadores, más
Bolivia y Chile, firmaron en la ciudad argentina de Ushuaia en 1998. A
menos que Venezuela hubiera adherido anteriormente a dicho compromiso
—lo que hubiera requerido de otro protocolo similar—, cosa
que no está mencionada ni el Preámbulo del Protocolo de
Adhesión ni en el Mensaje del Poder Ejecutivo uruguayo a la Asamblea
General.
La cuestión se ha suscitado
de forma públicamente conocida esta misma semana, al aprobar el
Parlamento venezolano —de integración totalmente oficialista—
poderes excepcionales en favor del presidente Hugo Chávez, que
le facultan para legislar por decreto durante 18 meses.
El Protocolo de Ushuaia, en
sus compromisos más concretos, expresa lo siguiente:
ARTICULO 4
En caso de ruptura del orden
democrático en un estado parte del presente Protocolo, los demás
Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí
y con el Estado afectado.
ARTICULO 5
Cuando las consultas mencionadas
en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás
Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad
con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán
la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta
la gravedad de la situación existente.
Dichas medidas abarcarán
desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos
de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión
de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.
Queda formulada esta primaria advertencia, que escapa a toda otra consideración
de naturaleza económica y comercial acerca de la adhesión
de Venezuela al Mercosur. Antes de ratificar el Protocolo que Uruguay
se adelantó a aprobar, los parlamentos de la región harán
bien en asegurarse de que en la redacción de ese instrumento no
se haya deslizado un cangrejo bajo la piedra.
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