<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Nuevo reeleccionismo: Algo que Uruguay no precisa ni merece
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Nuevo reeleccionismo: Algo que Uruguay no precisa ni merece
Aureliano Rodríguez Larreta

Alguien tendrá que dar una señal de alarma. Tanto en el sistema político como en los medios de comunicación es posible percibir que —con poquísimas excepciones— prestamente se acepta una nueva “invitación al baile”, es decir, al viejo vicio de olvidarse ya del actual gobierno y disponerse a negociar un nuevo pacto para conchavarse mejor en las próximas elecciones. Sin que nadie lo reconozca, al son de un samba-enredo frenteamplista para reelegir al presidente Tabaré Vázquez se echan a andar rumores de vergonzosas y vergonzantes ofertas para cocinar un nuevo toma y daca electoral con los nacionalistas.

Entre esas pocas pero valiosas excepciones, alguien tendrá que encontrar la forma de librar de este nuevo ataque de mezquindad coyuntural a los responsables, irresponsables, de dirigir la política y de formar opinión.

Las instituciones del Uruguay y sus normas político-electorales —estas últimas, también viciosamente incrustadas en la Constitución a fin de cristalizar y blindar el más reciente pacto interpartidario— son resultado de una acumulación de visiones de corto plazo descarnadamente vinculadas a intereses sectoriales inmediatos y ambiciones personales aún más inmediatas, que a lo largo de casi un siglo se han sucedido sin que en ningún momento se haya hecho una parada de reflexión nacional para levantar la vista y mirar al horizonte de un nuevo mundo, de una nueva era cultural, científica y tecnológica, como ésta que ya plantea sus exigencias perentorias.

Al agotarse la “organización” mundial que imperaba en 1830, cuando nació la República —agotamiento marcado por la Primera Guerra Mundial (1914-18)— igualmente llegó a su fin la vigencia de aquella primera Constitución que habían concebido ciudadanos fundadores, auténticos representantes de su tiempo. En la Constituyente de 1918 el Uruguay hizo una parada secular —la única hecha hasta hoy— para levantar la mirada y entrar en el nuevo mundo con un texto constitucional moderno, al día con las más avanzadas concepciones de la época.

En los anales de aquella asamblea constituyente y en las muy ricas luchas políticas que se sucedieron durante el decenio que la precedió y que condujo a su convocatoria, se encuentra el registro de la altura y la larga visión con que los hombres de aquellos años enfocaron la necesidad de dar al país una constitución adaptada a los nuevos tiempos. Nunca más el Uruguay pudo reunir tanta ilustración en sus elencos dirigentes, lo que coincidió con una evolución económica interna y externa que vino a caracterizar un momento histórico de esplendor.

Desde el punto de vista institucional, lo que destaca en aquel momento es la preocupación por limitar el poder presidencial. Cierto es que, por la necesidad de pactar un sistema que fuera aceptable para todas las tendencias, se consagró en la Constitución de 1919 el enorme error de crear un Ejecutivo bicéfalo —un presidente con parte de las competencias de gobierno y un consejo de administración con las restantes— lo cual a la postre, y en años de crisis mundial, hizo posible, en 1933, el primer golpe de Estado perpetrado por un presidente constitucional en el siglo XX.

No obstante aquel fracaso, la preocupación por moderar los efectos del presidencialismo dejó estampado en las tradiciones de la democracia uruguaya el principio de “no reelección” del presidente de la República. En 1971, el pachequismo y otros sectores protagonizaron el único intento por quebrar esa tradición, como desembocadura de un proceso político autoritario que es mejor no recordar y que creó las condiciones para el segundo golpe de Estado del siglo, el que perpetró el presidente Bordaberry dando paso a la dictadura militar.

En las circunstancias actuales —otra vez a casi un siglo de distancia de aquella reflexión constitucional que protagonizaron los hombres de 1918—, y con similar propósito de poner al país en sintonía con el nuevo mundo en que le tocará vivir y desarrollarse, es necesario que alguien levante la mira y detenga el nuevo intento pactista de corto alcance que algunos parecen estar gestando.

Porque al Frente Amplio la reelección de Tabaré Vázquez le solucionaría el problema de elegir un sucesor, se dice que del entorno presidencial le plantearían al Partido Nacional una reforma electoral en la que se borrarían varios de los progresos clarificadores del voto que se obtuvieron en la reforma de 1996. No se trata ya del balotaje —cuya discusión y eventual eliminación es necesaria pero se encuadra en otros parámetros— sino de retroceder sobre las mejoras que aquella reforma consagró en beneficio de la verdad electoral, como el candidato único por partido y la prohibición de acumular por sublema para la Cámara de Diputados, entre otras. Habida cuenta de que un retroceso de este tipo podría interesarle a los nacionalistas para resolver problemas entre caudillos del interior.

El Directorio del Partido Nacional acaba de reaccionar de una manera principista, declarando que bajo ninguna hipótesis aceptará la reelección del presidente de la República. Desde luego, tendrá que absorber el ímpetu ascendente del intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, que se postula para disputar la Presidencia y es partidario de la reelección presidencial y de una larga vida para los intendentes. Por eso mismo, es aún más de agradecer la radical adhesión a los principios con que se ha pronunciado el Directorio.

El Uruguay no necesita ni se merece un nuevo reeleccionismo. Se merece y precisa sin más dilación, en cambio, una Convención Nacional Constituyente a cuya elección puedan llegar todos los partidos previa discusión pública de sus respectivas propuestas para revisar íntegramente el texto constitucional y pertrechar al país para insertarse en el mundo del siglo XXI con las normas más modernas de convivencia nacional e internacional.

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